De cara a la entrada en vigor del T-MEC el próximo 1 de julio, el Poder Legislativo mexicano tiene pendientes reformas para armonizar el marco legal del país con los postulados del nuevo acuerdo, entre los cuales el que más preocupa a la Iniciativa Privada (IP) es la Ley de la Infraestructura de la Calidad, misma que podrá impulsar y proteger las exportaciones mexicanas.

El martes, durante una reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado con representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los líderes empresariales expusieron sus inquietudes respecto de la propuesta presentada por el morenista Ricardo Monreal en marzo pasado.

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En ella se encuentran oportunidades para mejorar las condiciones para las exportaciones de las empresas mexicanas, pues algunos elementos presentes en esta propuesta de Ley, aún pendiente de aprobación, podrían reducir los costos para los productores nacionales interesados en el comercio exterior.

Como ejemplo, Lilian Peregrina, directora de Consumer and Retail en la consultora SGS México, mencionó el establecimiento de acuerdos de reconocimiento mutuo, mismos que permitirán que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) sean consideradas válidas en otros países a la par que los estándares establecidos en esas naciones tengan validez en México.

“Si se llegan a firmar esos acuerdos de equivalencia, lo que va a pasar es que el exportador solo va a realizar la batería de pruebas en México y automáticamente va a tener el pase para poder exportar“, detalló.

En entrevista con Forbes México, comparó las inversiones que se realizan en artículos como vehículos, donde las pruebas de calidad para vehículos o electrónicos pueden costar desde 2 hasta 5 veces más en Estados Unidos que en México; costo que podría evitarse con estos acuerdos mutuos.

“Con el T-MEC, tanto el gobierno de EU como el canadiense están abiertos a revisar esta posibilidad”, indicó.

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En ese sentido, la IP acotó que el proyecto de Ley contiene medidas que si bien abren la puerta a los acuerdos de reconocimiento recíproco, no se limitan a los países con los que México tiene tratados o acuerdos y podrían perjudicar tanto a las exportaciones nacionales como al mercado local, por lo que urgieron a enmendarlo.

“El problema que visualizamos es que los textos del T-MEC no se reflejan en el proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, pues extiende varios beneficios a productos importados y organismos extranjeros fuera del marco de cooperación y facilitación del comercio del T-MEC y sin recibir nada a cambio de EU y Canadá así como a cualquier país sin que exista un tratado o acuerdo comercial”, indicó durante la reunión Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco CDMX.

Señaló que en el artículo 64 no se reconoce explícitamente que los organismos internacionales que certifiquen a los productos que puedan ingresar al país que sean evaluados como competentes y confiables o acreditados y aprobados. El artículo en cuestión también remite al reglamento de la Ley, mismo que podrá demorar hasta 2 años, lo que generaría un vacío legal que dejaría en desventaja a los productos mexicanos.

“Nosotros sí estamos obligados a certificar, probar o verificar nuestros productos sujetos a NOM con organismos acreditados y aprobados con el costo y el tiempo que esto implica. En el mismo artículo 64 se establecen alternativas a la forma de cumplimiento sin distinguir el país de procedencia. Con este texto la Ley otorga concesiones a países con los que ni siquiera hemos signado tratados comerciales“, lamentó Poplawsky, por lo que solicitó que se ajuste la propuesta de norma.

Otros pendientes

Entre los pendientes manifestados, destacan la implementación de sanciones, la cual fue considerada incongruente con el proceso de otras leyes administrativas del país, así como la posibilidad de que varias partes puedan crear estándares para un mismo producto.

Otra de las inquietudes manifestadas por la IP, en voz de Concamin, fue permitir que más de un sujeto interesado pueda hacer estándares para un mismo producto.

“A nivel global existe esta tendencia: un mismo producto, con la misma calidad para un solo mercado, no calidad para primer mundo o calidad diferente para mercados menos regulados”, afirmó Peregrina.

Resaltó que esta es una buena práctica en cuanto a normalización, pues así se garantiza que solo un organismo desarrolle el estándar del producto para un solo asunto y se escuche a las partes interesadas.

Durante el martes y miércoles se llevaron mesas de trabajo con la Comisión de Hacienda del Senado para completar la normatividad con estas observaciones.

 

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