- Sistema Penal Acusatorio: El país invirtió enormes recursos en el despliegue normativo y de implementación de un nuevo sistema penal durante ocho largos años (2008 a 2016). Como parte de no trabajar con las bases policiales y no ubicar los mejores mecanismos de capacitación, hoy tenemos un enorme vacío en un sistema que claramente no funciona y está decepcionando a propios y extraños.
- Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): Ciertamente con una enorme presión ciudadana y de ONG’s especializadas se logró el diseño constitucional y normativo del SNA para llegar a una estructura viable y recomendable. Sin embargo, la ausencia de la designación de la persona idónea a ocupar la Fiscalía Anticorrupción está poniendo en riesgo todos los méritos del nuevo sistema.
- Fiscalía General de la República: En paralelo al SNA está justamente el que se pueda generar una nueva estructura de procuración de justicia que por primera vez sea independiente al Ejecutivo Federal. A sabiendas de que ése es un objetivo fundamental, el Legislativo ha sido incapaz de crear las leyes que den cuerpo a esta nueva institución y menos aún en la modificación que evite que el actual Procurador General de la República se convierta en el primer Fiscal (con los evidentes lazos y relaciones con el actual Ejecutivo Federal que hacen imposible su independencia).
- Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia: La situación de seguridad y justicia es un desastre. Tenemos una absoluta desconexión entre lo que son los factores que generan una buena parte de los problemas y los instrumentos para atender causas y resultados (en los tres niveles de gobierno). Hemos invertido recursos multimillonarios y no logramos mejorar porque no hay un buen ensamble de estructura y personas. Una parte esencial del problema: la persistencia en aplicar una fallida política de prohibición de drogas que solamente propicia una renta monopólica a la delincuencia organizada y debilita las instituciones públicas.
- Organismos Reguladores: En los pocos rubros en que se había logrado un equilibrio de reglas y personas, se han encargado de romper el aprendizaje para generar nuevos controles y complicidades. Los grandes logros que se habían tenido en avances significativos en IFE, SCJN, Cofece, IFT y otros, se han reemplazado con un rompimiento de la institucionalidad, dando paso a entidades cooptadas por intereses políticos y regulatorios. En este contexto quedan pocos a salvo, siendo Banco de México la aparente siguiente víctima.
Personas e instituciones: algo no va bien
En México vivimos un periodo de transición que, desde hace 17 años, no culmina. Pasar al siguiente nivel supone de un cese en la improvisación y de atrevernos a ser un gran país.
Por Juan Francisco Torres Landa R.*
El país ha venido atravesando una época muy complicada en los últimos 17 años. A partir del arribo del fenómeno democrático que sugirió la transición de partido en el Ejecutivo Federal en el año 2000, se asumió que se generarían las condiciones necesarias para que la transparencia, rendición de cuentas y autonomía fueran la moneda de cambio de todo el funcionamiento del aparato de gobierno y agencias regulatorias. El legado de dicho proceso de alternancia en ya tres diferentes administraciones ha sido muy distinta.
El problema es multifactorial y ya se ha escrito mucho sobre la enorme frustración que ha sido ver cómo en lugar de balance y orden se ha vivido el abuso y opacidad, particularmente en lo que al comportamiento a nivel de gobiernos estatales se refiere (donde existe evidencia y múltiples casos de atracos descomunales al erario y patrimonios públicos). Uno de los principales problemas es que se ha abonado, por un lado, a una desproporcional apuesta a que sean personas por sus capacidades o talentos individuales los que milagrosamente saquen a flote al país de los enormes problemas que, en las distintas materias torales para un sano desarrollo, se viven con gravedad, tales como: justicia, seguridad, educación, trabajo, salud y cultura. Esa expectativa y promesas han sido y seguirán siendo laxas.
Ante las enormes fallas que representó el asumir que personas con expresión de cambio lograrían la mejora deseada u ofrecida, se optó por pensar que es a través de reformas legales y la creación de entidades públicas con leyes orgánicas que se lograrían los grandes cambios y resultados que las personas no pudieron generar por sí solas. En esta apuesta se invirtieron muchos esfuerzos legislativos, y se crearon las expectativas de que se propiciarían los tan deseados efectos de mejoría en los seis ejes rectores de bienestar ciudadano arriba referidos. Pero el resultado no ha sido el esperado tampoco porque en la ecuación falló el seleccionar a las personas que fueran el catalizador de resultados, y en su lugar, se designaron más bien a cuates e incondicionales.
Es por esta secuela de fallas y malas decisiones que podemos entender los problemas que hoy causan crisis al país. Nos ha faltado el talento y visión necesarios para entender que se requiere la suma de estructuras y personas para realmente apostar por conseguir los resultados que en México aspiramos a tener.
Algo está fundamentalmente mal cuando no logramos, en ya casi tres sexenios, los desempeños requeridos. Veamos algunos de los problemas detectados y los retos que tenemos en el futuro cercano en instituciones o áreas en que no se han combinado las mejores decisiones en cuanto a personas e instituciones se refieren:
