Por Juan Francisco Torres Landa R.*

Al parecer existe un problema de lectura y comprensión entre quienes hoy integran los órganos legislativos federales. No es que esté ofendiendo a nadie o asumiendo que no tienen la instrucción escolar necesaria. Mi preocupación es mucho más honda y se refiere a si no han sabido distinguir, en las disposiciones constitucionales que establecen su origen y funcionamiento, que sus obligaciones centrales radican en la representación tanto de los intereses de la población (diputados) y de las entidades federativas (senadores).

Si esa parte del diseño orgánico en nuestra Carta Magna quedara claro y fuera la máxima de actuación de los integrantes del Poder Legislativo Federal, hoy no estaríamos discutiendo tantos temas en los que pareciera haber una agenda paralela o meta constitucional ajena a los mejores intereses de la nación y de sus habitantes.

En relativamente poco tiempo, hemos visto que al Poder Legislativo se le ha convertido, no en el instrumento mediante el cual se expiden las leyes que resguardan las mejores alternativas para la conducción de una sana implementación de políticas públicas trascendentales; particularmente en temas tan álgidos como son cuestiones de seguridad, justicia, salud, educación y otras. Si a estos temas agregamos las tareas de conformación de los principales órganos jurisdiccionales y regulatorios, el resultado es no solamente preocupante sino incluso lacerante. El Poder Legislativo no está cumpliendo con su papel de contrapeso y conducción en los temas normativos fundamentales.

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Veamos ejemplos concretos:

  • Fiscalía General de la República: Solamente la presión de la sociedad civil evitó que se impusiera la designación del actual Procurador General de la República (activo miembro del PRI, primo hermano del Consejero Jurídico de la Nación, abogado personal del presidente de la República, y socio de un despacho de abogados) como el primer Fiscal General por un plazo inamovible de nueve años. Esa presión propició una iniciativa que modifica el artículo 16 transitorio de la reforma al 102 Constitucional, misma que está sin movimiento alguno y que de aprobarse la Ley Orgánica de la Fiscalía, se propiciaría la designación del llamado: Fiscal Carnal (con un indeseable e irracional efecto de impunidad institucional por nueve años).
  • Fiscal Anti-Corrupción: De la mano del anterior tema, tenemos este punto en que el Sistema Nacional Anticorrupción está gradualmente implementándose, pero el encargado de encabezar los esfuerzos de investigación y procuración no se ha podido designar porque prevalece la agenda partidista sobre las prioridades institucionales y expectativas ciudadanas.
  • Política de Drogas: No obstante la acumulación diaria de evidencia que pone de manifiesto el enorme daño que esta política está causando, y a pesar de que ya hay diversas iniciativas (una presentada por el presidente de la República y otras tantas por distintos legisladores) que arrancarían el proceso para erradicar la prohibición y devolver el poder regulatorio al Estado (quitándoselo a la delincuencia organizada), lo que se ve es una negativa absoluta a avanzar por incongruencia, o incluso, por la frívola razón de temores de carácter electoral.
  • Designación en Órganos: Se siguen viendo muchos casos en que la designación de las personas quienes van a ocupar importantes puestos de decisión, resulta en demoras extremas, o en la designación de personas no aptas para logar la independencia y autonomía para tales labores. Así tenemos casos significativos como el INE, Cofece, IFT, Inegi y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde lo que parece haber prevalecido es una agenda de control y captura regulatoria. La función de mejor designación se sustituyó por la de cuotas partidistas y captura regulatoria.
  • Ley de Seguridad Interior: En un tema tan sensible como lo es la seguridad pública y la recuperación de la tranquilidad en nuestras calles, en lugar de legislar sobre reconformación policial y reestructura de las tareas de las fuerzas civiles, la inercia va sobre la idea de regular la presencia de las fuerzas armadas y así artificialmente darles algo de legitimidad en su permanente accionar en las calles, ofendiendo la exclusividad constitucional a favor de las fuerzas civiles.
  • Segunda Vuelta: Es evidente la necesidad de generar certidumbre ante lo que se avecina en el proceso electoral de 2018. Bajo el régimen prevaleciente quien sea que gane la Presidencia lo podría lograr con menos del 20% del electorado total, dando por resultado un primer mandatario con más del 80% de la población no votando a su favor. La oportunidad para legislar introduciendo la figura de la segunda vuelta, vence este mes de abril, y no parece haber prisa alguna por actuar en ninguna de las Cámaras.

Lo más triste de todos los anteriores ejemplos (y otros que por limitación de espacio ya no podemos abordar) es que, al hablar en corto con legisladores de muy distintas filiaciones partidistas, no existe sino consenso en que efectivamente los problemas existen, y, sin embargo, no hay voluntad política en los liderazgos de cada partido para hacer lo que realmente le conviene al país. Entre los legisladores del partido tricolor la desfachatez es absoluta al explicar que las opiniones individuales no cuentan en lo absoluto, y que son rehenes ya ni siquiera de la voluntad del líder parlamentario respectivo, sino de las instrucciones que directo llegan de Los Pinos (en la mayoría de las veces por conducto y presencia directa en los pasillos legislativos del Consejero Jurídico de Presidencia, a quien incluso ya se le conoce como el Senador 129 o Diputado 501).

Así las cosas, en lo que tenemos hoy en día entre quienes son votados de una u otra forma para ocupar un escaño (por mayoría relativa o representación proporcional), y que no han comprendido el mandato que recibieron y responsabilidad que asumieron. Por ello, el extrañamiento y llamado para ver si en estos momentos tan críticos que vive el país es posible que haya un despertar y reconocimiento de las tareas que reclaman seriedad, prontitud, independencia, autonomía, profesionalismo y ecuanimidad. ¿Será mucho pedir? ¿Si no querían cumplir con sus deberes porqué protestaron cumplir con sus obligaciones?

Concluido el asueto de la Semana Mayor es indispensable que los legisladores hayan reflexionado y se inspiren para actuar con diligencia y vocación al país. Hechos son amores. Veamos si las escenas del vía crucis los motivaron a pensar en la necesidad de actuar con benevolencia al renacer a la vida pública en este nuevo periodo de actividades.

Juan Francisco Torres Landa R. es Secretario General de México Unido Contra la Delincuencia.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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