El sistema electoral mexicano es uno de los más reglamentados del mundo, pero la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General en Materia en Delitos Electorales y todas las normas que se desprenden de ella no son suficientes para garantizar que las próximas elecciones se lleven a cabo sin estridencias, afirma Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

No se trata de generar más reglamentación en materia electoral, aunque son perfectibles las ya existentes. Los esfuerzos se deben enfocar en “la forma en cómo se disputa el poder político” en el país y la forma en que los ciudadanos conciben y llevan a cabo las “manifestaciones democráticas” tales como las elecciones.

Después de todo, afirma el fiscal electoral, “no hay compra del voto si el ciudadano no quiere”.

Pese a la responsabilidad de los ciudadanos y otros actores políticos en esta contienda electoral, sobre los hombros de Díaz Santana recae el compromiso de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones más grandes en la historia del país, todo en un entorno de desconfianza de la población a las instituciones que organizan y vigilan las elecciones, a las instituciones gubernamentales y políticas del país; pero también bajo la sombra de la violencia.

En entrevista con Forbes México, el fiscal electoral detalla los retos de la institución que dirige, entre los cuales se encuentran las denuncias que se generen en esta elección de forma expedita: 1,600 desde el inicio del proceso hasta la fecha, todo a través del esquema del Sistema Penal Acusatorio, lo que no permite presentar resoluciones de forma inmediata. 

 

¿Cómo se ha blindado la Fepade para este proceso electoral? ¿Qué elementos ha incorporado para asegurar que este proceso será más riguroso en términos de transparencia y legalidad?

El país tiene una experiencia prácticamente de más de 20 años en lo que se refiere a la organización de procesos electorales. Esta fiscalía nace en 1994 y a partir del 2002 integra una figura nueva: el área de política criminal, cuya función es prevenir los delitos electorales. Con un sistema penal moderno es mucho mejor prevenir un delito que castigarlo.

Este año es en el que más funcionarios públicos y ciudadanos han sido capacitados, estamos hablando de 250,000, generamos 500 mil cartillas ciudadanas que fueron repartidas por todas las entidades federativas, especialmente a órganos electorales; trabajamos de manera coordinada con gobiernos locales, sobre todo para evitar el uso de recursos públicos para favorecer a partidos políticos y candidatos, pero lo más importante fue estar trabajando con cada una de las entidades de forma coordinada.

Para esta elección tenemos un mapa de operación de todas las entidades federativas; el día de la jornada electoral vamos a hacer un despliegue en el que con las fuerzas y la Procuraduría General de la República, desplegaremos 14,000 funcionarios por todas las entidades federativas, que van a estar ubicados en instituciones electorales federales y estatales y en los lugares en los que nosotros podamos.

El trabajo, para que sea efectivo, tiene que ser transversal y la obligación de una buena elección no es nada más de las instituciones electorales, tiene que ser de ciudadanos, que con responsabilidad emitan su voto y denuncien las prácticas irregulares; tienen que ser gobiernos municipales y estatales, que garanticen la paz social, la gobernabilidad; y los candidatos y partidos tienen que contribuir a una competencia con un lenguaje respetuoso y llamando a la participación responsable.

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¿Cuáles son los grandes casos que se encuentran en la ‘cancha’ de la Fepade en este momento?

Todas las denuncias públicas que se presenta se deben atender. Desde que inició el proceso electoral tenemos 1,600 denuncias, todas ellas se están investigando, hemos generado un mecanismo también de traslapar el sistema tradicional, ahora nosotros todo el ejercicio institucional lo realizamos conforme al modelo de gestión del sistema acusatorio. Lo que quiere decir es que tú llegas, presentas una denuncia, se analiza, se abre un número de atención, se convierte en carpeta de investigación o en caso de que no exista se traslada a otra instancia, y ese es un primer filtro que nosotros estamos desarrollando.

Existen algunas manifestaciones de personas que en un momento dado nos solicitan que tengamos la misma velocidad que usualmente la justicia electoral desarrolla, esto para nosotros es un modelo de carácter diferente. Les pongo un ejemplo: el Tribunal Electoral puede conocer de una impugnación de una elección, donde la toma de protesta es el viernes y se conoce el lunes y fallan en cuatro días, los periodos tienen que ser muy breves.

Nosotros no, los delitos electorales tienen una vía de investigación convencional, es similar a un robo de un vehículo, similar a un fraude. Nosotros recibimos la denuncia, investigamos, judicializamos, pero esto es un mecanismo que tiene principios como son el debido proceso, la presunción de inocencia.

Tenemos denuncias desde el ámbito de financiamiento irregular que se han presentado por el apoyo a candidatos independientes; tenemos también algunas denuncias que se han presentado por las llamadas telefónicas que han generado molestias al ciudadano.

 

Una de las críticas a la Fepade es que investiga muchas denuncias pero llega a pocas conclusiones. ¿Qué comentarios tiene respecto a esto?

Sí, como los procesos electorales a veces no son lineales hay veces en que es un poquito complejo poder transmitir un caso de manera lineal u horizontal, porque todos los casos son diferentes, las etapas del proceso pueden ser diferentes.

Por ejemplo, nosotros tenemos una media de sentencias de 150 al año. En estos seis meses tenemos detenidas por la comisión de delitos electorales a 118 personas, pero imagínense mandar un boletín por cada detenido.

