Por Juan Francisco Torres Landa R.*

En estos días nos enteramos de la sorpresiva detención de un ciudadano chileno que resultó ser el jefe de una peligrosa banda de secuestradores que operaron por más de 10 años desde la zona de San Miguel de Allende (SMA) y azotaron a todo el Bajío. Aunque la detención debería ser motivo de júbilo y reconocimiento, la historia amerita un diagnóstico y comentario distinto.

La cruda realidad es que esta detención fue resultado de un caso fortuito. Un taxista que sintió que algo sospechoso estaba sucediendo por la entrega de un paquete, y el seguimiento de otro vehículo, decidió acudir a la policía con la suerte de que quien lo recibió no estaba coludido con la delincuencia y pudo “olfatear” que algo importante podía estar sucediendo. Lo que siguió fue la detención de un grupo de personas que llevaron con el líder, una persona que se movía en los altos círculos sociales de SMA con particular soltura y naturalidad.

Así las cosas, el problema principal es que, de no ser por estas coincidencias y ocurrencias de esta persona, la banda hubiera seguido atacando la zona con secuestros múltiples. Cabe decir que los eventos que se les atribuyen tenían el sello de ser cruentos, de larga duración y confinadas las víctimas a espacios con escaso movimiento y luminosidad. Así de grave e inhumano lo que hicieron por años dejando huellas indelebles en víctimas, familiares, amigos y comunidades enteras.

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El problema que vemos en este caso, como en muchos otros, es la carencia total de un sistema que realmente cuente con ingredientes de investigación criminal científica para poder combatir la comisión de delitos con instrumentos distintos a las detenciones en flagrancia, o con confesiones fabricadas o testigos artificiales. El nuevo sistema penal acusatorio supone que policías y agentes del ministerio público están perfectamente capacitados en preservación de escenas del crimen, cadena de custodia, procuración de evidencia y carpetas de investigación sólidas.  Los requerimientos son claros pues las acusaciones penales se enfrentan ahora a la presunción de inocencia que está constitucionalmente protegida.

Después de tantos años de operar en SMA y zonas aledañas es imperdonable que no se hubiera hecho una investigación profunda con las víctimas y otros indicios respecto de cómo se realizaban los eventos, la mecánica de los levantones, las circunstancias del cautiverio, las personas en común con quienes convivieron en sus círculos sociales antes de ser detenidos, las voces y otros temas que recordaran, etcétera. Sin esa metodología y orden científico es imposible lograr que las investigaciones tengan resultados, y por lo visto ni en éste ni en muchos casos se aplican los procedimientos de esta manera.

Ante esa notoria ausencia de procesos reales de investigación profunda es simplemente imposible pensar que vamos a lograr abatir la epidemia de impunidad que tenemos en el país, y que en el caso del secuestro llega a un despreciable 99% (solamente un caso de cada 100 se castiga realmente).  Ante la notoria incompetencia e incapacidad que los datos duros arrojan, la respuesta institucional es que el nuevo sistema acusatorio les genera una carga y requisitos para los que no estaban preparados. El resultado es que, al no haber investigaciones serias, los pocos casos que se consignan terminan casi todos con el efecto de la “puerta giratoria” puesto que salen los indiciados libres al no romper su presunción de inocencia.

En estas circunstancias no es de extrañarse que incluso en el famoso caso de Ayotzinapa, las conclusiones más importantes del GEI fueron que ante lo que se denominó “la verdad histórica”, lo que realmente ocurrió es que en las decenas de miles de hojas que se tienen en los expedientes no había un método de investigación. Más bien se propuso una conclusión y luego se articularon las diligencias y demás piezas para sostener ese pronunciamiento. El proceso que legal y científicamente procede supone una secuela exactamente a la inversa, primero se siguen todas las líneas de investigación, y solamente desahogadas todas y articuladas las pruebas y evidencia se puede sostener una conclusión que dé pie a que la carpeta de investigación se pueda judicializar. Un orden distinto presupone no solamente un error de origen, sino además la base para que cualquier acusación que provenga de un árbol torcido no resista una defensa menor o incluso el análisis judicial que derrumbe la imputación.

Es por este tipo de situaciones que alzamos fuerte la voz cada vez que podemos para pedir que las autoridades encargadas de la investigación y procuración de justicia dejen de simular que hacen el trabajo y que por el contrario realmente se apliquen a fondo. No podemos seguir dando tumbos y pretendiendo que es normal ver cómo la delincuencia hace de las suyas a sus anchas mientras que las autoridades simplemente no actúan conforme marca la ley.

Se requiere un cambio de fondo en actitud, seguimiento, políticas y medición de resultados. Algunas recomendaciones que hemos hecho y no se han tomado en cuenta:

  1. Empecemos por lo más sencillo, pero fundamental, que es facilitar los procesos de denuncia.
  2. Aseguremos que las fuerzas policiales conozcan bien sus obligaciones en cuanto a prevención, investigación y seguimiento de delitos se refiere.
  3. Aseguremos que entre policías y MPs exista una comunicación y coordinación plena, y no las rivalidades o separación de funciones que tanto daño han hecho en la consecución de resultados.
  4. Utilicemos las plataformas tecnológicas para que la ciudadanía pueda actuar con las autoridades.
  5. Evitemos seguir requiriendo ratificación de denuncias (requisito que ningún otro país exige y que solamente aumenta el nivel de casos no investigados).
  6. Digitalicemos la información y permitamos que las víctimas tengan acceso a reportes de los casos para monitorear avances.
  7. Establezcamos un funcionamiento integral de los peritos de las Procuradurías para que tengan los conocimientos y equipos que les permitan llegar a conclusiones científicas.
  8. Procuremos que los MP’s que intervienen en denuncia, investigación y judicialización de casos no estén desconectados entre sí para evitar vacíos o formas que permitan que las consignaciones se desvanezcan.

Si tan solo pudiéramos generar entre las autoridades la convicción plena de esta nueva forma de impartir justicia mucho lograríamos. Hemos invertido mucho dinero en capacitación y equipamiento a policías, entrenamiento a MP’s y mejora de instalaciones, habilitación de salas de audiencias orales penales, y mejora en equipos de juzgados. Pero de nada sirve todo eso si no tenemos una articulación plena de las capacidades para lograr los resultados deseados.

El tiempo es ahora y no podemos seguir viendo que los índices de impunidad no se abaten porque solamente hay casos de coincidencias o fortuitos. Nos merecemos mejores resultados. No bajemos la guardia y las exigencias. Ya basta de estupideces. No es momento de vacilar.

*Juan Francisco Torres Landa R. es Secretario General de México Unido Contra la Delincuencia

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.