El nuevo programa, que refuerza la regulación tendiente a reducir las emisiones de carbono en todo Estados Unidos, enfrentará a la maquinaria de cabilderos y abogados de la iniciativa privada.

 

Por Daniel Fisher

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Independientemente de los logros que tenga, el plan de energía limpia del presidente Obama logrará un objetivo importante en Washington: Generar una montaña de trabajo para abogados y cabilderos.

Al anunciar el plan, el presidente dijo que “los intereses especiales y sus aliados en el Congreso” se movilizaban para bloquear la ley incluso antes de que estuviera terminada. Ahora que ha sido promulgada, hay que sumar a multimillonarios de Silicon Valley, defensores de la industria solar, consultores ambientales y a una amplia gama de intereses especiales a la lista de competidores en un mercado eléctrico valuado en 375,000 millones de dólares (mdd), quienes pelearán para ganar alguna ventaja bajo la complejidad de las nuevas reglas.

Las nuevas reglas anunciadas ayer por la Agencia de Protección Ambiental cubren toda la red eléctrica de Estados Unidos, dictando onjetivos detallados para cada estado para la reducción de emisiones de CO2 en más de 30% para el año 2030. Para alcanzar esos objetivos, los estados tendrán que cerrar plantas de energía que trabajen con carbón y alentar a los servicios públicos a obtener su electricidad de fuentes bajas en emisiones, como la energía eólica y la solar, así como de programas de eficiencia y plantas de energía nuclear.

Así como la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act) ha motivado que las aseguradoras, los médicos y las compañías farmacéuticas se dirijan a Washington con la esperanza de moldear las reglas a su manera, el Plan de Energía Limpia crea enormes oportunidades de ganancias o pérdidas en función de la manera en que los reguladores modifiquen una regla aquí o allá.

Por ejemplo, integrado en la nueva regulación se encuentra el Plan de Incentivos de Energía Limpia (Clean Energy Incentive Plan), que dará a los estados créditos adicionales de CO2, lo que les permitirá retrasar algunos de los costos políticamente dolorosos de cierre de las centrales de carbón para fomentar la implementación de proyectos eólicos y solares, especialmente en “comunidades de bajos ingresos”. Eso le dará a los capitalistas de riesgo un incentivo para unir fuerzas con los activistas de la comunidad para proponer proyectos renovables en sus comunidades mientras los grupos de ambientalistas vigilando el proceso y quizá intercambiando su apoyo por asistencia a sus propias causas.

La regulación final también requiere que la EPA realice cálculos de gran complejidad para determinar si un estado ha reducido sus emisiones de CO2 mediante la adopción de un determinado curso de acción, cada uno con el potencial de afectar a varias partes de la industria. Los defensores de la energía nuclear, por ejemplo, sostienen que las armas nucleares deben ser incluidas entre las fuentes de energía de cero emisiones, ya que no emiten nada a la atmósfera. Eso molesta  los partidarios de la energía solar, que sostienen que la energía nuclear acaba por desalentar el uso de la energía solar. Ambas partes presionarán duro para proteger sus intereses.

El plan también obliga a los reguladores estatales y federales a encontrar la manera de equilibrar los efectos de los programas que incentivan a los consumidores a instalar medidas de eficiencia en contra de la reducción en el uso de electricidad que se producirá cuando los precios suban, lo cual requerirá el pago de consultores (algo nada barato) y un montón de cabildeo.

¿Y qué hacer con los estados que permiten a sus servicios públicos satisfacer los estándares de energía renovable mediante la compra de energía a parques eólicos ubicados fuera del estado? La EPA no quiere hacer conteo doble de electrones “libres de carbono” (ignorando, por ahora, el hecho de que las turbinas eólicas requieren toneladas de concreto en sus cimientos, y el concreto es uno de los productos más intensivos en CO2 en el planeta.) Así, los estados probablemente tendrán que realizar una contabilidad doble, una para hacer seguimiento de la forma como los servicios públicos se hacen de energía renovable con sede al interior del estado y otra que haga un monitoreo de la cantidad de energía limpias generada fuera de sus fronteras.

