En 2012, la agenda política de los Estados Unidos tomaba por primera vez, desde 1986, el proyecto de una Reforma Migratoria que había permanecido en el tintero por años y en el debate por décadas.

En aquel entonces, fue el presidente Ronald Reagan quien propuso una serie de enmiendas que imprimieron dinamismo al esquema de green cards y de commuters, esquemas de migración para trabajadores legales que comparten residencia entre Estados Unidos y nuestro país.

Este esquema de migración laboral, permitió a los Estados Unidos nutrir su procesos productivos de mano de obra muy accesible, y también muy vulnerable.

Mientras los gobiernos republicanos transitaron por el escenario político de Estados Unidos, la población migrante temporal comenzó un proceso de establecimiento formal.

PUBLICIDAD

La atención para la población migrante influyó importantemente en la conformación de un tejido social diverso, que poco a poco transformó la sociedad norteamericana. Volviéndola muy dinámica y heterogénea.

Y para mediados de los años 90, cuando ya había terminado la Guerra Fría, para Estados Unidos el tema de la Reforma Migratoria se volvió estructural, se volvió un tema de seguridad nacional.

Desde entonces, ha habido numerosos intentos por regular el flujo migratorio y el estatus migratorio de los extranjeros ya establecidos en el territorio de EU.

Así fue como en el año 2012, el entonces presidente Barack Obama, ponía como eje central de su proyecto de Reforma Migratoria el Dream Act (Development, Relief and Education for Alien Minors Act) que al llegar a la Cámara de Representantes enfrentó una de las pruebas más complicadas en el cabildeo político y lamentablemente no pasó la prueba. Al no ver aprobada su propuesta. Obama, creó mediante decreto el DACA (Defferred Actions for Childhood Arrivals), que representó indudablemente un hecho histórico. Un parteaguas en la política interior que a partir de ese momento buscó replantear el proyecto de nación, por uno más incluyente, más tolerante y más justo socialmente hablando. De hecho, era una gran aportación en materia de derechos humanos. Sin embargo, constitucionalmente constituía uno de los errores procedimentales más graves cometidos por Barack Obama contra el sistema republicano de los Estados Unidos.

De acuerdo con la Constitución Política estadounidense, es únicamente el Congreso quien está facultado para emitir la política migratoria y por lo tanto el único poder capaz de proponer un proyecto de reforma en esta materia. La emisión de un decreto para la creación de la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) no sólo constituye un abuso del poder ejecutivo sobre el legislativo, sino que pone de manifiesto el debate del siglo XXI al interior de los países del mundo, ¿qué es más importante los derechos humanos o el derecho del Estado?

Es inminente que el contexto económico y laboral que enfrenta EU desde 2008 ha empujado la Reforma Migratoria al centro del debate. Aunque la derogación de DACA es un golpe en seco a la confianza a los cientos de dreamers que aspiran a la Acción Diferida; es importante recordar la derogación propuesta por Trump es en realidad una corrección necesaria a un proceso que en el marco constitucional está lleno de vicios; y pone además de manifiesto el sentido de progresividad de los derechos humanos. Es decir, una vez que un derecho se ha ganado, no importa la vía por la cual este haya sido conquistado, ese derecho no puede ser suprimido en lo absoluto.

El destino de muchas generaciones está en juego. Ante la amenaza de deportaciones masivas y la imposición de impuestos abundantes para los migrantes, miles de familias viven diariamente la angustia de renunciar al sueño americano.

El debate de esta reforma debe incluir el tema de la ciudadanía global, los derechos universales como eje transversal para la generación de políticas públicas y la responsabilidad de los gobiernos para proteger y resguardar los temas humanitarios para toda la población dentro de sus fronteras.

Ante un panorama que pronostica la carente capacidad del gobierno norteamericano para alcanzar un proyecto viable de política migratoria en el corto plazo, el presidente Trump ha decidido iniciar la penalización de la migración indocumentada, contraria a aquella de la administración Obama que sometía a los migrantes a un proceso de deportación civil.

El respaldo a la penalización de la migración documentada ha separado a más de 2,300 menores de sus padres o tutores y se prevé que al menos reciba 7 billones de dólares del presupuesto para el mantenimiento de los centros de detención en los que están siendo retenidos los menores.

La frívola respuesta del gobierno norteamericano a las condenas internacionales por la sistematización de los procesos de separación familiar, ha sido el anuncio de su inminente retiro del Consejo Internacional de Derechos Humanos. Lo cual no sorprende, pero si alarma.

Hay claros momentos de la historia del siglo XX en los que el derecho del Estado se ha privilegiado sobre los derechos humanos y ninguno de esos momentos son deseables de repetir. Todos esos momentos están plagados de acciones inhumanas, faltas de ética y fueron perpetrados por regímenes intolerantes y con visiones supremacistas.

 

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @ArleneRU

Linkedin: Arlene Ramírez-Uresti

Google+: Arlene Ramírez

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

trump
Trump alista decreto para no separar a niños migrantes de sus padres
Por

Las medidas migratorias de Trump enfrentan el repudio local e internacional; han sido calificadas de 'inhumanas'.