Por Juan Francisco Torres Landa R.*

Al estudiar Teoría del Estado uno aprende que el mismo se integra por tres elementos fundamentales: territorio, población y poder. Igualmente, el artículo 49 de la Constitución Federal señala que la soberanía original reside en el pueblo. Los conceptos se repiten en todos los documentos fundamentales sobre el funcionamiento público, el eje rector de toda acción estatal debe ser en beneficio directo de la población.

Si ese principio rector de la forma en que debe actuar todo servidor público es fulminante, aglutinador y total, nos preguntamos por qué no se respeta. Agreguemos al tema el que los que están en el sector público son empleados y subordinados de la población, y entonces la contradicción es abrumadora si no se actúa para beneficio único de los electores.

En esta época electoral (y la que viene en 2018) es particularmente útil la reflexión, porque lo que escuchamos en las campañas es un alud de promesas superficiales y propuestas irresponsables (además de la enorme cantidad de vituperios, ataques y desacreditaciones contra los otros candidatos). Lo triste es reconocer, entonces, que la gran mayoría de dichas ofertas se encuentran vacías en su alcance, o sin sustento económico o programático, lo que las hace una serie de enormes mentiras o generadoras de falsas expectativas.

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Además, está el serio agravante que resulta el ver los enormes dispendios que se generan en los momentos de campaña, con una evidente burla de los topes teóricos, el uso indiscriminado de recursos públicos y privados que irregularmente son utilizados en el proceso, una buena parte en efectivo (lo que complica su fiscalización, pero que además apunta invariablemente a que el origen es ilegal y muy probablemente ligado en su mayoría a esquemas de corrupción institucional y/o contacto con delincuencia organizada, incluyendo la de una parte del sector empresarial que participa activamente en estos esquemas).

Pero ahí no para, sino que ya estando en el poder, los candidatos ganadores presentan una situación compleja porque en lugar de privilegiar el cumplimiento del vínculo fundamental con el electorado (y la defensa de las principales necesidades y temas de relevancia que seguramente quedaron más que evidentes en el proceso electoral), se contaminan y deterioran la función para llegar a actuar con un sentido afín a los grupos de poder y los propios partidos políticos.

La clase política tiene acceso a información privilegiada que en la mayoría de las ocasiones no es del dominio público. La realidad es que en México los datos duros y fidedignos son un bien bastante escaso. Pero ese activo y acervo de conocimientos sobre lo que realmente ocurre en el país tendría que sustentar que la clase política actuara en consecuencia y provocara el bien común. Imaginemos que el legado e imagen no podría ser mejor para los funcionarios que pudieran realmente resaltar los resultados logrados. Pero no sucede así. En el proceso de toma de decisiones se privilegian otros temas que poco o nada tienen que ver con los verdaderos problemas nacionales.

Pero entonces queda claro que ese patrón de conductas apunta necesariamente a que los servidores públicos manifiestan una clara tendencia de hipocresía porque si saben lo que no funciona, no es entendible que lo sigan aplicando y reiterando. De hecho, esa permanencia en tareas improductivas nos deja ver una clara representación de mezquindad en el actuar de los responsables de implementar políticas públicas.

Esos dos símbolos y tendencias (hipocresía y mezquindad) son la única forma de explicar por qué en nuestro país seguimos con evidentes vacíos y lesiones a un funcionamiento institucional lógico. Aunque hay muchos más que se han dado a lo largo de mucho tiempo, en particular en los últimos tiempos saltan a la razón varios ejemplos de qué tan mal estamos en la toma de decisiones de las distintas fuerzas políticas capaces de impulsar cambios relevantes, y que no lo hacen por esa mezcla de hipocresía y mezquindad:

  • Segunda vuelta: Justo a fines de mayo se agotó el plazo en el que esta gran herramienta se pudo haber incorporado al sistema electoral de 2018, y que podría haber dado un sentido de gobernabilidad a quien realmente recabare un voto mayoritario en las urnas. No haberlo hecho es un error histórico que no admite explicación distinta a una enorme irresponsabilidad legislativa.
  • Política de drogas: Ante el fracaso monumental de esta política pública y el descomunal daño que genera el poder económico exacerbado a la delincuencia organizada, no optar por su cambio a un régimen regulatorio denota una ausencia de lógica de pensamiento para sacar al país del baño de sangre en que estamos metidos.
  • Fiscalía Anticorrupción: Es claro que el clamor nacional es el de tener un Sistema Nacional Anticorrupción funcional y eficiente. Esto depende, en gran medida, de que quien encabece dicho sistema sea una persona con la capacidad, trayectoria, independencia y solvencia necesaria. La demora en su designación es otra muestra de la falta de prioridades en las decisiones públicas.
  • Mando policial: Los proyectos e iniciativas sobre la forma de reconformar el sistema de funcionamiento policial en el país llevan atoradas en el Congreso ya un par de años. Es imperdonable que sigan retrasando la toma de decisiones.
  • Sistema penal acusatorio: La puesta en marcha del sistema después de un periodo de transición de ocho años en que poco o nada se hizo para poner a tono y en calibre a sus actores institucionales principales, no permite sino seguir reclamando la negligencia en su instrumentación.
  • Sistema penitenciario: La situación de las cárceles es de una emergencia extrema. Hacinamiento, auto-gobierno y nulo control de actividades hacia el exterior es un panorama común en todos los centros de reclusión. El problema se sigue empeorando y no solamente no se ve que haya una reacción institucional para controlarlo, sino que se permiten cada vez más atropellos con lugares que más bien se dedican a la operación criminal y de reclutamiento, y nada que ver con la reinserción social.

La gran pregunta entonces es porqué si los gobernantes tienen acceso a la información que descubre la magnitud de los problemas que enfrentamos persisten en la inacción ante los mismos. Esa doble combinación de hipocresía y mezquindad es el sello que nos está agobiando, lo que se adereza y sostiene con una enorme corrupción y su sustento que es la impunidad.

Ante ese panorama no cabe sino una demanda de salida de quienes teniendo capacidad de actuar prefieren no hacerlo. Si se postularon para ocupar esos cargos y ser empleados de la ciudadanía es inadmisible que no actúen para respetar y beneficiar al patrón, la población del país.

No podemos seguir esperando pacientemente a que cambien de opinión. Seamos exigentes y contestatarios para que exista un costo político, empezando con las elecciones, ante la inacción, impericia, corrupción e impunidad que han venido demostrando. El domingo cuatro de junio es un buen termómetro de cómo se analicen estos temas por la ciudadanía en cuatro entidades federativas.

Seamos ciudadanos de tiempo completo y propongamos desnudar a quienes persisten en no gobernar y tomar decisiones tan urgentemente necesarias. El país está en juego y no debemos asumir que las soluciones vendrán por generación espontánea. No. Se requiere de una ciudadanía unida e intolerante ante los abusos. En esa conducta radica la llave del cambio y éxito en la conducción de municipios, estados y país que todos queremos, anhelamos y merecemos.

*Juan Francisco Torres Landa R. es Secretario General de México Unido Contra la Delincuencia.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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