“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, es uno de los lemas más pronunciados por Andrés Manuel López Obrador; pero hoy está frase se ha convertido en el estandarte del grupo de ciudadanos, empresarios y abogados que están poniendo en jaque la construcción del aeropuerto en  Santa Lucia. 

Se trata del colectivo #NoMásDerroches encabezado por el organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, e integrado por Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, además de un grupo de abogados que, aseguran, están enfocados en “velar por la legalidad de en el uso de recursos públicos en proyectos gubernamentales”. 

“El artículo 134 constitucional habla acerca de los principios que se tienen que respetarse al momento de utilizar el gasto público, habla del principio de eficiencia, de economía, transparencia y honradez. De ahí surge el nombre del colectivo que lo que pretende es que se respeten todas las nomas jurídicas al momento de realizar cualquier proyecto de infraestructura por parte de cualquier gobierno”, detalla Gerardo Carrasco, integrante del colectivo y director de Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción. 

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Luego de un trabajo de más de cuatro meses y la integración de 147 juicios de amparo, este colectivo ha obtenido nueve resoluciones judiciales favorables para evitar el avance de la adaptación de la base militar aérea Santa Lucia para que opere como aeropuerto comercial y la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), incluso el gobierno deberá debe llevar a cabo acciones para conservar las obras.

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“Lo que se busca es que el poder judicial, si coincide con nuestra postura previa investigación al respecto; se pronuncie si es constitucional o no hacer un aeropuerto sin los estudios suficientes y si es constitucional o no cancelar un proyecto de infraestructura como es el de Texcoco, únicamente con base en una encuesta organizada por un partido político que no cumple con los requisitos constitucionales  por acusaciones de corrupción sin prueba alguna”, explica Carrasco en entrevista con Forbes. 

El colectivo considera que es posible revertir los planes del gobierno de López Obrador y continuar con la construcción del aeropuerto de Texcoco, que constituía una de las obras más ambiciosos de la administración de Enrique Peña Nieto. 

“Estamos en contra de las irregularidades de Texcoco, a favor de que se castigue a los funcionarios que pudieron haber cometido irregularidades, pero con independencia de esto, se debe anular por parte del poder judicial la orden de cancelación en Texcoco, celebrar contratos con empresas honradas a través de procedimientos transparentes de licitación y continuar con la obra porque ya se han invertido miles de millones de pesos”, apunta. 

El representante del colectivo que labora bajo el manto de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad fundada en noviembre de 2015 y encabezada por Claudio X. González -un notable critico del gobierno de AMLO-, asegura que no hay motivos políticos o económicos detrás de estás acciones. 

“Contrario a lo que se ha estado afirmando, no hay ningún tipo de interés político, partidista o económico, no pretendemos ser adversarios ni oposición política y tampoco pretendemos estar en contra del gobierno, pensamos incluso que los intereses ciudadanos son conforme a lo que ha predicado el gobierno”. 

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Pero los planes de AMLO en torno a las terminales aéreas de la capital del país no es el único objetivo en la mira del colectivo #NoMásDerroches, actualmente se encuentran analizando otros mega proyectos y revisar su legalidad. 

“Se está estudiando la legalidad y constitucionalidad de otros proyectos, sin embargo, en cuánto concluyan estás investigaciones, si creemos que tenemos elementos suficientes para acudir a tribunales, pues lo haremos y en su momento lo estaremos comunicando a los medios de comunicación”, apuntó el abogado.

La respuesta de AMLO

El gobierno de López Obrador, a través de la Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) impugnó la primera de cuatro suspensiones definitivas otorgadas al colectivo.

Previamente el mandatario ha señalado que el aeropuerto de Santa Lucia estará listo para sus operaciones comerciales en un periodo no mayor a dos años.

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