Éramos muchos y parió la abuela, reza el viejo adagio popular para hacer referencia a la suma adicional de problemas que surgen sin necesidad alguna, con el fin de complicar la existencia, en particular, cuando las condiciones son delicadas o en algunos casos, abiertamente de emergencia. Exactamente eso le está pasando a México. Me explico.

El 2017 fue uno de los peores años en incidencia delictiva, particularmente, en homicidios dolosos, valorados desde que contamos con un registro para este tipo de datos en el país. Lamentablemente, 2018 ya lo rebasó y, de acuerdo con el panorama actual, vemos que los problemas de inseguridad y violencia, están muy lejos de ser solucionados. Vamos por una ruta perdedora, sin rumbo, donde la calidad de vida se deteriora día con día. Las escenas cotidianas involucran robos con violencia incremental, cobros de derecho de piso, secuestros de todo rango social y duración, huachicoleo con gran impacto para la industria, trata de personas, homicidios, feminicidios, etcétera. Un panorama ciertamente desolador.

En este sentido, podríamos formular la siguiente pregunta: ¿qué están haciendo las autoridades para revertir esta tendencia que ya lleva años acumulándose? En los hechos, muy poco. Salvo gastar enormes cantidades de dinero en políticas públicas ineficientes y contraproducentes, en consecuencia, no hemos visto nada que sea realmente útil. Siendo un problema multifactorial, destaca la terquedad por impulsar la prohibición de drogas, una estrategia que ha fortalecido financieramente a muchas bandas delincuenciales, siendo la reacción de las autoridades detener a las cabezas de algunas organizaciones, solamente para ver cómo se fragmentan y pelean los lugartenientes con gran violencia los liderazgos y el dominio territorial. Las bandas delincuenciales así se han multiplicado por cientos, volviéndose mucho más complejo contrarrestarlas o debilitarlas. Un desastre en cuanto a eficiencias y resultados se refiere.

Así llegamos a esta complicada coyuntura con el cambio de gobierno, misma que genera una enorme expectativa con respecto a si realmente tenemos frente a nosotros una mejor instrumentación de políticas públicas, rentables y eficientes, en materia de seguridad y justicia. Lo anterior, debería pasar por eliminar la prohibición de drogas, un asunto que recientemente pareció adquirir cierto eco entre los nuevos funcionarios, gracias a ello, la reciente adopción del criterio jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas de mariguana se fortalece. Asimismo, la abrogación de la Ley de Seguridad Interior con el fin de suprimir la militarización de la seguridad pública. Con esto, impulsar la profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, a fin de tener organizaciones que operen con criterios de eficiencia, inteligencia, coordinación, prevención y suficiencia. De igual modo, promover la capacitación y medición de resultados de las procuradurías y fiscalías, optando en todos los casos por apoyar su independencia y autonomía para que no dependan o estén supeditadas al jefe del poder ejecutivo en turno en ningún nivel, particularmente, aquello relativo al Fiscal General de la República en su proceso de designación. Concretamente, en todos los casos, mantener un enfoque que privilegie la prevención del delito y el pleno respeto a los derechos humanos.

No obstante, lo claramente importante del diagnóstico es la necesidad de implementar políticas públicas que atiendan puntualmente las necesidades del país, aprovechando, para ello, el acervo acumulado de datos, conocimientos, estudios y dictámenes de múltiples organismos, universidades y centros de estudio. Entretanto, ha sido preocupante el fenómeno de improvisación, y de desperdicio de tiempo y recursos.

Aunque parecieran temas lejanos, cuando se trata de utilizar recursos públicos finitos, para lograr impactar favorablemente las métricas de seguridad y justicia, el deteriorar los criterios de eficiencia y lapidar fondos es una pésima señal. El caso más concreto lo constituye la decisión de cancelar el proyecto en curso del aeropuerto en Texcoco. Podríamos hablar por horas de todo lo equivocado que resulta desde un punto de vista técnico, operativo, aeronáutico, de tiempos, de seguridad, etc. Pero de momento me concentraría en el impacto económico, puesto que, si estamos de acuerdo en que el Estado debe utilizar discrecional y eficientemente sus recursos, esta decisión (de llegarse a materializar cuando ya sean autoridades), puede representar la debacle en cuanto a realizar un planteamiento serio que involucre los ajustes de fondo en materia de seguridad y justicia.  Nos explicamos.

