Foto: Gretta Hernández.
El nuevo plan de gobierno para Nuevo León
Los empresarios de Nuevo León influyen en la agenda del gobernador, y Jaime Rodríguez no será la excepción. Tienen dos temas nuevos: evitar que se repita la mala experiencia que tuvieron con Rodrigo Medina y allanar el camino a la reforma energética.
Jaime Rodríguez El Bronco barrió en las elecciones para gobernar la segunda mayor economía del país. La “broncomanía”, un fenómeno que germinó fundamentalmente en las redes sociales, dobló al bipartismo (PRI y PAN) que históricamente había gobernado Nuevo León, con lo que despertó filias, fobias, pero sobre todo un alud de expectativas en torno de lo que podía esperarse de este excéntrico personaje.
“Creo que el país merece tener un presidente independiente (para 2018)”, afirma en entrevista Jaime Rodríguez, quien tiene presente que en esta lluvia de expectativas hay una que lo perfila como un posible contendiente a la Presidencia de la República, si es que ofrece buenas cuentas durante su mandato. “Hay condiciones, Nuevo León ya demostró que sí”.
Frente a ese panorama, los empresarios del estado apuestan con dos cartas. Una, frente al gobierno federal, que decide en materia de impuestos, políticas comerciales internacionales y grandes contratos a privados; y otra, frente al gobierno estatal, que se ocupa de la seguridad, la infraestructura y los servicios públicos locales.
De acuerdo con una serie de entrevistas realizadas con diversos empresarios de la región, en la mira del sector privado están los grandes proyectos de inversión en la entidad, pero también los valiosos contratos que trascenderán al actual sexenio de Enrique Peña Nieto, como son aquellos relacionados con el petróleo, la electricidad y el gas que el gobierno federal liberará como parte de la reforma energética aprobada el año pasado.
El Bronco, entonces, es visto como el elemento para reconfigurar la relación entre la comunidad de negocios con el poder local, que se descompuso durante la actual gestión de Rodrigo Medina, pero también como el personaje que podría ascender políticamente y asumir una facultad mayor para la toma de decisiones en reformas de gran calado.
El cálculo de largo aliento ya es manifiesto.
José Antonio Fernández Carbajal, CEO de Femsa, relanzó Oxxo Gas, una filial que ya opera más de 270 gasolineras en el país como parte de su plan de conformar una red nacional para cuando se liberalice el mercado de gasolina en 2017. Por su parte, Rogelio Zambrano Lozano, CEO de Cemex, propone colocar a esta productora de cemento en un importante generador de electricidad una vez que se implemente la apertura del mercado eléctrico; eso, sin contar con un aumento de la demanda de cemento para la cimentación de pozos y de infraestructura para el transporte de petrolíferos.
Eugenio Garza Herrera, CEO de Xignus, hace planes para que tres de sus cuatro divisiones de negocio —que fabrican transformadores, son líderes en la fabricación de cables y conductores eléctricos inteligentes y dan servicios de ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas y de infraestructura petrolera y gasífera— se beneficien de un aumento de la demanda de insumos y servicios energéticos.
Alfa explota campos petroleros no convencionales en Texas y estuvo a punto de hacerse con un socio de la propiedad completa de la petrolera Pacific Rubiales —pero un desacuerdo con el precio canceló la transacción el 8 de julio.
¿Dónde está el G-10?
Las grandes empresas son participantes activas en la política local y tienen los organismos para hacerlo, casi siempre en forma de colaboración, aunque también ha habido fricciones.
Su última confrontación abierta con el gobierno federal ocurrió en el periodo de Luis Echeverría (en los años 70) y una de sus respuestas fue la creación del Tec de Monterrey. Después se afianzó el neoliberalismo en el gobierno federal y desapareció la generación de empresarios con ese liderazgo, pues los que les sucedieron ya no tienen un enemigo contra quién luchar, sino coincidencias con las autoridades, explica Fernando Turner, quien en 2012 se sumó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.
En vista de esa coincidencia, florecieron los excesos de los gobernantes locales, agrega el empresario.
Uno de esos órganos mixtos es el Consejo de Planeación de Nuevo León, que tiene un carácter consultivo y es presidido por el gobernador Medina, pero en el que también participa, por ejemplo, Carlos Salazar, director general de Femsa. Otro es el Consejo de Agua y Drenaje, en el que participan varias cámaras empresariales, como la de servicios y turismo, comercio, de propietarios de bienes raíces y de la industria de la transformación. “Los empresarios también intervienen en la administración de museos y numerosas ONGs”, dice Turner, empresario del sector alimentos e integrante del equipo de transición de El Bronco.
