El apoyo para la despenalización de las drogas en el país con la entrada del nuevo gobierno federal va en aumento, mientras el principal consumidor del opio mexicano, Estados Unidos, está en plena epidemia por sobredosis con fármacos derivados de esta planta.

Por medio de una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, 558 ciudadanos y 128 organizaciones civiles respaldaron la idea de despenalizar las drogas en México, planteada por integrantes del próximo gabinete.

“La elección del 1 de julio fue un contundente mandato a favor de la construcción de la paz y en contra de la guerra. En congruencia con ese mandato, figuras de su equipo de transición, como los senadores electos Olga Sánchez-Cordero y Alfonso Durazo, han anunciado su compromiso con un proceso de pacificación que incluye la justicia transicional, la desmilitarización de la seguridad pública y, como condición previa e indispensable, la regulación de las drogas. Los firmantes apoyamos este posicionamiento”, indicaron en la misiva.

La carta pide terminar con 12 años de “prohibicionismo” y dejar de preguntarse “si debemos o no regular las drogas” para pasar a la cuestión de “cómo hacerlo”.

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“A diferencia de hace doce años, México cuenta hoy con una población lista para construir otros caminos. Existe una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que estamos proponiendo políticas de drogas alternativas”, se apuntó.

Asimimo, se indica que si bien regular las drogas no es por sí sola una medida suficiente para acabar con la guerra en el país, es una medida necesaria para lograr la paz.

“La guerra contra las drogas fracasó. #TocaRegular #RegulaciónPorLaPaz”, concluye la misiva.

Entre los ciudadanos que dieron su apoyo están académicos, activistas, políticos, comunicadores y personajes destacados de la sociedad civil, entre ellos los analistas Denise Dresser, María Amparo Casar, José Antonio Crespo, Ernesto López Portillo y Ricardo Raphael; los perredistas Angélica de la Peña, Fernando Belaunzarán y Guadalupe Acosta Naranjo; así como los activistas Clara Jusidman, Claudio X, González, Eunice Rendón, Javier Sicilia, Layda Negrete y María Elena Morera.

Entre las organizaciones firmantes están grupos defensores de derechos humanos y de migrantes, de búsqueda de personas desaparecidas, impulsores del cannabis y entidades reconocidas como Fundar, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México Unido contra la Delincuencia, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Semáforo Delictivo.

Aunque no tomará posesión hasta el próximo 1 de diciembre, el gobierno que perfila López Obrador ha empezado a mostrar sus planes para combatir la violencia en el país, que alcanzó niveles récord en 2017.

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Los planes de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para pacificar el territorio se sustentan en tres ejes: amnistía para pequeños cultivadores o narcomenudistas; rebaja de penas para colaboradores con la justicia en caso de delitos graves y la despenalización de drogas.

Es esta última puede encender alarmas en la Casa Blanca, ya que la ministra de la Suprema Corte en retiro quiere un debate con la sociedad civil y expertos sobre la despenalización del cannabis para fines lúdicos y de la amapola para fines terapéuticos.

“Tengo la idea de caminar de la mano de Naciones Unidas. Pero en principio, la amapola se podría despenalizar para venderla a farmacéuticas bajo el control del Estado”, afirmó en una entrevista con el periodista José Cárdenas.

 

Epidemia en Estados Unidos

No hace ni un año desde que el presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia de salud pública nacional por una “epidemia” de consumo abusivo de opiáceos, la cual ha convertido en Estados Unidos en el mercado de heroína más grande de América.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidense (CDC, por sus siglas en inglés) estima que en 2016, seis de cada 10 muertes por sobredosis estuvieron relacionadas con el consumo de opioides. En promedio, se trata de 116 decesos al día por abuso de heroína, de fentanilo, un opioide sintético y fármacos de tipo analgésicos.

Estos dos últimos son los que se han convertido en objeto de preocupación internacional. Primero, porque medicamentos de receta controlada, como Percocet y OxyContin, estuvieron involucrados con el 40% de las muertes por sobredosis de esas substancias en 2016.

Segundo, por el rápido aumento en el consumo de fentanilo, un opiáceo que se produce en laboratorios y que suministran profesionales de la salud para tratar el dolor por cáncer avanzado, entre otros.

El CDC estima que 19,000 muertes en 2016 estuvieron causadas por opioides sintéticos, sin incluir la metadona. Esto representa un aumento de un 100% respecto de las que hubo en 2015.

En parte, esto se explica porque esta droga sintética es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, substancia también derivada del opio.

Estados Unidos sospecha que las muertes por sobredosis de opiáceos sintéticos derivan del fentanilo ilegal.

Datos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), apuntan a que organizaciones criminales de México y China trafican el fentanilo como materia prima o mezclado con otras drogas, como la heroína o la cocaína, en el mercado negro estadounidense.

“Sabemos poco del fentanilo, porque al ser sintético, es más difícil de rastrear en controles aeroportuarios y de escanear en las fronteras. Por tanto, no sabemos cuánto se produce en México”, afirmó Lisa Sánchez, directora general de la asociación México Unido Contra la Delincuencia.

La directora de esta organización, firmante de la carta en apoyo a la despenalización, mencionó esto porque se confiesa escéptica de los datos que facilitan los Estados Unidos sobre un mercado que, por ilegal, es opaco.

 

¿Cómo reaccionará EU a la política de seguridad de AMLO?

Teniendo en cuenta la situación de salud pública en el vecino norte, los firmantes de la carta en apoyo a la despenalización de las drogas en México alertan de que “desde el extranjero, habrá quienes nos exijan continuar la guerra a la vez que avanzan en sus propios procesos de regulación”.

En entrevista para Forbes México, Lisa Sánchez prevé el “enojo” de Estados Unidos ante una posible legalización del cultivo de la amapola por parte de su principal suministrador de heroína.

La razón estaría en el riesgo de que el opio producido legalmente en México para fines farmacéuticos terminase desviado al mercado ilegal de las drogas que de él se derivan en Estados Unidos.

Sin embargo, Alejandro Hope, analista de seguridad, opina que dado el volumen de amapola que se la permitiría producir, este riesgo sería limitado.

“Dadas las condiciones del mercado global, hay existencias para cubrir dos años de la demanda global actual de amapola para fines farmacéuticos”, afirma en entrevista para Forbes México.

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Esta semana, AMLO hizo pública la carta que le mandó al presidente Trump, durante la última visita de una comitiva de EU encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo.

En la misiva, López Obrador menciona “seguridad” como uno de los temas más urgentes a gestionar de forma coordinada con la Casa Blanca, sin añadir más detalles.

Por su parte, durante la visita de Estado de cinco horas, Pompeo reconoció que la demanda de drogas está principalmente de su lado de la frontera.

“Por esto, el presidente Trump está trabajando para prevenir la adicción y el flujo de drogas procedentes de afuera” afirmó en rueda de prensa.

Junto con el tema de la seguridad, López Obrador habló de migración, comercio y desarrollo en la carta como temas más urgentes que deberán gestionar ambos Estados a partir del 1 de diciembre.

Porque todo lo que cruza la frontera entre México y Estados Unidos se convierte en competencia de las administraciones de ambos lados. Sucede con las mercancías, con las personas y, también, con las drogas.

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