Por Pedro Aguilar* La aparente estabilidad financiera internacional se llenó de lecciones cuando estalló la crisis en el año 2008. Los reguladores del mundo volvieron a las mesas de trabajo para buscar las mejores prácticas, reglamentos y sanciones para al menos, mitigar un nuevo colapso. La estabilidad económica es un bien público global similar a la seguridad internacional o a la protección del medio ambiente, es decir, representa algo que necesitamos todos y que para lograrlo se requieren acciones coordinadas. En el caso de la estabilidad económica, es claro que un sistema financiero seguro es una condición necesaria para lograrla y que cuando este entra en crisis, las consecuencias pueden ser catastróficas. En los países de Centroamérica, similar a la mayoría, los esfuerzos han estado amparados en el marco de regulación propuesto por el Comité de Basilea. A distintas velocidades, los países de la región han avanzado más lento que lo deseado hacia lo que se conoce como una Supervisión Basada en Riesgos (SBR), caracterizada por un enfoque de sanas prácticas de gobierno corporativo, un entendimiento del negocio según sus riesgos y un análisis prospectivo para la toma de decisiones. El pasado diciembre, vencieron los plazos iniciales del acuerdo de Basilea III y se plantearon nuevos transitorios para otras reformas, en un ejercicio que tomará una década. Sin embargo, en los países del área, aún continúan pendientes reformas que vienen desde Basilea I, II, y en algunos casos, hasta este 2018 se han planteado cambios hacia lo requerido por Basilea III. Por ejemplo, uno de los grandes cambios introducidos en este último acuerdo de Basilea, fue la estructura para gestionar el riesgo de liquidez. El reglamento, considerando temas prudenciales y metodológicos, se publicó en Costa Rica en 2013, Nicaragua en 2016 y en 2018 en Honduras y Panamá. En el caso de Guatemala y el Salvador, tienen marcos específicos, pero sin componentes clave de la supervisión, caso de los indicadores prudenciales, mientras que República Dominicana no ha renovado la regulación. También es poco el avance hacia modelos avanzados para gestionar el riesgo de crédito, donde no se ha priorizado la modelación de las pérdidas esperadas de acuerdo con las líneas de negocio de los bancos; similar caso con el riesgo de mercado y el riesgo operativo, que se continúan calculado de acuerdo con los cálculos básicos para los reportes oficiales. Esto limita que las entidades y, por lo tanto, el sistema financiero, interiorice en su toma de decisiones la gestión de riesgos que se necesita, de forma prospectiva, considerando elementos sistémicos e individuales y, sobre todo, comprendiendo que los riesgos están relacionados y que no pueden medirse ni gestionarse de forma aislada. Hay temas prioritarios a resolver. En cuanto a las entidades reguladas, es fundamental evidenciar que toda estrategia de negocios bancaria debe ir de la mano con su apetito de riesgo, su tolerancia cuando este se presenta y su capacidad para asumirlo. Para ello, se necesita un sólido marco de Gobierno Corporativo, con roles y responsabilidades definidas y alineadas al plan estratégico. A estas alturas, las entidades deben tener una hoja de ruta para avanzar priorizando en sus riesgos relevantes, y comprendiendo que la mejor gestión no solo permite cumplimientos regulatorios sino optimiza las decisiones de negocio, desde el punto de vista financiero y no financiero. En cuanto a los reguladores, es hora de retroalimentar y calibrar la regulación de los últimos años, donde los colaboradores de estas entidades necesitan profundizar en los mecanismos de interacción con los supervisados, entendiendo que la supervisión ahora es más personalizada, diferenciada y que cada entidad cuenta con una realidad de gestión necesaria de comprender.  En este proceso, deben incorporarse con mayor participación a las calificadoras de riesgo y auditorías externas, no solo como entes garantes del desempeño de las entidades, sino como parte importante del ciclo continuo de mejora ante un entorno financiero cada vez más cambiante. Es necesario que región debe avanzar más rápido hacia la Supervisión Basada en Riesgos, con marcos regulatorios más integrales y prácticas más prospectivas de parte de las entidades, promoviendo la cultura de riesgos en entidades financieras más seguras y sistemas financieros más estables. *Risk Advisory Deloitte.    Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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