El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con las observaciones y modificaciones hechas a la nueva Ley de Vivienda en la que se eliminó el término plusvalía.

En el dictamen se ajusta el texto de los artículos que como el 26, en su fracción XX, hacía referencia a “la creación de mecanismos para combatir los procesos de acaparamiento, subutilización y especulación de los terrenos, que tiendan a revertir a favor de la sociedad las plusvalías generadas por el crecimiento urbano”.

Aunque desde un principio se dijo que no se trataba de un impuesto la confusión se generó.

Un impuesto es un tributo que se cobra a la mayoría y que no va etiquetado, va a una bolsa general de un presupuesto y que se utiliza normalmente para servicios públicos. El cambio al dictamen tiene el carácter de contribución. Una contribución, al contrario del impuesto, no es general, va etiquetado y su destino es fijo.

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“Lo que se debió de hacer desde un principio era no sólo incluir el término, si no también acompañarlo de una propuesta normativa que incluya los mecanismos esperados de captación”, dijo Jorge Macías, director de Desarrollo Urbano de WRI México.

Para el directivo, las preguntas puntales que los constituyentes debieron responder son:

  • ¿A quién se le va a cobrar?
  • ¿Cuánto se le va a cobrar?
  • ¿Cómo se va a cobrar?
  • ¿Cuál será la tasa de interés?
  • ¿Cuál es el precio?
  • ¿Cómo se va poder pagar?
  • ¿De qué manera se van a asignar los recursos?
  • ¿Cuál es el destino de los recursos?
  • ¿Quién va ejecutar ese dinero?
  • ¿Quién va a vigilar, monitorear el correcto uso del dinero?
  • ¿Por qué nos conviene, ambiental, económica y políticamente?

“Estas preguntas que nos responderían de donde se sacaría el dinero, no están escritas en ningún lugar. Si se tienen estos tres elementos (ambiental, económica y políticamente), que no los tuvieron los constituyentes, podrían haber resuelto cualquier duda o confusión”, dijo Jorge Macías.

Lo que busca resolver este instrumento (plusvalía o contribución), continúa el directivo, es  como redistribuir ese dinero para la mayoría.

“Todos estamos aportando para el enriquecimiento de personas, que no por su propio esfuerzo, lo está generando. Es como si estuviéramos destinando nuestro dinero para obtener un interés, pero ahorita el interés se lo está llevando unos cuantos”, dijo Macías.

Una analogía para lo que trata explicar el directivo es cuando alguien come con los amigos y todos se reparten la cuenta, pero uno de ellos pidió más cosas o cosas más caras. Lo justo sería que esa persona pagara más que los demás.

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Para muestra…

Para Jorge Macías, el mercado inmobiliario en la Ciudad de México, y en el resto del país, tiene una necesidad de generar mecanismos de transparencia en el proceso de la asignación de las acciones urbanísticas, por ejemplo, el uso de suelo o la edificabilidad.

“Lo que pasa actualmente es que si un desarrollador quiere que le cambien el uso de suelo o el número de pisos que puede construir, tiene que lidiar con varios temas de informalidad, en donde de todas maneras tiene que pagar un parte del valor que va a generar a un individuo o a una institución de manera opaca, corrupta. Eso ocurre todos los días, no en todos pero ocurren muy seguido”, dijo Macías.

Si se hace bien como en Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá o Francia, lo que ocurre es que se le da más transparencia al uso de los recursos.

“Es en ese sentido donde la propuesta de plusvalías se inserta de cierta manera. Está discusión de recuperación de plusvalías es una reacción ante el mercado inmobiliario y ante las necesidades de ese mercado de tener certidumbre de los procesos”, destacó el director de Desarrollo Urbano de WRI México.

 

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