Costa Rica pide a Nicaragua frenar cobro aduanero a transportistas
El cobro de 50 dólares a transportistas "por principio de reciprocidad" es una medida errónea: Juan Carlos Gómez, director general de Aduanas de Costa Rica.
Con el fin de no afectar a los transportistas del país, el gobierno de Costa Rica solicitó a Nicaragua suspender la circular en la que pide cobrar 50 dólares por servicio de importación temporal “por principio de reciprocidad”.
A través de un comunicado, el Ministerio de Comercio Exterior aclaró que la Dirección de General de Aduanas no está realizando un cobro similar por concepto de importación temporal de unidades de transporte de carga a los transportistas que pasan por la Aduana de Peñas Blancas.
Por lo que solicitó al Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua “derogar la circular mencionada y se respeten los instrumentos jurídicos de la integración económica centroamericana”.
“Si bien nuestro país establece como requisito un certificado de importación temporal para las unidades de transporte extranjera que deben circular en el territorio nacional, éste no tiene ningún costo, es un servicio totalmente gratuito”, aclaró Juan Carlos Gómez, director general de Aduanas.
Puedes leer: Aeropuerto de Costa Rica, premiado por ser el de mayor mejora en Latinoamérica y el Caribe
De acuerdo al funcionario, este servicio gratuito lo establece el Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que no existe ninguna reciprocidad en el cobro como, erróneamente, anota la circular emitida por el vecino país, señaló.
La solicitud es respaldada por el Reglamento de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el Protocolo al Tratado General de Integración Económica, entre otros instrumentos jurídicos, ninguno de los cuales establece el registro y cobro por una declaración de importación temporal de vehículos en tránsito internacional de mercancías.
Además, de acuerdo al comunicado, fue remitida a las autoridades nicaragüenses junto con una opinión jurídica que emitió la Secretaría Técnica de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en la que se ratifica lo indicado por Costa Rica.
