Los empresarios de Nuevo León influyen en la agenda del gobernador, y Jaime Rodríguez no será la excepción.  Tienen dos temas nuevos: evitar que se repita la mala experiencia que tuvieron con Rodrigo Medina y allanar  el camino a la reforma energética.

 

Jaime Rodrí­guez El Bronco barrió en las elecciones para go­bernar la segunda mayor economía del país. La “broncomanía”, un fenómeno que germinó fundamen­talmente en las redes sociales, do­bló al bipartismo (PRI y PAN) que históricamente había gobernado Nuevo León, con lo que despertó filias, fobias, pero sobre todo un alud de expectativas en torno de lo que podía esperarse de este excén­trico personaje.

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“Creo que el país merece tener un presidente independiente (para 2018)”, afirma en entrevista Jaime Rodríguez, quien tiene presente que en esta lluvia de expectativas hay una que lo perfila como un posible contendiente a la Presidencia de la República, si es que ofrece buenas cuentas durante su manda­to. “Hay condiciones, Nuevo León ya demostró que sí”.

Frente a ese panorama, los em­presarios del estado apuestan con dos cartas. Una, frente al gobier­no federal, que decide en materia de impuestos, políticas comer­ciales internacionales y grandes contratos a privados; y otra, frente al gobierno estatal, que se ocupa de la seguridad, la infraes­tructura y los servicios públicos locales.

De acuerdo con una serie de entrevistas realizadas con diversos empresarios de la región, en la mira del sector pri­vado están los grandes proyectos de inversión en la entidad, pero también los valiosos contratos que trascen­derán al actual sexenio de Enrique Peña Nieto, como son aquellos relacionados con el petróleo, la electricidad y el gas que el gobierno fede­ral liberará como parte de la reforma energética aprobada el año pasado.

El Bronco, entonces, es visto como el elemento para reconfigurar la relación entre la comunidad de nego­cios con el poder local, que se descompuso durante la actual gestión de Rodrigo Medina, pero también como el personaje que podría ascender políticamente y asumir una facultad mayor para la toma de decisiones en reformas de gran calado.

El cálculo de largo aliento ya es manifiesto.

José Antonio Fernández Car­bajal, CEO de Femsa, relanzó Oxxo Gas, una filial que ya opera más de 270 gasolineras en el país como parte de su plan de conformar una red nacional para cuando se liberalice el mercado de gasoli­na en 2017. Por su parte, Rogelio Zambrano Lozano, CEO de Cemex, propone colocar a esta producto­ra de cemento en un importante generador de electricidad una vez que se implemente la apertura del mercado eléctrico; eso, sin contar con un aumento de la demanda de cemento para la cimentación de pozos y de infraestructura para el transporte de petrolíferos.

Eugenio Garza Herrera, CEO de Xignus, hace planes para que tres de sus cuatro divisiones de nego­cio —que fabrican transformado­res, son líderes en la fabricación de cables y conductores eléctricos inteligentes y dan servicios de in­geniería, construcción y manteni­miento de instalaciones eléctricas y de infraestructura petrolera y gasífera— se beneficien de un au­mento de la demanda de insumos y servicios energéticos.

Alfa explota campos petroleros no convencionales en Texas y estu­vo a punto de hacerse con un socio de la propiedad completa de la pe­trolera Pacific Rubiales —pero un desacuerdo con el precio canceló la transacción el 8 de julio.

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¿Dónde está el G-10?

Las grandes empresas son par­ticipantes activas en la política local y tienen los organismos para hacerlo, casi siempre en forma de colaboración, aunque también ha habido fricciones.

Su última confrontación abier­ta con el gobierno federal ocurrió en el periodo de Luis Echeverría (en los años 70) y una de sus res­puestas fue la creación del Tec de Monterrey. Después se afianzó el neoliberalismo en el gobierno fe­deral y desapareció la generación de empresarios con ese liderazgo, pues los que les sucedieron ya no tienen un enemigo contra quién luchar, sino coincidencias con las autoridades, explica Fernando Turner, quien en 2012 se sumó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

En vista de esa coincidencia, florecieron los excesos de los gobernantes locales, agrega el empresario.

Uno de esos órganos mixtos es el Consejo de Planeación de Nuevo León, que tiene un ca­rácter consultivo y es presidido por el gobernador Medina, pero en el que también participa, por ejemplo, Carlos Salazar, director general de Femsa. Otro es el Con­sejo de Agua y Drenaje, en el que participan varias cámaras empre­sariales, como la de servicios y turismo, comercio, de propietarios de bienes raíces y de la indus­tria de la transformación. “Los empresarios también intervienen en la administración de museos y numerosas ONGs”, dice Turner, empresario del sector alimentos e integrante del equipo de transi­ción de El Bronco.

