Por Belén Jasso*

El reciente inicio de operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en el marco de la reforma constitucional de mayo de 2015 en materia de combate a la corrupción, fue un tanto incierto debido a las deficiencias con las que cuenta su estructura, principalmente la falta de ratificación de los magistrados especializados del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargados de sancionar a funcionarios y particulares por actos de corrupción y la falta de nombramiento del fiscal anticorrupción, quien investigará dichos delitos.

Pero, ¿qué es lo que ha retrasado la designación del fiscal y cuál es el impacto en la correcta puesta en marcha del SNA? Si bien el Senado de la República tiene la tarea de nombrarlo con dos terceras partes de los integrantes de la cámara, no ha sido posible llegar a un consenso por parte de las diversas bancadas partidistas para su designación, quienes argumentan que necesitan realizar reformas a las atribuciones y analizar de fondo los requisitos que deben cumplir los candidatos a ocupar el puesto. Situación que ha retrasado el nombramiento por más de dos años, tiempo en el cual se han establecido prórrogas que tampoco se han cumplido.

Derivado de lo anterior, se ha detenido el inicio de actividades de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción creada en marzo de 2014 mediante acuerdo emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), y reformado el pasado abril, pues en sus artículos transitorios se establece que la Fiscalía entrará en vigor a partir del nombramiento de su titular por parte del Senado de la República.

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Asimismo, la reforma al Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción, publicada en el DOF de 18 de julio de 2016, mediante la cual se modifica la denominación del Título Décimo para ser de los “Delitos por hechos de corrupción”, está condicionada también al nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada y, por tanto, la imposición de penas en él previstas.

Por ahora, el SNA se ve limitado a aplicar sanciones únicamente a nivel administrativo por delitos de corrupción, por lo que la pronta designación de los magistrados y el fiscal anticorrupción es de suma relevancia para poder operar un sistema completo que cumpla con el objetivo de ser la institución que prevenga, investigue y sancione la corrupción a través de sus diferentes herramientas legales, instrumentos y protocolos normativos.

Recordemos que México se encuentra en la mira internacional por los diversos casos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años, por lo que el correcto funcionamiento del SNA debe ser una prioridad no sólo en el actuar legislativo, sino para todos los mecanismos institucionales creados para su correcta implementación y funcionamiento, y de esta forma los ciudadanos puedan vislumbrar el cambio sustancial en el combate a la corrupción que tanto han esperado.

*Belén Jasso es Editor de Contenido Legal en Thomson Reuters

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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