Para el lector de este artículo no será nuevo haber leído sobre el Estado de Derecho. De unos años para acá se convirtió en un dicho bastante común en editoriales, comentarios, programas, entrevistas y otras manifestaciones públicas en medios impresos y electrónicos. Lo que llama la atención es que las referencias al término no han generado una verdadera transformación de los elementos, conductas y políticas públicas que lo podrían consolidar. Por el contrario, notamos un desgaste progresivo que nos lleva a pensar que una buena parte de la población ya perdió la expectativa de que contar con una comunidad, en la que prive la aplicación de ley, sea un objetivo deseable.

Lo que ahora se requiere es reenfatizar la importancia de esa estructura de pensamiento y el cómo debemos actuar para que, en algún momento, lleguemos a ver que esa situación se consolide y se vuelva una realidad palpable. No existe en el mundo una democracia funcional, un país donde la equidad y la justicia prevalezcan, ni una nación en la que haya igualdad de oportunidades y real movilidad social; sin que exista una noción, y real cultura de legalidad, que dé forma al respectivo Estado de Derecho. Por ello, es importante hablar del tema y entender dónde estamos parados para lograr esa meta para México.

Seamos claros entonces. Estamos muy lejos de lo que se requiere. Los números no mienten. Somos el segundo país, en materia de impunidad, lo cual denota que, en nuestro caso, los delitos que se cometen no se castigan por regla general. Ese nivel de hasta 99 %, tratándose se secuestros, y no muy diferente en otros delitos graves como homicidio, violación, extorsión o trata de personas. Y lo grave no son los números como tal, sino el hecho de que, en la vida diaria, los habitantes del país sentimos y sabemos que no estamos en un lugar seguro. En algunas zonas (que lamentablemente cada vez son más numerosas) la situación se ha vuelto insoportable, y las autoridades responsables y la clase política parece ya no impactarse sino más bien estar en comunión con esa extraordinaria fragilidad institucional. Cuando nos acostumbramos o pretenden que nos acostumbremos a dichas condiciones es que las señales son ominosas porque no hay voluntad real de cambio.

La pregunta entonces es: cómo podemos cambiar las cosas y aspirar a tener un mejor país. El objetivo debe ser erradicar las famosas íes: impunidad, injusticia, inequidad, inmovilidad e ilegalidad. Para lograrlo, debemos ser claros en que los procesos deben ser de fondo, de largo aliento, con planes transexenales, con métricas permanentes, y con participación ciudadana en todo momento. No es posible revertir tendencias y deterioros acumulados por años con decisiones unipersonales, cortoplacistas o sustentadas en decisiones viscerales sin estructura metodológica.

Pero, además, debemos entender que no hay forma de lograr la recomposición en el destino del país repitiendo los errores del pasado. Una parte fundamental tiene que ver con la forma de implementar la columna vertebral de la seguridad pública. En este caso, las decisiones recientes para incentivar la militarización como medida de resolver la crisis de inseguridad no son sino una apuesta fallida que pretende lograr resolver la extrema urgencia con más de lo mismo; es decir, que no ha funcionado al exacerbar la violencia y denostar la posibilidad de instituciones civiles fuertes, capaces y bien entrenadas. Y que no nos digan que no son militares cuando todo en ellas tiene ese adjetivo y no en el componente de cambio que tanto se ha estudiado, sugerido y requerido.

Otro tema fundamental es que, para que la procuración de justicia pierda su componente de instrumento político y parcialidad, es menester pasar por tener fiscalías autónomas e independientes. Solamente con organismos que no respondan a los designios o caprichos de la autoridad en turno, es factible que la impartición de justicia se concentre en la verdadera consecución de los objetivos de paz y seguridad, los cuales solamente se obtendrán cuando logremos abatir el ciclo de impunidad que hoy nos corroe.

La independencia de los poderes públicos también es un valor para preservar y consolidar. En este caso en particular, la autonomía de ministros, jueces y magistrados, son un aspecto que constituye la garantía esencial para que los ciudadanos podamos defendernos de arbitrariedades y excesos. Sin ese fiel de la balanza, los procesos judiciales no podrán lograr los resultados deseables y esperados.

Otro rubro que no podemos olvidar es el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al que tanto esfuerzo se dedicó para que, incluso, tuviera un rango constitucional, pero que se quedó a la mitad del camino por no contar con las designaciones de las personas vitales para su funcionamiento, en un acto de miseria política inconmensurable, y que hoy sigue siendo la constante en una omisión injustificable.

El recuento que estamos haciendo es fundamental en las circunstancias actuales ya que corresponde al nuevo gobierno definir su real postura y definición sobre si quiere o no llegar al encuentro de los cambios de fondo y forma, que nos permitan estar en la ruta correcta para tener un verdadero Estado de Derecho. Hasta ahora, las señales han sido confusas, en el mejor de los casos, y desesperanzadoras en la mayoría de los hechos. Pero no hay hasta ahora un daño irreversible. Sin embargo, de no tomar las decisiones correctas -que justamente preserven los temas fundamentales aquí señalados-, entonces sí podemos entrar en una espiral sin control en la que no solamente no hay mejores resultados, sino incluso, la debacle en lo que ya es una situación sumamente delicada.

Si Andrés Manuel quiere ser un buen presidente, como él mismo lo ha dicho y todos lo deseamos, es indispensable que retome la ruta de la no improvisación y de aplicar las mejores prácticas en todos estos temas de seguridad y justicia. Solamente así se podrá optar por una mejor condición y aspiración a llegar al destino tan importante para el bienestar de la población en general. Entonces, le pedimos, le exigimos que no militaricen la seguridad pública, que apoye a los designios de los colectivos #FiscaliaQueSirva y #SeguridadSinGuerra, que no comprometa la autonomía del Poder Judicial, que promueva las designaciones pendientes en el SNA, y que, en general, recapacite en lo que serán decisiones no sustentables en datos duros como la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Es tiempo para la reflexión y la obtención de los resultados deseados. Requerimos avanzar con paso firme en los temas de redefinición nacional. López Obrador, y Morena tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia. Ahora es el momento de ver si los hechos están por lograrse. Nada malo en que así sea. Preocupante si persisten en definiciones sin sentido propositivo y de real trascendencia. La estridencia política y baja calidad de decisiones sí pueden incidir en el presente y futuro del país, de ahí la importancia de la toma de decisiones en estos casos tan sensibles. La ciudadanía exige seriedad y compromiso con las mejores causas del país. Hechos son amores.

 

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