Por incumplir una sentencia de amparo en un caso de despojo de terrenos en la zona donde se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, en el Estado de México, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue denunciando ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La demanda penal también fue extendida hacia Dulce Rodríguez Cervantes, directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural asi como a Edna Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario.
Según la querella, los tres funcionarios rechazaron regresar más de 90 hectáreas de terreno o pagar una indemnización a Raúl Romero Zenizo, quien se presentó como dueño del terreno.
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Se trata de dos polígonos: III, fracción B, con una superficie de 902 mil 081 metros cuadrados así como el polígono I, fracción E, con superficie de 12 mil 886 metros.
El 23 de julio de 2021, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, dictó una sentencia definitiva a favor de Romero Zenizo, misma que fue ratificada el 26 de mayo de 2022 por parte del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de revisión 326/2021.
El 15 de junio de 2022, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Sedatu a dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo al propietario y le dio un plazo de 10 días para cumplir dos cosas: la devolución de las tierras o el pago de una indemnización, no obstante,según el demandante, la dependencia no ha procedido en ninguna instancia.
“En este caso ya se conminó en tres ocasiones a que cumplan y no han cumplido, lo que conlleva a un delito de las autoridades. Es indiscutible que esto lo va a manejar el fiscal General de la República, esperemos que le de cabal cumplimiento al a la legalidad”, señaló el abogado Antonio López Mendoza.
Según explicó el abogado, el conflicto radica en que hay un decreto que convierte dichas tierras en propiedad nacional, sin que exista un proceso de expropiación como tal.
“Por esa razón, el juez de amparo advierte que legalmente bajo ese decreto, totalmente doloso y de mala fe, se llevaron a cabo el despojo de esas tierras a los titulares con escrituras públicas, entonces resolvió en definitiva, ya no hay forma de cómo revertir la sentencia de amparo y por lo tanto lo deben de cumplir”, advirtió López Mendoza.
Por su parte, Rafael Ayala, otro abogado del quejoso, dijo que un avalúo determinó en un millón 200 mil pesos el valor de esos terrenos.
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