En Estados Unidos, viven al menos, 3.95 millones de mexicanos sin documentación regular.

Donald Trump es de los que piensan que “el que avisa no traiciona” y, desde el 2015, lo que tuitea lo cumple. Para no perder esa costumbre, ha iniciado las redadas “caza migrantes” anunciadas desde hace meses como parte de su estrategia para preservar la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Durante semanas, organismos de la sociedad civil y activistas han divulgado una serie de medidas para que los migrantes indocumentados puedan hacer frente a la estrategia que encabeza el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) en diez ciudades de la Unión Americana. Buscando la protección de los migrantes que están en la lista negra por no haber atendido los citatorios de la autoridad migratoria, se les ha recomendado no dar consentimiento para realizar registro de viviendas ni de pertenencias, no abrir la puerta, no huir, incluso se sugiere grabar los posibles encuentros en el marco de esta jornada de persecución (o más bien desencuentros) ya sea en la calle, en los centros de trabajo o incluso en los domicilios.

En definitiva, es aterrador imaginar la angustia que puede sentir un ser humano perseguido o amenazado en tales condiciones. Y, aunque el gobierno estadounidense asegura que estas primeras mil personas que están siendo buscadas tienen antecedentes criminales (manejar en estado de ebriedad, posesión de armas y/o sustancias nocivas, robo, entre otros), nada justifica la implementación de una estrategia que evoca las escenas registradas en la historia europea de la primera mitad del siglo XX.

México se encuentra en el ojo del huracán político de los Estados Unidos, por un lado, tan solo nos quedan escasas dos semanas para que se evalúe la estrategia de contención de migrantes centroamericanos pactada a cambio de la suspensión de una carga arancelaria y aunque México ha comprometido casi 100 millones de dólares para la instrumentación del programa Sembrando Vida en los países del Triángulo Norte de América Central, el problema de fondo seguirá latente porque ahí, México está solo. Por otro lado, ahora el gobierno del presidente López Obrador, tendrá que salir al paso con el diseño de programas que permitan la pronta y adecuada incorporación de los migrantes mexicanos de retorno en las comunidades de origen; es decir, lograr reincorporar a los connacionales que regresen ofreciendo oportunidades laborales, educativas, de asimilación cultural y de reintegración a una realidad que les resulta lejana, compleja y ajena.

No solo debe importar la creación de empleos para los ciudadanos centroamericanos que esperan en México que la autoridad migratoria estadounidense de resolución a su situación migratoria, se deben generar empleos en las comunidades mexicanas expulsoras de migrantes que seguramente estarán recibiendo familias enteras en las próximas semanas (además por supuesto, de crear los empleos para los miles de mexicanos que han perdido su trabajo en los últimos siete meses).

Tareas ambiciosas son las que se tienen en México para la segunda mitad del año, pues además de contribuir a la política migratoria de los Estados Unidos respecto al flujo de migrantes centroamericanos, debemos también agilizar los procesos de retorno de los ciudadanos que serán expulsados, evitar caer en controversia por el gasoducto en Yucatán para salvar la ratificación del T-MEC, dar golpe de timón para esquivar la recesión y evitar que el efecto Baja California motive los aires de reelección.

 

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