Todo juicio implica una guerra de estrategias y el de Emilio Lozoya no será distinto.
Si bien la parte mediática será la más espectacular, se está desarrollando una minuciosa labor de confección de los argumentos, por parte de la defensa y de la configuración de responsabilidad que pudieran existir desde la óptica de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los mariscales visibles de lo que puede convertirse en el proceso judicial más importante para la 4T son el ex juez español Baltasar Garzón y el fiscal Alejandro Gertz Manero.
El primero conoce las dinámicas que se pueden alimentar desde la perspectiva del debido proceso y de las garantías que se deben otorgar a cualquier acusado. Garzón se siente cómodo con los altos decibeles de los medios, porque sabe que una parte sustancial de los litigios se define con las percepciones.
Su trabajo no será en los juzgados y los tribunales –para eso se designó a un sólido equipo de litigantes mexicanos—sino en sus entretelones, en la búsqueda del mejor escenario para su cliente.
Para Lozoya lo más importante, en estos momentos, es alejar la posibilidad de ingresar a prisión, o de pasar una larga temporada tras las rejas, y salvar a su familia de la persecución legal que enfrenta. Su hermana y su esposa son prófugas de la justicia.
El fiscal mexicano, en cambio, tiene que valorar lo que puede aportar Lozoya desde una perspectiva que garantice que habrá sanciones para los responsables de la corrupción a gran escala.
Su trabajo es complejo, porque lucha ya contra las expectativas. El caso Lozoya es visto como la puerta de entrada a los oscuros pasillos de la corrupción, de las riquezas mal habidas de una clase política que se encuentra en sus horas más bajas.
Gertz sabe y lo sabe bien, que es muy difícil que se acople la aspiración de la sociedad con las posibilidades de la justicia. Las confesiones de Lozoya, las que rendirá para salvarse, no siempre conducirán a resultados, por escandalosas que sean, sino van acompañadas de elementos sólidos.
Además, muchas de las presuntas conductas delictivas en las que está implicado Lozoya prescribieron hace tiempo y otras, a pesar de lo sucias que puedan parecer, no son delito.
Sin embargo, el contexto lo apremia a buscar resultados, a revertir la idea de que la impunidad es un tatuaje y no una mancha que se puede diluir, por complicado que resulte.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no piensa desperdiciar el dividendo político, la posibilidad de dar lustre a su denuncia del pasado y por ello afirmó que lo importante con el caso del ex director de Pemex es que se revele lo que ocurrió, que se ponga luz en los esquemas que permitieron sobornos y moches. La hoguera en lugar del juicio, la expiación para suplir a las condenas.
Es una apuesta riesgosa, porque los tribunales políticos y mediáticos son animales que caminan solos, que recorren rutas impensables y que no siempre concluyen como se esperaba.
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