En el ámbito de la cultura, el caso más ilustrativo es el Mu­seo de Arte Contemporáneo de Monterrey (marco), en el que participan IP y gobierno. “Implica mucho esfuerzo tener este espa­cio, (por ejemplo) el gobernador actual prometió que no le redu­ciría los recursos al museo, pero durante la campaña los recortó”, dice Nina Zambrano, hermana del fallecido ceo de Cemex, Lorenzo Zambrano, y presidenta del con­sejo del museo.

Un hombre clave en esta colaboración entre gobier­no y empresas es Enrique Zambrano, ceo de Proeza, quien tiene un puesto en el Consejo de Nuevo León, pero también participa en el consejo de recons­trucción de Monterrey creado en 2008 a raíz de la destrucción causada por el huracán Alex; además, es consejero independiente en la Comisión Federal de Electricidad, que también vive una profunda transformación debido a la reforma energética.

En el Consejo de reconstruc­ción también participan Ian Amstrong, consejero de Cemex y sobrino de Lorenzo Zambrano, y la CEO de Softtek, Blanca Treviño. “Ciertamente se busca tener in­fluencia donde podamos tenerla”, dice Eugenio Clariond Reyes-Re­tana, ex CEO de Cydsa. “En el gabinete no, en los organismos del sector privado sí”.

El organismo élite es el llamado Grupo de los 10. No está formal­mente constituido, pero se trata de los hombres de negocios más influyentes de Monterrey, que se reúnen periódicamente para definir acciones a favor de sus intereses. Se­gún versiones de prensa, son parte de este grupo los ceos de Alfa, Femsa, Cemex y Xignux; así como Tomás González Sada (de Cydsa), Sergio Gutiérrez Muguerza (de Deacero), Eduardo Garza (de Frisa), Enrique Zambrano (de Proeza), Adrián Sada González (Vitro) y Julián Eguren (Ternium). “El número de integrantes es cambiante, no hacen declaraciones públicas, no tienen un presidente, es como un grupo de amigos”, señala Clariond, quien dice haber fundado el grupo y ser parte de éste hasta 2005. “Desde aquel entonces hasta hoy el grupo tiene reuniones directas y no agen­dadas con el gobernador”, afirma. “El objeto es ponerse de acuerdo en qué asuntos de carácter local, nacional o internacional traba­jar y cómo hacerlo, y qué cosas promover”.

A últimas fechas, el interés del Grupo de los 10 también se centra en aprovechar al máximo las oportunidades que traerá la reforma energética. Como gober­nador, El Bronco no tendrá en sus manos las decisiones de política energética, pero no podrá escapar a su influencia. “Este mes, una vez que el candidato electo vuelva de vacaciones, está programado un encuentro con empresarios de este grupo”, informa Fernando Elizondo, la mano derecha de Jaime Rodríguez.

 

Objetivo: la energía

“Nuevo León puede ser el ganador con la reforma energética, por arriba de Tamaulipas y de otros estados vecinos”, dice Alejandro Ibarra-Yúnez, profesor de Econo­mía y Políticas de la Escuela de Graduados del Tec de Monterrey, EGADE, y participante en la elabo­ración del Plan Sectorial, que con­siste en la instalación de un clúster energético. “Sólo Monterrey busca desarrollar todo un ecosistema de empresas y sectores alrededor de la energía”, asegura el catedrático.

El actual gobierno de Rodrigo Medina sostiene que Monterrey puede convertirse en la capital petrolera de México y recibir en los próximos años una oleada de empresas de servicios mexicanas y foráneas; desde firmas de consul­tores, operadoras de plantas de ge­neración eléctrica y de renovables, de mantenimiento de gasoductos y oleoductos y de inteligencia de mercados, hasta oficinas de petroleras que hacen exploración y explotación de shale gas.

El tema energético pesa mucho, hay grupos regios muy interesa­dos y un ambiente optimista de que las reformas llegarán hasta acá, dice Mauricio Cruz, director de Advanzer, una firma que ase­sora a empresas y gobiernos. El sector energético creará en Mon­terrey empleos de nivel medio y alto y la Cuenca de Burgos será estratégica para la exportación de petrolíferos y su envío al interior del país, complementa Alber­to de la Garza Evia, presidente ejecutivo de Internacional de Inversiones, empresa que lidera la construcción de edificios de ofici­nas corporativas y departamentos en Monterrey.

Pero, por ahora, la idea de Mon­terrey como el Houston mexicano es un castillo en el aire. La capital neoleonesa está a más de 1,500 kilómetros de Tabasco y Campe­che, la zona costera del Golfo de México más cercana a la mayoría de los yacimientos, tanto conti­nentales como marinos.

Por eficiencia logística y racio­nalidad de negocios, las capitales petroleras están cerca de los grandes campos petroleros, dice Carlos Linares, experto en energía de Baker & McKenzie. “Así es en el caso de Houston con respecto a los yacimientos estadounidenses, de Escocia con el Mar del Norte. Pero no es el caso de Monterrey”.