Las tareas relevantes para lograr un cambio de fondo en la estrategia de seguridad y justicia requieren de cuantiosos recursos, (particularmente, aquellos destinados a equipamiento, reclutamiento y capacitación mismos que no estarán disponibles si plantea hacer un desembolso de más de 200 mil millones de pesos, solo tomando en cuenta los gastos por la cancelación del proyecto y algo de las actividades de reajuste de obras, además de un monto indeterminado que pareciera ser de un rango similar por nuevo desarrollo en sedes aeroportuarias adicionales. De acuerdo con esto, la gran pregunta sería: ¿cómo se les ocurre dilapidar esta cantidad de recursos para cumplir una promesa electoral efímera, cuando existen necesidades estratégicas primordiales del país en temas de seguridad y justicia?

La respuesta es que simple y sencillamente no existe necesidad alguna, más allá de la rentabilidad política de ser valientes para tomar una decisión radical. Sin embargo, cuando dicha decisión no tiene un sustento lógico, científico, operativo y presupuestal, viene a la mente la frustración de que, en lugar de tomar buenas decisiones, se dilapida el dinero y eso va en detrimento de los mejores intereses de la población. Y nada de que con una consulta efímera se pretenda sustentar la decisión cuando se sabe que ésta fue defectuosa, parcial e inducida, sin ninguna validez que le pueda ser reconocida.

Es por todo lo anterior, que no se entiende ni se puede interpretar favorablemente una decisión tan mala como la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Aún albergamos la esperanza de que se pueda revertir esta determinación, a favor de no utilizar erario oficial y dejar que sea la iniciativa privada la que lo concluya, provocando así, consistencia con la idea de que no se dediquen recursos públicos en dicho proyecto, y, por el contrario, se asignen a los proyectos precursores de seguridad. Es un tema de suma cero, lo que se ahorre en no cancelar una obra necesaria, puede significar la diferencia entre hacer un uso eficiente para lograr otras metas y no hacerlo

Por ello el título de este artículo, dirigido en observar cómo se corrige el rumbo de una decisión inadecuada, abonando a la confianza y priorización de los intereses de la población congregados en tener mejores esquemas de seguridad y justicia. Y si de seguridad hablamos, también promover el uso eficiente de la nueva terminal aeroportuaria de la capital y del país, una que permita garantizar transportación, conexiones, tarifas y expectativas de crecimiento para muchas décadas, y no un vendaje momentáneo. Actuemos con seriedad en cuanto a seguridad se refiere, tanto en el aire como en la tierra.

Es cierto que uno de los problemas es que exista cualquier esquema de corrupción o abuso en el proyecto del aeropuerto de Texcoco, este debe ser atacado de raíz, persiguiendo a cualquier persona que haya sacado provecho del mismo, pero que no se sacrifique el futuro del país. Hay formas de procesar a los responsables, expropiar terrenos, sacar a la luz pública los atropellos, etc., donde la necesidad estratégica de contar con una terminal aérea de vanguardia, eficiente y que impulse el desarrollo comercial, es brutal para llegar a las necesidades no del área, sino del país entero.

En temas ambientales hay que tomar en cuenta que en el aeropuerto de Texcoco existen importantes programas de amortiguamiento y mejoría de las funciones que se deben preservar en regulación de acuíferos, aunque el lago de Texcoco como tal ya no exista desde hace varias décadas. De cancelarse el proyecto, todas esas actividades pro-ambientales desaparecerán. Por el contrario, de no realizarse, la eliminación de lo ya construido, será equivalente a un derroche adicional de dinero. Igualmente, veremos cómo el impacto ambiental puede ser mucho mayor que con el aeropuerto en operación, pues ahí habría a quien exigir las acciones de amortiguamiento y mejoría ambiental, mismas que, en el supuesto de cancelación, no pasaría.

Veamos si se recapacita y no se fragua un error que bien puede marcar, desde su origen, el derrotero de una administración con decisiones erráticas y caprichosas. Tienen la oportunidad de lograr lo mejor de dos mundos. Aún es tiempo de lograr la capicúa en buenas decisiones administrativas. Que se ataquen los problemas que pueda haber en cuestiones presupuestales, de corrupción, ambientales, etcétera, pero que no se cancele. Como diría el sabio, sí se puede.

 

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