La labor más importante del gobierno no es la de ser “rector” del desarrollo nacional ni de la educación, sino la de garante de la libertad y de la propiedad de las personas. Dondequiera que no cumpla con esta obligación, el incentivo será hacia el desorden, la violencia y la “ley de la selva”. Si éste es el caso, el gobierno no sirve y debería irse.

Esto es lo que estamos viviendo en México, por desgracia.

El gobierno federal y los locales se muestran doblegados ante grupos delincuenciales que, bajo la bandera de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o de cualquier otro grupo “social” o del crimen organizado, sacan provecho de la incapacidad gubernamental para mantener el orden público y la vigencia del Estado de derecho.

Me refiero en particular hoy a los estados del sur, donde se han reportado incontables asesinatos, bloqueos carreteros, robos de todo tipo y daños a la propiedad privada, donde la autoridad, en vez de castigar a los responsables –sin importar el grupo al que pertenezcan–, los deja hacer y pasar como si nada.

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Ha habido, por ejemplo, múltiples actos de la CNTE muy alejados de cualquier lucha magisterial o educativa que, para colmo, en las redes sociales encuentran incluso quien los aplauda. Estamos mal.

Ahí mismo pueden leerse “justificaciones” a esos delitos de parte de quienes se quejan al estilo de “en el gobierno son corruptos y nadie va a la cárcel”. Terrible.

De todos es bien sabido que la corrupción es la constante en todos los niveles de gobierno del país, pero nunca, jamás podrá legitimarse un acto delincuencial poniendo como ejemplo la impunidad que hay en otros. Debemos exigir que se aplique la ley sin excepciones, no avalar que unos la violen porque otros lo hacen.

De hecho, ésta es la peor parte: la ausencia de ley en México es tal, que quien debería aplicarla es el primero en romperla y negociarla. De ahí que cuando otros la infringen sea tan sencillo convenir que la impunidad para éstos también se dé, porque se hablan de igual a igual.

Un gobierno cómplice de criminales –por acción u omisión– es criminal también.

El resto de la sociedad –que, por cierto, es la mayoría que hace posible todavía la convivencia en este país sin caer en el caos generalizado– paga las consecuencias.

El inversor nacional o extranjero, el que piensa arriesgar su capital en una empresa, la tiene que pensar dos veces o más veces antes de hacerlo, y contempla los costos adicionales en que deberá incurrir para garantizar su propia seguridad y la de su negocio, además de las mordidas. Nada de esto es benéfico para la competitividad del país.

El resultado es la pobreza y el atraso que han caracterizado a nuestro país, y que no se ve que vaya a cambiar para bien en el futuro próximo ni en el mediano plazo.

Ya vamos tarde para corregir esta penosa circunstancia que nos tocó vivir. Desde este espacio lanzamos nuestra enérgica queja y reclamo, pues el silencio y la pasividad es lo que los corruptos y delincuentes quisieran de nosotros. No se los demos, y menos en charola de plata.

 

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