La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto y que ha estado en el centro de los esfuerzos gubernamentales en contra de la corrupción pública, enfrenta cuestionamientos en torno a su actuar independiente por parte de organismos no gubernamentales internacionales.
Roberto Simon, director de política y el líder del grupo de trabajo anticorrupción de Americas Society / Council of the Americas (AS/COA), advierte que existe cautela por parte de “los observadores”, respecto a este órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que ha expandido sus facultades y revelado supuestos casos de corrupción en los que se relacionan a miembros de partidos de oposición y ex funcionarios.
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Simon, que hace unos días fue uno de los encargados de presentar el indice “The Capacity to Combat Corruption (CCC) Index 2020”, advierte que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está “haciendo su tarea” para erradicar la corrupción pública, aunque esta fue una de las principales promesas de campaña y está entre las prioridades de su gestión.
“México no hizo su tarea (para erradicar la corrupción) en términos de reformas de gran calado para aumentar la independencia y eficiencia judicial y las agencias anticorrupción, generar un cambio en torno a la relación entre el flujo de dinero e integrar procesos de transparencia, son elementos de un proceso”, señaló Simon en entrevista remota con Forbes México.
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En el ranking a nivel latinoamericano, México figura en el número ocho de 15 países y se le otorga una calificación de 4.55 en torno a la capacidad de combatir la corrupción menor al promedio de las naciones evaluadas. Esa evaluación es ligeramente menor a la del año pasado, pero representa una señal de alerta ante la supuesta misión principal de la 4T de barrer con este lastre.
La evaluación señala que la mayor parte de la campaña anticorrupción de López Obrador se ha basado en su capacidad personal para erradicar el problema, su gestión ha ignorado el Sistema Nacional Anticorrupción, ha aumentado el gasto en los contratos públicos y ha descartado los controles para mejorar la gobernanza, entre otras tendencias preocupantes.
También se señala a las “draconianas” reformas en torno a la evasión fiscal, también por el nivel de actuación independiente que existe de la agencia encargada en aplicarlas.
El especialista además destaca la importancia de evitar la politización de la lucha anticorrupción.
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“Evitar esta politización es vital y sabemos que la forma en que se puede mejorar políticas anticorrupción es aprobar grandes reformas inversiones de largo alcance y tiempo a instituciones de transparencia, mejoras regulatorias, fortalecer la sociedad civil, mejor el periodismo de investigación, organizaciones de medios fuertes, mejor educación. Es decir, sabemos a dónde queremos llegar el problema es crear estas condiciones políticas que permitan estas reformas ocurran, y no hemos visto eso en México”, apuntó.
En dos de los cuatro subcategorias para evaluar la capacidad para combatir la corrupción, México tiene una calificación menor al promedio de América Latina y corresponden a la Capacidad Legal y las Instituciones Políticas y Democráticas. En tanto que la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado reciben una mejor calificación, sin embargo consideran que durante los últimos la actividad de la sociedad civil ha perdido fuerza, debido al “éxito de AMLO en apropiarse de la causa anticorrupción y sus ataques retóricos contra las ONG y otros grupos independientes”.