Es de esperarse un fuerte cabildeo de empresas como Tesla, que está impulsando el negocio de baterías domésticas y se beneficiarán de cualquier reglamento que fomente los servicios públicos para subsidiar la energía solar de azotea y otro tipo de generación descentralizada. Con una regulación clara, las baterías podrían ser consideradas elementos importantes tanto de la energía renovable como de la confiabilidad de la red, otra de las prioridades del plan.

Aunque el presidente y sus partidarios afirman que el plan es un reflejo de la evidencia científica y no de su opinión, Obama también ha dejado claro que ésta es, en el fondo, una batalla política. En su “Memo to America” en YouTube, Obama dijo a sus televidentes: “Recuerden a cada uno de los que les represente que su voto está condicionado a la protección del mundo que dejamos a nuestros hijos.”

No hay nada nuevo en eso. Ya en los años 1920 y 1930, EU se enfrentaba a una crisis similar sobre otro recurso precioso: el petróleo. Los perforadores que explotaban la vieja regla inglesa perforaban pozos tan rápido como podían en nuevos descubrimientos, quemando el gas natural que proporcionaba la presión necesaria para sacar el petróleo a la superficie y dejando miles de millones de barriles de crudo atorados en el suelo.

En ese entonces el término “conservacionista” implicaba ser un defensor de fuertes regulaciones estatales y federales para obligar a los perforadores a adherirse a normas de ingeniería responsables que garantizaran que la máxima cantidad de petróleo pudiera recuperarse. Se libraron feroces batallas políticas entre los conservacionistas y sus aliados en el gobierno de Roosevelt, por un lado, y por petroleros independientes, por otro. Nada se resolvió de forma tan limpia y tan claramente como Obama hace que suene su plan energético.

Recuerdo la gran batalla petrolera que relata Done In Oil, la notable autobiografía de J. Howard Marshall, un hombre que es más famoso por haberse casado con el ex conejita de Playboy Anna Nicole Smith cuando tenía 89, pero décadas antes, Marshall fue el descendiente de ricos cuáqueros de Pennsylvania que dejó una prometedora carrera como profesor en la Escuela de Derecho de Yale para sumergirse en el áspero mundo de la regulación energética federal. Como uno de los “jóvenes brillantes” fue reclutado para tratar de poner orden en el negocio del petróleo.

Marshall fracasó estrepitosamente. La Suprema Corte de Estados Unidos anuló una parte clave de la estrategia de la Administración Roosevelt en 1935 (aunque Marshall volvió a escribir la ley en 48 horas para tratar de mantener el control sobre el petróleo perforado ilegalmente) y los estados productores de petróleo se unieron para mantener a raya al gobierno federal, como lo expresó Marshall. “Yo dudaba de que hubiera alguien en el país que supiera lo suficiente” para elaborar una política federal eficaz para el control de la industria petrolera, concluyó.

Un episodio más tarde en California ilustra esas luchas políticas y burocráticas –y la aparición de extraños compañeros de cama– que probablemente veremos tras la aprobación de la regulación de las energías limpias. A mediados de la década de 1930 las grandes compañías petroleras dirigidas por Standard Oil de California estaban tan afligidas por las actividades de los perforadores independientes que unieron fuerzas con el incipiente movimiento ecologista y se enfocaron en el ahorro de las playas del sur de California, para aprobar una ley que controlara la extracción de petróleo en los humedales del estado en 1938. Los independientes de inmediato trataron de organizar un referéndum a nivel estatal para anular la ley, escribe Marshall, “pero algunos de nuestros amigos dirigieron la campaña del referéndum”. En un giro sorprendente, un número sustancial de boletas se “perdió” y el referéndum fracasó.

La política está ligada de una forma tan inextricable al debate sobre el calentamiento global que la Ley de Energía Limpia probablemente inspirará dosis similares de luchas internas.

 

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