La definición de la ley secundaria de la reforma energética será vital para evitar que las empresas mexicanas del ramo queden en desventaja frente a las privadas.

 

 

 

PUBLICIDAD

Hay que reconocer que la iniciativa de reforma energética del Gobierno Federal parte de un hecho innegable: la explotación convencional de petróleo es cada vez más escasa y el petróleo de fácil acceso tiende a agotarse, lo que se suma a otras limitantes como la creciente importación de gasolinas y la insuficiente producción de gas.

Las cifras nos indican que el 50 % de la las gasolinas que se consumen en nuestro país se importan, y que la importación de gas ha subido de  un 3 a 33% de 1997 a la fecha. Lo anterior me lleva a concluir que existe una producción insuficiente motivada en gran medida por el hecho de que marco constitucional que regula la extracción de hidrocarburos ya no responde a las circunstancias actuales.

Hoy, la  industria de los hidrocarburos tiene que voltear forzosamente a las aguas profundas y al gas de lutitas, lo que implica riesgos financieros y dificultades técnicas.

Los costos que implica perforar en aguas profundas son cerca de 10 veces más altos que los que conlleva la extracción en aguas poco profundas. Por otro lado, el gas lutitas requiere de infraestructura que hasta la fecha no ha sido desarrollada en nuestro país, prueba de ello es que Pemex sólo cuenta con dos pozos rentables de este tipo, mientras Estados Unidos cuenta con 17, 900.

Todo lo anterior hace que la extracción en aguas profundas y la obtención de gas de lutitas sean  riesgos demasiado grandes para ser asumidos por una sola empresa.

Creo que la iniciativa de reforma energética es un paso en la dirección correcta porque al “eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos” será posible compartir riesgos, lo que se traducirá en un incremento de la producción, que posiblemente reduzca las importaciones.

Ahora bien, la reforma establece que de aprobarse, el marco constitucional permitirá la celebración de contratos para extraer, refinar y trasportar hidrocarburos, “siempre en los términos que establezca la ley secundaria”, lo cual implica, que dicha ley será muy importante en la conformación de la cadena de valor que se desprende de la apertura (modernización) de la industria.

En la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (AMIPE), hemos insistido en que la ley secundaria debe incorporar mecanismos que establezcan una coinversión bajo un esquema que contemple un mínimo de 30% de inversión nacional y un máximo de 70% de inversión extranjera. Esto con el doble objetivo de fomentar la industria nacional y evitar que las empresas mexicanas del ramo caigan bajo el esquema de subcontratación comúnmente utilizado por las empresas internacionales.

Estoy seguro que si en lugar de subcontratación, la ley secundaria incorpora un esquema como el que sostiene la AMIPE, las 50,000 empresas que rodean a la industria petrolera nacional pueden transformarse en inversionistas y operadores de servicios directos, que contribuirán con su experiencia y especialización a la formación de una cadena productiva sólida.

Asimismo, junto a estos mecanismos, la ley secundaría debe incorporar medidas que hagan que las licitaciones se lleven a cabo mediante procesos transparentes. Para lograrlo habría que asegurar formas en que los organismos especializados y representativos del ramo tuvieran acceso a las licitaciones en calidad de testigos sociales, especialmente cuando estas deriven en conflicto. Los organismos especializados y representativos podrían fungir como jueces que juzguen la viabilidad y ejecución de los proyectos, asegurando que estos lleguen a buen puerto.

En la AMIPE tenemos la convicción de que la propuesta de reforma energética enviada al Congreso abre la posibilidad de que estas medidas sean consideradas en la ley secundaria. Por lo cual seguiremos de cerca el debate sobre estas y otras cuestiones refrendando nuestro compromiso con la industria nacional.

Finalmente cual es la idea de fondo en realizar una reforma energética si no se asegura que la riqueza que puede desarrollar dichos cambios beneficie a la industria nacional y a la sociedad mexicana.

Sólo con planteamientos que garanticen una coinversion con empresas extranjeras, que de entrada nos llevan 20 o 30 años de experiencia de negocios  en este sector y que cuentan con esquemas financieros ya muy desarrollados para detonar dichos negocios, es que podremos asegurar que la reforma energética beneficie al máximo a los mexicanos.

 

 

 

Contacto:

E-mail: [email protected]

Página web: http://www.amipe.com

 

*Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

BRICS avanzan en creación de banco de desarrollo
Por

El periódico Wall Street Journal, reveló que las naciones establecerán la institución con un fondo de 50,000 millones de...