En el ámbito de la cultura, el caso más ilustrativo es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (marco), en el que participan IP y gobierno. “Implica mucho esfuerzo tener este espacio, (por ejemplo) el gobernador actual prometió que no le reduciría los recursos al museo, pero durante la campaña los recortó”, dice Nina Zambrano, hermana del fallecido ceo de Cemex, Lorenzo Zambrano, y presidenta del consejo del museo.
Un hombre clave en esta colaboración entre gobierno y empresas es Enrique Zambrano, ceo de Proeza, quien tiene un puesto en el Consejo de Nuevo León, pero también participa en el consejo de reconstrucción de Monterrey creado en 2008 a raíz de la destrucción causada por el huracán Alex; además, es consejero independiente en la Comisión Federal de Electricidad, que también vive una profunda transformación debido a la reforma energética.
En el Consejo de reconstrucción también participan Ian Amstrong, consejero de Cemex y sobrino de Lorenzo Zambrano, y la CEO de Softtek, Blanca Treviño. “Ciertamente se busca tener influencia donde podamos tenerla”, dice Eugenio Clariond Reyes-Retana, ex CEO de Cydsa. “En el gabinete no, en los organismos del sector privado sí”.
El organismo élite es el llamado Grupo de los 10. No está formalmente constituido, pero se trata de los hombres de negocios más influyentes de Monterrey, que se reúnen periódicamente para definir acciones a favor de sus intereses. Según versiones de prensa, son parte de este grupo los ceos de Alfa, Femsa, Cemex y Xignux; así como Tomás González Sada (de Cydsa), Sergio Gutiérrez Muguerza (de Deacero), Eduardo Garza (de Frisa), Enrique Zambrano (de Proeza), Adrián Sada González (Vitro) y Julián Eguren (Ternium). “El número de integrantes es cambiante, no hacen declaraciones públicas, no tienen un presidente, es como un grupo de amigos”, señala Clariond, quien dice haber fundado el grupo y ser parte de éste hasta 2005. “Desde aquel entonces hasta hoy el grupo tiene reuniones directas y no agendadas con el gobernador”, afirma. “El objeto es ponerse de acuerdo en qué asuntos de carácter local, nacional o internacional trabajar y cómo hacerlo, y qué cosas promover”.
A últimas fechas, el interés del Grupo de los 10 también se centra en aprovechar al máximo las oportunidades que traerá la reforma energética. Como gobernador, El Bronco no tendrá en sus manos las decisiones de política energética, pero no podrá escapar a su influencia. “Este mes, una vez que el candidato electo vuelva de vacaciones, está programado un encuentro con empresarios de este grupo”, informa Fernando Elizondo, la mano derecha de Jaime Rodríguez.
Objetivo: la energía
“Nuevo León puede ser el ganador con la reforma energética, por arriba de Tamaulipas y de otros estados vecinos”, dice Alejandro Ibarra-Yúnez, profesor de Economía y Políticas de la Escuela de Graduados del Tec de Monterrey, EGADE, y participante en la elaboración del Plan Sectorial, que consiste en la instalación de un clúster energético. “Sólo Monterrey busca desarrollar todo un ecosistema de empresas y sectores alrededor de la energía”, asegura el catedrático.
El actual gobierno de Rodrigo Medina sostiene que Monterrey puede convertirse en la capital petrolera de México y recibir en los próximos años una oleada de empresas de servicios mexicanas y foráneas; desde firmas de consultores, operadoras de plantas de generación eléctrica y de renovables, de mantenimiento de gasoductos y oleoductos y de inteligencia de mercados, hasta oficinas de petroleras que hacen exploración y explotación de shale gas.
El tema energético pesa mucho, hay grupos regios muy interesados y un ambiente optimista de que las reformas llegarán hasta acá, dice Mauricio Cruz, director de Advanzer, una firma que asesora a empresas y gobiernos. El sector energético creará en Monterrey empleos de nivel medio y alto y la Cuenca de Burgos será estratégica para la exportación de petrolíferos y su envío al interior del país, complementa Alberto de la Garza Evia, presidente ejecutivo de Internacional de Inversiones, empresa que lidera la construcción de edificios de oficinas corporativas y departamentos en Monterrey.
Pero, por ahora, la idea de Monterrey como el Houston mexicano es un castillo en el aire. La capital neoleonesa está a más de 1,500 kilómetros de Tabasco y Campeche, la zona costera del Golfo de México más cercana a la mayoría de los yacimientos, tanto continentales como marinos.
Por eficiencia logística y racionalidad de negocios, las capitales petroleras están cerca de los grandes campos petroleros, dice Carlos Linares, experto en energía de Baker & McKenzie. “Así es en el caso de Houston con respecto a los yacimientos estadounidenses, de Escocia con el Mar del Norte. Pero no es el caso de Monterrey”.
