La corrupción es un flagelo que se debe combatir de manera decidida. Las herramientas que prevé el Sistema Nacional Anticorrupción sin duda serán fundamentales para lograr ese objetivo.

 

Es de todos conocido que nuestro país requería con urgencia de un marco legal más sólido y efectivo para prevenir y combatir el grave problema de la corrupción. En este sentido, durante la semana pasada los diputados en México aprobaron el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, sistema que deberá ser ratificado por el Senado.

En el dictamen de los diputados se menciona, entre otros aspectos relevantes, que las externalidades de la corrupción no sólo afectan el estándar de responsabilidad ética-jurídica de los servidores públicos y particulares relacionados con la función pública, sino que impactan en el crecimiento económico nacional: según el Foro Económico Mundial, la corrupción es la mayor barrera a la entrada para hacer negocios en México, aun por encima de la inseguridad.

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Se prevé crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. En el país se han alcanzado logros muy importantes para combatir a la delincuencia organizada incluido el narcotráfico, por lo que es momento oportuno que, además de continuar con dicho enfoque, se extienda el mismo al tema de la corrupción.

El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del organismo garante que establece el artículo 6º de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. Cuando en un esfuerzo para combatir delitos graves intervienen diversos actores, se corre el grave riesgo de que existan problemas de desorganización y de intercambio de información, situación que no debe ser el caso al atacar la corrupción.

Otro de los aspectos medulares de la reforma constitucional es el fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Entre dichas facultades se consideró conveniente incluir que ésta contará con facultades para fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados. Importante punto a resaltar es el que para la realización de estas facultades no aplicará el secreto fiduciario. En este supuesto considero fundamental la identificación, conocimiento y monitoreo adecuados de la finalidad del fideicomiso, del patrimonio fideicomitido (bienes y derechos), así como origen de las aportaciones de los fideicomitentes, entre otros aspectos.

En adición, un aspecto relevante es el que los entes públicos federales, estatales y municipales, así como del Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales, tendrán órganos internos de control facultados para, en los términos que establezca la ley, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas para sancionar; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción.

La corrupción es un flagelo que se debe combatir de manera decidida. Las herramientas que prevé el Sistema Nacional Anticorrupción sin duda serán fundamentales para lograr dicho objetivo. Un aspecto adicional en este rubro es el que las autoridades en la materia cuenten con profesionales expertos en la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita procedentes de actos de corrupción. Frank Herbert, escritor estadounidense, dijo: La corrupción lleva infinitos disfraces. ¿Qué opinas, estimado lector?

 

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