Unos de los principales elementos que vuelven a un mercado atractivo para invertir, es la certeza jurídica, el estado de derecho y seguridad. Cuando no hay condiciones regulatorias que faciliten el cumplimiento de las leyes, estabilidad y generación de más oportunidades, se genera incertidumbre a los negocios y se merma el ambiente propicio a la participación internacional.
México cuenta con elementos que lo hacen un destino de inversión atractivo. Entre ellos podemos mencionar su ubicación geográfica, además de sus costos competitivos. Particularmente en el sector automotriz, la fortaleza del país se ve extendida por una amplia red de proveeduría, pues es reconocida la calidad de manufactura mexicana, lo cual ha hecho que diversas armadoras elijan a México como plataforma única de fabricación para sus mercados internacionales.
Sin embargo, existen espacios en los que el país puede enfocar su atención para procurar las inversiones que, además de fortalecer el trabajo integral y regional que es tan relevante para nuestra economía, son parte del bienestar de la ciudadanía al permitir la creación de empleos y, en consecuencia, la mejora de su calidad de vida.
Uno de los hechos más relevantes, no solo para nuestro sector, sino para la economía nacional, son los recientes cambios en la Secretaría de Economía. Con ello, ahora más que en otro momento, la certeza jurídica se vuelve un factor determinante. Aunque efectivamente ha sido una noticia sorpresiva y que ha generado una amplia conversación, la entrada de los nuevos miembros del organismo, es una oportunidad para dar seguimiento a negociaciones internacionales y avances de México hacia su desarrollo.
La titular recién nombrada, Raquel Buenrostro, así como Alejandro Encinas, Subsecretario de Comercio Exterior y Abel Romero, Subsecretario de Industria y Comercio tienen ante ellos las puertas abiertas para encaminar al país hacia la recuperación y crecimiento económico. El nivel de competencia del país en comparación con otros mercados dependerá en gran medida de las pautas que se definan en nuestros días.
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Lineamientos legales y fiscales sólidos, transparentes y en favor de la población son imperantes para el desarrollo, incluida la industria automotriz. Previamente he mencionado la necesidad de un marco normativo adecuado para el impulso de la electromovilidad, ámbito en el cual México va aún atrás de otros países, pero cuyas áreas de mejora pueden aprovecharse para hacerlo una realidad cada vez más tangible.
Por otro lado, la protección de la seguridad no queda en segundo lugar para propiciar las inversiones y, sin duda, tampoco para la vida diaria de los mexicanos. Es necesario hacer una reevaluación sobre la vigencia del decreto con el que hoy es posible legalizar vehículos de procedencia extranjera, pues vulnera de forma permanente la seguridad vial, la seguridad pública, el medio ambiente y la competitividad del mercado regulado de vehículos ligeros usados y nuevos.
Las inversiones extranjeras, provenientes principalmente de Estados Unidos, Japón, España, Alemania y Francia han permitido que México se haya posicionado como socio clave en la industria automotriz, una de las más relevantes para la economía nacional, por lo que hay que nutrirla y conservarla. Por ejemplo, somos el séptimo productor y el quinto exportador de vehículos en el mundo, además del principal sector generador de divisas para el país.
Mantener y fortalecer un diálogo abierto entre gobierno, representantes de la sociedad civil y el sector privado permitirá generar líneas de acción beneficiosas para la economía. No obstante, es indispensable ponerlas en práctica para generar un ambiente con verdadera certeza jurídica que dé seguridad a la ciudadanía y a nuestros inversores, con el fin de llevar a México hacia el futuro, creando más y mejores empleos para los mexicanos.
Contacto:
José Zozaya, presidente ejecutivo de la AMIA
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