Hace unos meses, en febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los vecinos de los servidores públicos para que avisarán de signos de corrupción, es decir, para que advirtieran modificaciones en el patrimonio.

“El corrupto es fantoche, es prepotente, se nota a leguas hasta como camina porque empieza a pavonearse”, dijo el mandatario.

Detrás de la propuesta se expresa la idea de que “el pueblo bueno” vigile a quienes se portan mal, a los que no están en el camino recto que marcan las trasformaciones el nuevo tiempo, el que se inauguró el 1 de diciembre de 2018.

La vigilancia vecinal es una tentación que ha tenido efectos desastrosos en la historia y que fue utilizada por regímenes autoritarios. La delación ciudadana pronto se establece como un sistema de control y sin matices. 

Eso es lo que hay en el fondo, porque la línea entre el supuesto combate a la corrupción y la persecución de la disidencia es una línea muy fina. 

Pero sí eso era riesgoso, Alfonso Ramírez Cuéllar, el dirigente de Morena, dio un paso más, al proponer que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), pueda entrar en los domicilios particulares para revisar el patrimonio inmobiliario, con la finalidad de medir la concentración de la riqueza.

Esto en la actualidad sería una violación a la legalidad y por ello propone una reforma constitucional que termine con la inviolabilidad del domicilio, cuando se trate de las indagatorias, que realizaría el INEGI, de lo que se tiene y no se tiene. 

Morena no cuenta con la fuerza necesaria para una modificación de la Constitución de ese calibre, pero solo son unos cuantos votos en el Senado los que hacen la diferencia. Hasta ahora la oposición se ha mantenido firme, pero eso puede cambiar, como cambió en la cámara de diputados en su momento. 

Hay que tener claro, de igual forma, que el INEGI, una institución por demás respetada, no tiene vela en el entierro, y sus funcionarios han de estar preocupados y sorprendidos. 

De lograr sus propósitos, la propuesta de Morena, nos conduciría, tarde o temprano, a un régimen de excepción del que nadie estaría a salvo y en el que las posesiones serían vistas como sospechosas de antemano. 

Para nada hay que engañarse, Ramírez Cuéllar señala en el documento “El bienestar social y la lucha contra la desigualdad pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional” que “tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada”.

En el fondo, lo que se logrará, si prospera el disparate, será una suerte de criminalización de la riqueza y que, además se dará, en un contexto de ataques constantes al sector empresarial y a todo lo que es percibido como privilegiado. 

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