Gobierno de Nicaragua castiga empresas por protestar contra Ortega
Las empresas han sufrido desde el cierre arbitrario y suspensión de licencias y concesiones, hasta el acoso directo y la amenaza.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresó por medio de un comunicado que el gobierno nicaragüense ha castigado a las empresas que se sumaron al paro nacional del pasado 23 de mayo.
“Hemos sido informados de múltiples acciones cometidas por instancias públicas, desde el cierre arbitrario y suspensión de licencias y concesiones, hasta el acoso directo y la amenaza”, manifestó la Alianza.
El gobierno del presidente Daniel Ortega cerró pequeñas empresas, principalmente restaurantes y farmacias, en las zonas Pacífico, sur y norte de Nicaragua.
La Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, señaló que respaldarán “a las empresas afectadas por esta nueva represión en las medidas legales que interpongan, como instrumento que registre la violación a sus derechos constitucionales por parte de este régimen”.
El ministerio de Salud (Minsa) consideró que las farmacias que participaron en la protesta en contra de Ortega cometieron una “falta muy grave”, por lo que aplicó la Ley de Medicamentos y Farmacias a una cantidad no específica de distribuidoras de medicamentos.
La finalidad del paro nacional del pasado 23 de mayo fue protestar contra el régimen de Daniel Ortega, a quien culpan por la muerte, desaparición y arresto de cientos de personas, así como el exilio de decenas de miles.
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De acuerdo con el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, en algunas zonas del país el paro de negocios alcanzó cifras de 60% y 70%, pero en determinados puntos se registró una caída en el consumo de hasta un 80%.
Las empresas que han cerrado tras la protesta son principalmente negocios pequeños, al respecto, la Alianza expresó que el régimen de Ortega “predica lo que no hace, pide suspensión de sanciones y al mismo tiempo sanciona a dueños de pequeños y medianos establecimientos e incluso grandes empresas por el simple hecho de mostrar solidaridad con los presos políticos y sus familias”.
Las negociaciones entre la Alianza y el gobierno de Nicaragua se truncaron el pasado 16 de mayo, cuando un custodio mató de un disparo a un “preso político”, a pesar de que el Ortega se había comprometido en marzo a liberar a todas las personas capturadas por oponerse al régimen, cifra que alcanzó 809 en ese mes.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos desde el estallido el 18 de abril de 2018. ONGs locales han registrado 594 fallecidos, mientras el presidente Ortega reconoce 199 decesos.
