El Gobierno de Nicaragua se comprometió el miércoles a liberar en hasta 90 días a todas las personas que aún permanecen en cárceles tras las protestas de hace casi un año, como un gesto para retomar el diálogo con la oposición para acabar con la aguda crisis política que vive el país centroamericano.

La llamada “mesa de negociación” -que integran funcionarios y la oposición- dijo que el Gobierno de Nicaragua le comunicó su decisión de liberar a todos los “presos políticos” derivados de las protestas de abril del 2018, que era una demanda clave para reanudar el diálogo.

“La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de noventa días a todas las personas detenidas y presas”, dijo en un comunicado.

Desde finales de febrero, el Gobierno del presidente Daniel Ortega ha liberado a 150 presos bajo la modalidad de libertad condicional o “casa por cárcel”. La oposición calcula en 500 a las personas todavía encarceladas.

El diálogo, que se había reactivado a finales de febrero, se congeló después de que la policía no permitió una marcha opositora el sábado y detuviera a más de 100 personas que ese mismo día por la noche fueron liberadas.

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El martes, la oposición condicionó su permanencia en el diálogo a la liberación de todos los “presos políticos” tras las protestas, que han dejado más de 320 muertos y se suscitaron por una reforma a la seguridad social que disminuía las pensiones de los jubilados, pero que finalmente fue retirada.

La “mesa de negociación” también presentó su agenda para el diálogo, en la que incluyó el castigo para los culpables de las muertes de manifestantes, el tema más sensible después de la liberación de los encarcelados.

También incluyó una reforma electoral, a la que invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a sumarse, pero no dio más detalles de qué contemplaría esta iniciativa.

Las protestas en su contra de Ortega han golpeado la economía, algunos de sus funcionarios -incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.

 

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