Monterrey está cerca de Cuenca de Burgos, la fuente de gas natural no asociado más im­portante del país, cuyo potencial aún está en estudio y abarca a 34 municipios del noreste, entre ellos 10 de Nuevo León. Pero explotar la cuenca a través del fracking es inviable con precios del barril de petróleo por debajo de los 60 dó­lares, además de que no se trata de los grandes proyectos petroleros, dice Linares. “El rol de Monterrey puede estar en la proveeduría, en las cadenas de valor de empresas especializadas”, añade.

 

Los primeros gestos

Una de las conexiones que existen entre los proyectos energéticos y los márgenes de operación del go­bierno local se llama Monterrey vi, una idea de Rodrigo Medina que consiste en un gran acue­ducto de 390 kilómetros que llevaría agua desde Veracruz a Monterrey. El agua es un in­sumo necesario y en abundancia para producir petróleo y gas, a través del método del fracking, en campos no convencionales localizados en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Sin embargo, Monterrey vi es cues­tionado por ciudadanos y por el Fondo del Agua de Monterrey como innecesario, costoso y fuente de corrupción.

Para justificar la obra, que tendría un costo superior a 13,640 millones de pesos (mdp) se inflaron los indicadores de demanda de agua de la ciudad y se eligió para la contratación la figura de Asocia­ción Público-Privada que le im­plicará al estado pagar, a partir de 2018, en plena campaña presiden­cial, 150 mdp mensuales a Grupo Higa, a Humberto Medina Ainslie (papá del gobernador) y a sus so­cios, acusa Clariond, integrante del Fondo del Agua.

“(El proyecto Monterrey vi) lo vamos a parar y lo vamos a revisar plenamente”, advierte Jaime Ro­dríguez, quien nombrará a un fiscal anticorrupción para investigar los casos que se atribuyen al goberna­dor Medina, lo que incluye la sos­pecha de desvío de dinero público para la compra con prestanombres de casas en Estados Unidos. “Lo andamos buscando (al fiscal), nadie quiere entrarle”, dice El Bronco.

Los empresarios regiomontanos no parecen dispuestos a permitir que la historia de Rodrigo Medina se repita con Jaime Rodríguez. Y ya se preparan para evitarlo.

La Cámara de Industria de Nue­vo León tiene que jugar un papel importante, lo mismo que la Copar­mex local, dice Eugenio Clariond. “Ellos (los representantes empresa­riales) tendrán que opinar y sugerir cambios; quizá, reestructurar a este Consejo de Nuevo León”, agrega el empresario. “La iniciativa privada no gobernará, pero demandará un vínculo más fuerte con las autori­dades”, ataja Mauricio Cruz.

Por lo pronto, Jaime Rodrí­guez ofrece dejar la Secretaría de Desarrollo Económico en manos de un empresario y promete que no habrá constructores favoritos, costos inflados, presupuestos a precio alzado; se harán, dice, sólo las obras necesarias y no las que se le ocurran al gobernante.

En el plano nacional, la re­forma energética y todo lo que puede detonar a su alrededor no está a salvo de cambios políticos. Mientras los grandes contratos que más interesan a las compa­ñías dentro y fuera del país no se asignen y arranquen, la posibili­dad de descarrilarlos es alta. “La reforma energética está reforzada por tratados internacionales, como el TLCAN o el de Protección de In­versiones, pero aun así hay mucho que se puede hacer para desalentar a los inversio­nistas”, sostiene Carlos Ramos, experto legal en energía del despacho Ho­gan Lovells. “El gobierno federal tiene la facultad para cambiar la política energética y, por ejemplo, dejar de licitar contratos de la llamada Ronda Uno, dado que no tiene obliga­ción legal de hacerlo”.

El Bronco tendrá en­cima la mirada de los empresarios y demás sectores que respaldan la reforma energética. Un persona­je que será clave para ganar su confianza es Fernando Elizondo, quien declinó a su propia candi­datura y se unió a la campaña de Rodríguez Calderón. “El gobier­no de Jaime Rodríguez tiene un gran as bajo la manga, Fernando Elizondo, un hombre valioso en muchos frentes”, dice Clariond. “Está muy bien integrado con la sociedad, conoce muy bien a los integrantes del Grupo de los 10 (y) es una gran oportunidad de que Nuevo León renazca”.

Elizondo fue por un breve periodo gobernador de Nuevo León y senador de la República, pero también secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox. “He estado en foros en los que Fernando Elizondo ha sido ponente y lo que dice es que quiere promover los negocios de energía”, agrega Cruz.

Una de las iniciativas que promoverá Rodríguez, además de la revocación de mandato, el plebiscito y la elimi­nación del fuero de los legislado­res, será la creación de la Coor­dinación Ejecutiva del Gobierno, que ocupará Elizondo. “El estado debe ser amigable con la inver­sión y eso significa no estorbar y ayudar en todo lo que pueda”, dice Fernando Elizondo.

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Foto: Gretta Hernández.

 

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