Dictamen para regular el outsourcing regresa a comisiones
El dictamen que se presentó en noviembre de 2019 propone implementar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo.
El dictamen para regular la subcontratación laboral, también llamada outsourcing, que se analiza en el Senado regresa a comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, con el objetivo de revisar las propuestas presentadas en la mesa de alto nivel integrada por líderes del sector privado, académicos y autoridades federales.
A través de un oficio, el senador Napoleón Gómez Urrutia detalló que es necesario que la propuesta defienda los derechos laborales de los trabajadores y regule la subcontratación.
Además rechazó que exista una división al interior del grupo parlamentario de Morena debido a las posturas respecto a cómo debe estar conformado dicho dictamen.
Gómez Urrutia señaló que existe un grupo de empresarios que “quieren sustituir el papel de los legisladores para defender cuantiosas ganancias a través de este esquema y de violaciones sistemáticas a las leyes”.
El dictamen que se presentó en noviembre de 2019 propone implementar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El documento advierte que la subcontratación lícita ocurre cuando una persona provee de trabajadores especializados en actividades que el contratante no lleva a cabo, en tanto se trata de actividades necesarias, pero no las esenciales de su giro.
La propuesta establece que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.
Además propone un programa temporal de inmunidad penal para que aquellos contratantes que incurrieron en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y del Fisco Federal resarzan el daño a cambio de beneficios penales.
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