Una de las tantas víctimas de la pandemia de coronavirus es el sistema de justicia en México: levantar una denuncia ante un Ministerio Público (MP) en la capital del país y su periferia es proceso tortuoso y lento para las personas que han sufrido un hecho delictivo, debido a la falta de personal y dinámica en el lugar por el confinamiento.
Aunque en la declaratoria de emergencia sanitaria del 31 de marzo, el Consejo de Salubridad General estableció la impartición de justicia como actividad esencial durante este periodo, la realidad a la que se enfrentan los denunciantes es distinta:
Si bien las fiscalías del Estado y la Ciudad de México habilitaron plataformas digitales para iniciar el trámite el trámite de una denuncia, esto será cuando no se trate de delitos de alto impacto o estén relacionados con violencia, aunque cada entidad tiene sus precisiones.
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“Antes de venir aquí tiene que hacer su denuncia por teléfono al 911, sino no lo podemos atender”, fue lo que le dijeron en el MP a un joven, que prefiere mantenerse en anonimato, quien sufrió el robo de su vehículo hace poco más de una semana en la Zona Metropolitana del Valle de México.
La víctima relató para Forbes México que al llegar al centro de justicia en el Edomex, para levantar la denuncia correspondiente, le fue negado el acceso a él y las personas que lo acompañaban: “sólo una persona, el que va a denunciar, pero con guantes y cubrebocas”, le dijeron.
Tras adquirir dichos insumos por 50 pesos en la tienda frente al MP, las autoridades le reiteraron la necesidad comenzar el proceso con un reporte de los hechos al número 911, puesto que era requisito para atenderlo. Sin embargo, tras una serie de llamadas por más de una hora jamás hubo respuesta en las líneas de emergencia.
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En repetidas ocasiones, autoridades capitalinas y federales han subrayado sobre la capacitación reciente de los trabajadores de Locatel, el 911 y los teléfonos de emergencia para atender situaciones relacionadas al coronavirus, violencia intrafamiliar o de género, así como las emergencias cotidianas.
A pesar de ello, en un ejercicio realizado por este reportero no se logró entablar comunicación con algún operador de los teléfonos antes mencionados.
Tras no conseguir atención en las líneas de emergencia, según relata la víctima, informó a las autoridades del Ministerio Público sobre la necesidad de hablar por el teléfono rojo, una línea directa para iniciar una denuncia en caso de que ningún servidor público esté dispuesto a colaborar.
“Huy, jóven. Ahorita no hay nadie que lo atienda, no hay ni gente. Si no quiere estar aquí 5 o 6 horas sin que le resuelvan, mejor haga la pre denuncia por internet”, fue lo que le comentó la encargada al denunciante al colgar el teléfono rojo, quien después abandonó las instalaciones del centro de justicia donde los funcionarios públicos dormían acurrucados en sus sillas con un par de cobijas encima, puesto que era el filo de la media noche.
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El gobierno capitalino dispone de una plataforma digital para denunciar, siempre y cuando se trate de un robo sin violencia, de autopartes o en agravio a un adulto mayor/persona discapacitada; por hurto en lugar cerrado, de equipaje o de celular; así como robo en contra de transeúnte, fraude, abuso de confianza o daño a la propiedad.
En el caso del Edomex, esta vía electrónica es viable si el delito no es de alto impacto; sin detenido; que no requieran de atención psicológica o certificación de estado psíquico o físico inmediato; al igual que no se encuentre en riesgo la víctima, de acuerdo con el experto en derecho, Armando Granados.
Se le puede dar aviso a los teléfonos de emergencia sobre el hecho, pero para dar inicio a una carpeta de investigación se tiene que hacer de conocimiento a la entidad de justicia correspondiente, lo cual puede hacerse a través de la plataforma virtual de denuncia, según el jurista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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“Una vez que está asentada en internet (la denuncia), un agente del Ministerio Público adscrito a esta área realiza el análisis para saber si los hechos que se están denunciando son denunciables a esta plataforma, porque los delitos cometidos con violencia no son denunciables por esta plataforma”, detalló el académico de la UNAM.
En caso de que no se le pueda dar seguimiento a la denuncia de manera digital, el individuo tendrá que presentarse al MP correspondiente para realizar el trámite de manera presencial, señaló.
En el caso de la víctima consultada por este portal de noticias, quien sufrió el robo de un vehículo con violencia, refirió que tras no ser atendido en el centro de justicia, realizó su denuncia por internet, sin embargo el asesor jurídico de su aseguradora le explicó de manera tardía que por el tipo de delito se requiere su presencia en el Ministerio Público, por lo que tendrá que esperar a que las autoridades judiciales le indiquen vía electrónica a que agencia de justicia se tendrá que presentar de manera física.
Después casi 10 días de haber iniciado el proceso en línea, el querellante refiere que no ha tenido respuesta de las autoridades sobre en qué lugar presentarse para levantar su denuncia, procedimiento que requiere para deslindarse de responsabilidades sobre los posibles actos ilegales que pudieron realizar los maleantes durante el robo del vehículo.
Armando Granados, abogado de la máxima casa de estudios, subrayó que el teléfono rojo es un medio de comunicación directo con una autoridad investigadora, el cual puede usarse cuando el personal del centro de justicia no atienda; además existe el buzón directo de la fiscal correspondiente, así como los teléfonos para 55 53 45 52 58 o 55 53 45 52 56 en la CDMX para un caso similiar.
Sin embargo, insistió en que existen otros medios electrónicos donde las personas pueden quejarse en caso de que no sean debidamente atendidos en el Ministerio Público, como la página web de la fiscalía o la comisión de derechos humanos local.
El catedrático refirió que el MP tiene la obligación con el ofendido, de acuerdo a lo establecido por la constitución política, de otorgarle un asesor jurídico de manera gratuita, el cual debe ser un licenciado en derecho.
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Para recibir dicha atención, sólo debe bastar con pedirle al personal del centro de justicia sobre la necesidad de un abogado para que asesore al querellante durante todo el proceso de denuncia, puesto que es una responsabilidad del Estado.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 la cifra negra en México fue de 93.2%, esto representa a los delitos no denunciados y los que no tuvieron una averiguación previa o carpeta de investigación. Por lo tanto, en el 6.8% de los acontecimiento delictivos ocurridos en ese año se inició una indagación.
Además, del total de averiguaciones previas iniciadas en el MP, en el 51% de los casos “no pasó nada o no se continuó con la investigación”, develó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del 2019.
