La decisión de la Secretaría de Energía (Sener) de dar la operación del megayacimiento Zama descubierto por el consorcio encabezado por Talos Energy a Petróleos Mexicanos (Pemex) está haciendo que las petroleras internacionales que llegaron a México reconsideren sus inversiones, pues no se descarta que haya más casos como éste.

Desde el año pasado, la dependencia a cargo de Rocío Nahle ordenó la unificación de Zama con la asignación Uchukil de Pemex y en julio de 2021 le concedió a la Empresa Productiva del Estado ser la operadora.

Emily Medina, miembro de la Energy Policy Research Foundation, indica que las decisiones de esta administración están provocando que las empresas extranjeras que llegaron para la exploración y extracción de hidrocarburos repiensen sus inversiones

“Ahorita están considerando, quizá no conviene seguir apostándole al sector energético mexicano, yo creo que muchos van a querer poner pausa a futuras inversiones en exploración y producción debido a esta decisión”, dijo durante el Encuentro Internacional de Energía México 2021.

La analista agregó que a su consideración, se ha deteriorado la legitimidad del acuerdo de unificación por la manera en la que se dio y debido a que Pemex levantó la petición días antes que la misma Sener tomara su decisión y hay un conflicto de interés al ser Nahle la cabeza de sector y la presidenta del Consejo de Administración de Pemex.

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Para Medina, hay tres implicaciones del caso Zama: la económica, el riesgo-país y la seguridad energética de México.

Explicó que en el plano económico, el consorcio junto con Pemex invertirían cerca 10,000 millones de dólares a lo largo del desarrollo de Zama, esto para alcanzar una producción de 692 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

El campo Zama tiene una superficie aproximada de 26.7 kilómetros cuadrados y se localiza en aguas someras del Golfo de México a 58 kilómetros frente a las costas de Tabasco.

La extracción de los hidrocarburos en el yacimiento Zama resultaría en ingresos netos hacia el 2040 en 54,600 millones de dólares, donde la mayor parte es para el Estado (78%).

“El Estado recibiría casi 37,000 millones de dólares por el pago de contraprestaciones y derechos sin tener que asumir el total del riesgo que esta inversión implicaría”, resaltó Medina.

En el segundo punto, comentó que el tema de la implicación del riesgo-país, al favorecer a Pemex y darle un trato preferencial contraviene directamente al tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC.

Sobre la seguridad energética, esta decisión puede ocasionar un impacto negativo en la restitución de las reservas petroleras y en la producción.

El gobierno y Pemex han detenido el avance del proyecto, la producción se encuentra sin avanzar, no hay un acuerdo y no se pueden tomar las decisiones finales de inversión con un plan de desarrollo y revisar la producción, la cual puede venir en línea tras el plan de desarrollo en 30-36 meses”.

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Sergio Pimentel, socio de Energía en AGON y excomisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), apuntó que el órgano regulador tuvo participación como asesor técnico de la Sener en la decisión de dejar como operador de Zama a Pemex y el veredicto fue que la empresa dirigida por Octavio Romero Oropeza sí contaba en el corto plazo con la capacidad técnica, financiera y de ejecución, algo que hoy en día está en duda, pues financieramente no hay presupuesto de Pemex para el megayacimiento.

El excomisionado de la CNH destacó la importancia de Zama, el quinto descubrimiento mas importante del mundo en 2017 en términos de volumen de recursos, e indica que no descarta que haya otros yacimientos compartidos.

Va a haber más casos como Zama, hay más de 400 asignaciones de Pemex y 111 contratos, (…) lo deseable es que prevaleciera la decisión técnica sobre la política“, pues en estos momentos este yacimiento ya tendría que estar produciendo, sostuvo Pimentel.

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