La agencia calificadora Fitch Ratings considera que si pasa la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se verá presionada a partir de 2024, y será necesaria a participación de los privados para desarrollar nuevos proyectos de generación.

“Para respaldar una sólida producción de electricidad, la CFE tendría que adaptarse al desarrollo del proyecto a un ritmo suficiente para satisfacer la demanda del país”, indicó Fitch en un reporte donde se contempla el impacto negativo para los productores privados de energía.

Destaca que si la iniciativa de AMLO se convierte en Ley, esto tendrá como resultado acciones de calificación negativas para los proyectos de energía de los privados.

“Las reformas energéticas aprobadas en 1992 y 2013 se revertirían y se otorgaría el control total del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, agregó el informe.

Y en este sentido, es posible que haya aumento de tarifas para los usuarios finales o subsidios gubernamentales para cubrir los costos operativos incrementales de la CFE.

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Un punto importantes es que, la reforma eléctrica contempla la cancelación de todos los acuerdos privados de compra de energía (PPA), desencadenando un evento de incumplimiento y aceleraría la deuda del proyecto en la mayoría de los casos y no está claro si los pagos por terminación del contrato serían exigibles.

La iniciativa, también da pie a que la CFE pueda restringir el acceso a la red, limitar los permisos de nuevas empresas de generación privadas (GenCos) y limitar la inversión en nuevas líneas de transmisión para conectar GenCos privados.

“Esto probablemente desplazaría la energía solar privada y la generación de energía eficiente basada en gas”, advierte Fitch.

Agrega que es poco probable que los permisos de autoabastecimiento se renueven y que el mercado spot corre el riesgo de disolverse, poniendo fin a los ingresos comerciales y presionando aún más la posición financiera de GenCos.

Es posible que el flujo de caja no sea suficiente para satisfacer los rendimientos de inversión requeridos por los inversores en acciones. Si los proyectos terminan en bancarrota, el capital social desaparecerá y los prestamistas se apropiarán de los proyectos”, alerta la calificadora.

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