Hay gente que dice que no hay sentencias. Sí las hay, sí hay personas detenidas, sí hay personas que aceptan que cometieron un delito. En sentencias condenatorias nosotros andamos en el 7%, pero a nivel nacional la media, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2016, la media era de 1.8%.

 

Esta elección se da en un contexto de violencia, más de 120 candidatos muertos, ¿La Fepade hasta dónde llega en ese tipo de delitos?

Somos una fiscalía de carácter especializado, lo que quiere decir que nuestras atribuciones son atender delitos electorales, nuestra función no es atender homicidios, no es investigar o atraer casos de delitos que no sean electorales.

Pero no hemos sido ajenos al tema. No solamente públicamente lo hemos rechazado, hemos realizado manifestaciones en contra de cualquier tipo de violencia.

¿Qué estamos haciendo? Trabajando de manera coordinada con otros ámbitos de seguridad y justicia. Hemos ido a todos los estados, en todos ellos hemos generado una agenda de operación en donde en un momento dado, ante este tipo de circunstancias, tenemos una capacidad de gestión prácticamente rápida.

Además, constituimos una mesa sobre violencia política de género que ha sido muy efectiva, porque el tema no va a concluir con el proceso electoral; creo que después de ello hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que hacerlo público, los delitos prácticamente de homicidios de candidatos o relacionado a integrantes de partidos se están tratando en el ámbito local, cada uno de los árbitros está investigando.

 

Los retos en materia electoral del país

Una vez pasadas los comicios del 1 de julio, continuarán los retos para los árbitros electorales y los actores políticos del país. Uno de los más importantes será procesar la experiencia de estas elecciones y responder a la pregunta: ¿es necesario incrementar la normatividad en materia electoral, cambiar la legislación o enfocarse en la educación política ciudadana?

Algunos empresarios buscaron incidir abiertamente en el voto a favor o en contra de algunos candidatos. ¿Hasta dónde un actor social como éste puede actuar sin violar la ley electoral?

Este es uno de los temas en los que tendremos, después del proceso electoral, no solamente que hacer reformas, sino una discusión a fondo.

Algunos analistas comentan que uno de los problemas del sistema electoral mexicano es que está demasiado reglamentado y es cierto. Es el sistema más reglamentado del mundo, y sin embargo no es suficiente para, en un momento dado, dar las garantías necesarias para que el proceso se realice sin estridencias.

Somos el país que más interpone recursos judiciales electorales en el mundo. Las cifras son impresionantes: el Tribunal electoral recibió 140 mil casos; no hay ningún país que haya recibido tantas impugnaciones y solicitudes de procesos electorales. En Europa casi no hay impugnaciones, menos fiscalías electorales, porque las denuncias por delitos electorales son muy espontáneas.

No estoy argumentando que se necesite mayor reglamentación, pero sí una discusión seria para poner las reglas del juego electoral y la competencia político electoral.

Pongo un ejemplo: un tema que generó polémica por promesas futuras e inciertas, fue el de los comercios que decían que si gana un candidato regalarían cosas, eso no es delito electoral, tampoco podemos decir que hay una coacción, pero sería regular esa promesa a futuro. Qué podría pasar, que en próximos procesos electorales tengamos a un grupo mayor de empresas participando de la vida política electoral.

 

Menciona que México es el país con más denuncias electorales y, sin embargo, continúa existiendo esa transgresión a la ley. ¿Por qué no se pueden erradicar estas prácticas?

Mi respuesta no es como fiscal, sino como un especialista en temas de carácter electoral.

En otros países las boletas electorales las hacen los partidos políticos de papel reciclable del más corriente y ellos mismos las reparten en los domicilios, pero el ciudadano cuando llega a votar lleva una sola boleta, no lleva 20, no lleva 30. Hay una costumbre y una cultura política social de la legalidad en los procesos de democracia representativa.

En segundo término, existen reglas objetivas y reglas subjetivas. Las reglas objetivas son las que la ley te establece y las subjetivas los comportamientos de la disputa del poder. Creo que también debemos trabajar en establecer nuevas formas de competencia política, de ir a las propuestas, hacia el debate responsable y evitar algunas prácticas que vienen hacia nosotros a denunciar como lo son clientelismo político, compra del voto, coacción del voto, campañas negras.

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Es común escuchar la pregunta de si la Fepade tiene o no autonomía técnica y de gestión, sobre todo a raíz de la salida del exfiscal electoral, Santiago Nieto. ¿Tiene o no autonomía esta institución?

Ustedes saben que el nombramiento del fiscal fue bajo una connotación de una reforma electoral. Generalmente el fiscal electoral lo nombraba el fiscal general, ahora con la reforma de 2014 lo nombra el Senado de la República, que va a ser por única vez, la siguiente vuelve al esquema anterior.

Yo les puedo decir que mi nombramiento fue a través del Senado; fue un apoyo de senadores con un nivel mayor de 91%, y esto quiere decir que tuve el apoyo de legisladores de todos los partidos políticos, porque vieron una opción de imparcialidad en mi desempeño.

¿Cuál es nuestro papel dentro de este ámbito? Reiterar y responder a esa confianza.

¿Cómo se está haciendo? Con trabajo. Hemos aumentado de manera sustantiva el desarrollo en materia de investigaciones, modernizado el proceso de la justicia penal electoral, hemos incorporado unidades nuevas al marco del sistema de justicia acusatorio, el trabajo en su conjunto que no ha sido mío, sino de los 350 trabajadores públicos en la Fepade.

 

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