A lo largo del siglo pasado, la Corte mexicana fue un poder débil. Durante el siglo XX básicamente tuvimos un Poder Judicial supeditado al Ejecutivo en un régimen político de partido hegemónico.
Esta tendencia comenzó a cambiar en 1994, con el conjunto de reformas judiciales que dotaron a la Corte de la facultad exclusiva de resolver acciones de inconstitucionalidad, ampliaron sus facultades para conocer de controversias constitucionales, se creó el Consejo de la Judicatura y se modificó el método de nombramiento de los ministros.
Sin embargo, tuvimos que esperar una década más para que la Corte tuviera un papel más activo, cuando comienza una etapa de resoluciones sobre libertad de expresión, pueblos indígenas y, más tarde, derechos sexuales y reproductivos.
La elección presidencial de 2018 tuvo su propio significado para el papel de la Suprema Corte en la democracia mexicana. Desde el arranque de su administración, el presidente López Obrador ha sido un reacio crítico del Poder Judicial, de quien ha reprobado la protección brindada a élites políticas y económicas.
Al compás de los señalamientos presidenciales sobre la corrupción de jueces y ministros, y ante la incapacidad de generar un proyecto alterno a la 4T, la oposición ha elegido la judicialización como la vía para frenar el legado de este gobierno. En una suerte de acto de fe, actores políticos y económicos depositan sus esperanzas, quizá de manera demasiado optimista, en que la Corte sea el último reducto para detener la transformación del régimen buscada por el presidente.
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Con el nombramiento de la ministra Piña este entusiasmo creció. Algunas decisiones recientes alientan la estrategia de la oposición de ganar en el terreno judicial lo que han perdido legislando. La Corte admitió la controversia constitucional interpuesta por el INE contra el Plan B de la Reforma Electoral, concediendo además la suspensión de dicho plan. Además, una mayoría de ocho ministros decidió declarar inconstitucional el decreto por el que la Guardia Nacional se incorporaría administrativa y operativamente a la Sedena.
Estas decisiones en temas claves han elevado la expectativa por parte de los opositores del presidente López Obrador de que la Corte, bajo su nueva presidencia, podrá parar las reformas que no han podido ser contenidas por sus legisladores. Luego del número histórico de reformas aprobadas por la Cámara de Diputados y convalidadas por la Cámara de Senadores hace apenas unos días, la presión crecerá para que el Poder Judicial se convierta en un poder que rivalice con el Congreso de la Unión y el Presidente.
Mucho hay que decir sobre la judicialización de la política, una tendencia que se observa también en otras naciones con gobiernos con una amplia base de legitimidad popular que toman decisiones contrarias al modelo neoliberal. Algunos casos emblemáticos del uso político de las Cortes son los procesos de impeachment a Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula de Silva, por citar algunos ejemplos.
En otro extremo ideológico, la Suprema Corte en Estados Unidos con su mayoría conservadora ha tomado decisiones muy controvertidas en cuestiones sobre raza, género y religión. La postura del máximo tribunal en el tema de aborto ha sido la cúspide de una serie de decisiones judiciales que reflejan una Corte que da la espalda al interés popular a favor de grupos conservadores.
¿Es democrático que una Corte sin legitimidad popular, como si la tiene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, sea el freno de las decisiones emanadas de estos dos últimos poderes? En todo caso, que este debate hoy tenga sentido en México, nos habla de que, por primera vez en nuestra historia, funciona una verdadera división de poderes.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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