Reuters. – Desde que el dictador Manuel Noriega fue capturado por tropas estadounidenses en 1989 y encarcelado por 30 años acusado de tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero, Panamá ha batallado para sacudirse su reputación como paraíso fiscal para las ganancias del crimen.

El país ha tratado de elevar sus ingresos legales desarrollando el turismo, reformando la banca y renovando su canal. La llegada de la marca Trump, reconocida globalmente, marcó un paso hacia la rehabilitación, primero con la organización del certamen Miss Universo en 2003 y luego con la apertura del Ocean Club en una ceremonia en 2011.

Pero ha habido turbulencias. Ricardo Martinelli, presidente entre 2009 y 2014, quien fuera llamado “mi amigo” por Trump durante la ceremonia de apertura del Ocean Club, fue arrestado en Miami en junio de 2017 bajo una orden de extradición de Panamá. Se le acusa de haber intervenido los teléfonos de políticos de oposición y enfrenta múltiples investigaciones por corrupción.

Martinelli ha negado los cargos, diciendo que están motivados políticamente.

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En un reporte publicado hoy, Global Witness, una organización anticorrupción, afirma que Panamá presentaba retos particulares para desarrolladores de bienes raíces en la década del 2000.

“Pese a que no había un requerimiento en las leyes de Panamá o de Estados Unidos en ese momento que obligara a los desarrolladores o licenciatarios como Trump a realizar procesos de investigación para adquisiciones, cualquier hombre de negocios responsable que quisiera prevenir lavado de dinero, debió de haberse asegurado que este tipo de revisiones se hiciera”, señaló el reporte.

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