El paro de jornaleros en el Valle de Baja California es una señal de alerta que puede tener consecuencias más allá de lo que significa un conflicto laboral. Se trata de una crisis que involucra desde el respeto a las garantías de los trabajadores del campo hasta el derecho constitucional de los mexicanos a la alimentación. Si las autoridades correspondientes dejan que esto crezca, el precio lo pagarán millones de mexicanos.

 

El fin de semana los jornaleros de San Quintín, en Baja California, anunciaron un paro indefinido de labores, luego que sus patrones se negaran a pagarles 200 pesos diarios, es decir, alrededor de 1,000 pesos a la semana o 4,000 pesos por mes, lo que los dejaría por debajo del ingreso ideal de 6,000 pesos mensuales que alguna vez describió el ex secretario de Hacienda y Crédito Público Ernesto Cordero como una media perfecta para que una familia viviera con comodidades.

Pero lo que no se ha visto o analizado es que este problema va más allá de lo que pasa en el valle bajacaliforniano o en las historias de terror detrás de los jornaleros que son explotados en 19 estados del país.

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La ecuación es muy sencilla: si no se mejoran las condiciones de la gente que trabaja en el campo, pronto no habrá quien haga esas labores, lo que podría agudizar la insuficiente producción de alimentos que se requiere para darle de comer a los 122.3 millones de personas que habitamos este país –según el último conteo del Banco Mundial (BM).

La consecuencia inmediata de una falta generalizada de productos agrícolas sería un alza generalizada de precios, un lujo que no nos podemos dar en un México en el que 53.3% de la población no tiene acceso a la canasta básica y en el que un kilo de uva blanca alcanzó este fin de semana un precio de 113 pesos en algunos supermercados de la capital del país.

La autosuficiencia alimentaria para un país no sólo es una cuestión de economía sino también de justicia social, ya que el derecho a la comida lo establece la Constitución; sin embargo, desde hace más de tres décadas la Carta Magna se convirtió en letra muerta, en lo que a este punto se refiere.

Habrá quien le eche la culpa a la falta de tecnología, otros a la globalización y, por supuesto, también al clima y la mala suerte, pero lo cierto es que México está muy por encima de la línea de importación de alimentos que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que es de 25%.

Actualmente compramos al exterior 45% de los que se consume, es decir, casi la mitad de lo que comemos los mexicanos viene de otras naciones.

A mediados de los noventa, cuando apenas entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México importaba algo así como 1,800 millones de dólares en alimentos, alrededor del 10% de lo que se consumía entonces. Para 2013 la cifra había crecido hasta 24,000 millones de dólares anuales. Y de continuar a este ritmo, distintos estudios prospectivos alertan que en 19 años podríamos llegar a los 250,000 millones de dólares.

Los números hacen que a cualquiera se le pongan los ojos cuadrados, sobre todo si se toma en cuenta que en 2013 la bolsa del BM para dar ayuda sanitaria era de 8,700 millones de dólares para 65 países.

Tan sólo en el caso del maíz, un grano del que México es lugar de origen y que sirve para medio alimentar a las familias pobres del país, el gobierno compra 30% de lo que se consume cada año, y aunque en los mercados de futuros el precio ha ido a la baja, en el 2030 un kilo de tortilla tal vez podría costarnos lo mismo que un kilo de pollo.

El tema de San Quintín abre muchos frentes para las distintas autoridades, y ya hace tiempo que nos dimos cuenta que la importación no es la solución para calmar el hambre. El tema de este valle en Baja California, si no se atiende como debe ser, puede convertir en una bola de nieve que crezca y al caer se lleve a su paso a funcionarios de todos los niveles.

 

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