En estos últimos años de la democracia mexicana, a partir de la alternancia en la Presidencia de la Republica, hemos observado como los procesos electorales se han visto secuestrados por aquellos intereses que fueron afectados precisamente por esa alternancia. Montada inicialmente en un Instituto Federal Electoral que tuvo una prometedora fundación civil a cargo de personajes sobresalientes de una certeza moral e intelectual que representaba ciertamente las inquietudes de una sociedad ávida de claridad, honestidad y certeza en los procesos electorales (José Woldenberg en la Presidencia del Consejo del IFE, 1996-2003; y aquella  primera representación ciudadana de líderes de opinión respetables como Miguel Ángel Granados Chapa o José Agustín Ortiz Pinchetti), la apertura política que ofrecía el desgaste del sistema institucional mexicano post-revolucionario ofreció un momento histórico en el que la oportunidad de un auténtico cambio de paradigma político apareció brevemente para ser desperdiciada en frivolidades y mezquindades que exhibieron como la enfermedad de la corrupción no era exclusiva de la familia revolucionaria.

En el año 2006 el agotamiento inmediato de la experiencia alternativa, sumado a la continuación aparente de la destrucción al interior del Partido Revolucionario Institucional, y al surgimiento de una figura controvertida que polarizó a la opinión pública, ayudada en mucho por la estrategia porril de comunicación de un candidato sin el menor carisma para la política que llevó a los electores a quedar atrapados en la disyuntiva de ‘votar por los partidos que dan asco por no votar por los partidos que dan miedo’, víctimas de agresividad de una nueva forma de campaña que destruía la mínima decencia y decoro que la actividad política exigiría en el comportamiento de sus representantes, vio nacer una serie de reacciones al interior de los partidos políticos y de las instituciones responsables de garantizar los procesos electorales encaminadas a perturbar el diseño que proporcionaba las posibles rutas para una auténtica actividad democrática, entendida como la competencia por el poder a partir de propuestas e ideas, su recepción, análisis y discusión, y el ejercicio libre y personal del voto sin interferencias corporativas o amenazas. Entre estas reacciones se permitió la perversión del proceso de selección de consejeros electorales al alejarlo del interés ciudadano para convertirse en un reparto de cuotas partidistas de representación en el IFE; se anularon los riesgos de propuestas eficientes de alternancia al quitarle a los partidos y candidatos el control de sus campañas mediáticas, con el consecuente incremento indirecto en su financiamiento al eliminar de las campañas electorales el gasto en radio y tv; se centralizó el presupuesto de todos los Institutos Electorales en el Instituto Nacional Electoral; se crearon políticas punitivas de interferencia en los medios de comunicación neutralizando la difusión informativa y noticiosa de las ideas y plataformas alternativas al establishment en contiendas electorales; finalmente, se monopolizó y centralizó el discurso democrático limitado al pensamiento inquisidor y déspota del INE.

En este contexto, la estrategia reaccionaria de la institucionalidad revolucionaria que aprovecho el deslumbramiento que el acceso al poder y la corrupción provocaron en los partidos de oposición, fue abrumadoramente exitosa devolviendo al poder fáctico, el grupo en ejercicio de gobierno, el control del ‘destino’ democrático.

Sin embargo, no solo el poder fáctico en el ejercicio de gobierno es el único responsable de la pérdida de credibilidad de nuestros procesos electorales. Para que exista la percepción creíble de un entorno de apertura democrática es necesaria la oposición que, en la reflexiva visión de Jesús Reyes Heroles padre, en su resistencia apoye la existencia del sistema político actual.

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En el proceso electoral 2006 la diferencia porcentual entre los votos por Calderón y los votos por López Obrador era menor al porcentaje de casillas que presentaban inconsistencias en sus resultados. La ley de Procesos Electorales, vigente entonces ofrecía la posibilidad de exigir un nuevo proceso electoral a través de los mecanismos legales que, obviamente, necesitaban la demostración jurídica de todas esas inconsistencias. Existían las inconsistencias, lo que faltaba nada mas era llevarlas al terreno del lenguaje y los procesos jurídicos pertinentes. La opción de repetir la elección fue real. En el cuarto de guerra de López Obrador se discutieron opciones que incluían la resistencia civil en centros simbólicos de poder, como la Cámara de Diputados, acompañada del inicio de los procesos jurídicos para impugnar la elección en su totalidad con una certeza confiable de lograrlo. En el cuarto de guerra de López Obrador nunca se discutió, ni propuso, la toma de Paseo de la Reforma.

En el proceso electoral 2012 el entonces candidato mejor posicionado para pelear la Presidencia en contra de Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, fue presionado por la estructura combativa de lo que se iba a convertir en Morena, al interior del PRD, a declinar en favor de, nuevamente, López Obrador, quien llevaría una campaña moderada sólo con el empuje necesario para que, en el cierre de campaña y en el límite de tiempo, llegara a los votos justos para ser una oposición desafiante.

En 2017 en el proceso electoral del Estado de México, a través de un discurso arrogante y sin posibilidad de dialogo, cerró las posibilidades de una alianza con el PRD que hubiera derrotado al PRI por más de 20 puntos. Nuevamente, López Obrador es el centro de la opinión especializada que influye en la opinión pública que satisface su curiosidad política con el espectáculo de la media convencional, confirmando, a través de la difusión constante de sus arengas y desplantes, su papel como el más ‘férreo’ opositor a la ‘mafia del poder’ a través de un discurso estridente que no permite, en el fondo, la reflexión sobria y seria de sus argumentos,

En el espejismo democrático que estamos viviendo en México, las estructuras de poder, tanto las fácticas que han logrado cooptar el ejercicio independiente de los procesos electorales monopolizando el poder social en los partidos políticos, como las que ejecutan estrategias que garantizan la existencia opositora, son responsables de que la evolución política esté detenida, junto con las posibilidades de un mejor porvenir para 120 millones de mexicanos.

 

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