Monterrey está cerca de Cuenca de Burgos, la fuente de gas natural no asociado más importante del país, cuyo potencial aún está en estudio y abarca a 34 municipios del noreste, entre ellos 10 de Nuevo León. Pero explotar la cuenca a través del fracking es inviable con precios del barril de petróleo por debajo de los 60 dólares, además de que no se trata de los grandes proyectos petroleros, dice Linares. “El rol de Monterrey puede estar en la proveeduría, en las cadenas de valor de empresas especializadas”, añade.
Los primeros gestos
Una de las conexiones que existen entre los proyectos energéticos y los márgenes de operación del gobierno local se llama Monterrey vi, una idea de Rodrigo Medina que consiste en un gran acueducto de 390 kilómetros que llevaría agua desde Veracruz a Monterrey. El agua es un insumo necesario y en abundancia para producir petróleo y gas, a través del método del fracking, en campos no convencionales localizados en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Sin embargo, Monterrey vi es cuestionado por ciudadanos y por el Fondo del Agua de Monterrey como innecesario, costoso y fuente de corrupción.
Para justificar la obra, que tendría un costo superior a 13,640 millones de pesos (mdp) se inflaron los indicadores de demanda de agua de la ciudad y se eligió para la contratación la figura de Asociación Público-Privada que le implicará al estado pagar, a partir de 2018, en plena campaña presidencial, 150 mdp mensuales a Grupo Higa, a Humberto Medina Ainslie (papá del gobernador) y a sus socios, acusa Clariond, integrante del Fondo del Agua.
“(El proyecto Monterrey vi) lo vamos a parar y lo vamos a revisar plenamente”, advierte Jaime Rodríguez, quien nombrará a un fiscal anticorrupción para investigar los casos que se atribuyen al gobernador Medina, lo que incluye la sospecha de desvío de dinero público para la compra con prestanombres de casas en Estados Unidos. “Lo andamos buscando (al fiscal), nadie quiere entrarle”, dice El Bronco.
Los empresarios regiomontanos no parecen dispuestos a permitir que la historia de Rodrigo Medina se repita con Jaime Rodríguez. Y ya se preparan para evitarlo.
La Cámara de Industria de Nuevo León tiene que jugar un papel importante, lo mismo que la Coparmex local, dice Eugenio Clariond. “Ellos (los representantes empresariales) tendrán que opinar y sugerir cambios; quizá, reestructurar a este Consejo de Nuevo León”, agrega el empresario. “La iniciativa privada no gobernará, pero demandará un vínculo más fuerte con las autoridades”, ataja Mauricio Cruz.
Por lo pronto, Jaime Rodríguez ofrece dejar la Secretaría de Desarrollo Económico en manos de un empresario y promete que no habrá constructores favoritos, costos inflados, presupuestos a precio alzado; se harán, dice, sólo las obras necesarias y no las que se le ocurran al gobernante.
En el plano nacional, la reforma energética y todo lo que puede detonar a su alrededor no está a salvo de cambios políticos. Mientras los grandes contratos que más interesan a las compañías dentro y fuera del país no se asignen y arranquen, la posibilidad de descarrilarlos es alta. “La reforma energética está reforzada por tratados internacionales, como el TLCAN o el de Protección de Inversiones, pero aun así hay mucho que se puede hacer para desalentar a los inversionistas”, sostiene Carlos Ramos, experto legal en energía del despacho Hogan Lovells. “El gobierno federal tiene la facultad para cambiar la política energética y, por ejemplo, dejar de licitar contratos de la llamada Ronda Uno, dado que no tiene obligación legal de hacerlo”.
El Bronco tendrá encima la mirada de los empresarios y demás sectores que respaldan la reforma energética. Un personaje que será clave para ganar su confianza es Fernando Elizondo, quien declinó a su propia candidatura y se unió a la campaña de Rodríguez Calderón. “El gobierno de Jaime Rodríguez tiene un gran as bajo la manga, Fernando Elizondo, un hombre valioso en muchos frentes”, dice Clariond. “Está muy bien integrado con la sociedad, conoce muy bien a los integrantes del Grupo de los 10 (y) es una gran oportunidad de que Nuevo León renazca”.
Elizondo fue por un breve periodo gobernador de Nuevo León y senador de la República, pero también secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox. “He estado en foros en los que Fernando Elizondo ha sido ponente y lo que dice es que quiere promover los negocios de energía”, agrega Cruz.
Una de las iniciativas que promoverá Rodríguez, además de la revocación de mandato, el plebiscito y la eliminación del fuero de los legisladores, será la creación de la Coordinación Ejecutiva del Gobierno, que ocupará Elizondo. “El estado debe ser amigable con la inversión y eso significa no estorbar y ayudar en todo lo que pueda”, dice Fernando Elizondo.