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La compañía Rivera Gas denunció a funcionarios de  la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por presuntos actos de corrupción que han provocado obstrucciones en la apertura de su planta para almacenamiento y distribución, ubicada Tecate, Baja California. El asesor legal de la compañía, Enrique Carpizo, detalló en una conferencia de prensa que interpusieron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por actos de corrupción que comenzaron hace cuatro años. La empresa explicó que la investigación va en contra del ex director general de supervisión, inspección y vigilanca comercial, Javier Govea Soria, al exdirector jurídico Alfredo Orellana Moyao, así como los inspectores Gilberto Yañez Moreno y Miguel García Rivera quienes determinaron que la construcción estaba hecha sobre un terreno forestal, a pesar de que había permisos previos de la propia ASEA, lo que derivó en una clausura por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Rivera Gas explicó que las autoridades ambientales hicieron una inspección alevosa a un albañil en lugar del representante legal para justificar la clausura en sus instalaciones de Tecate, con un avance de 97%. Incluso los funcionarios intentaron una segunda inspección para determinar ecocidio. Sobre las compañias beneficiadas con las inspecciones y clausuras, Carpizo citó reportes de una concentración de mercado de 70% por parte de Z Gas y Gas Silza, pertenecientes a Miguel y Tomás Zaragoza. La empresa pidió al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Este conflicto se hizo público después de que Baja California registrara el segundo precio más alto de gas Licuado de Petróleo durante la primera mitad de noviembre de 2018. La entidad  con 11 distribuidores privados tuvo un precio por kilogramo de 22.45 pesos y 12.16 por litro, 7% más comparado con el mismo periodo de 2017. de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

ASEA dijo a Forbes México que cualquier regulado que considere vulnerados sus derechos, cuenta con diversas herramientas para presentar su inconformidad ante esta autoridad, como el derecho de audiencia. “Del mismo modo, cualquier regulado que considere que la ASEA no se ha conducido bajo los preceptos de oportunidad, imparcialidad transparencia y profesionalismo tiene el derecho de acudir a las instancias legales correspondientes para su debida atención”, agregó el regulador ambiental.

 

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