A más de un año de que se diera a conocer el espionaje y amenazas en contra de promotores del aumento de impuestos a bebidas azucaradas, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha presentado avances en la investigación del caso.

Durante un acto simbólico al exterior de las instalaciones de la PGR, activistas de los derechos digitales y la salud exigieron que se investigue a fondo el uso del sistema de espionaje Pegasus y que se establezca un mecanismo extraordinario para asegurar garantías de independencia en las pesquisas.

“En estos nueve meses hemos confirmado que la PGR ha llevado a cabo una investigación que sólo puede ser calificada como un acto de simulación”, aseguró Luis Fernando García, integrante de R3D de derechos digitales.

Las amenazas en contra de los activistas y científicos, así como el uso de este malware, ocurrieron en el marco de una campaña para promover más impuestos a las bebidas azucaradas y reformas a las normas del etiquetado de los alimentos empaquetados.

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Asimismo, existen señalamientos de que la herramienta se ha utilizado para espiar a activistas de derechos humanos y periodistas mexicanos.

De acuerdo con investigaciones periodísticas internacionales, la PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal, adquirió el software Pegasus, el cual es distribuido por la empresa israelí NSO Group de manera exclusiva a gobiernos para detectar actividades ilegales y de terrorismo.

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“Hemos insistido en la necesidad de una investigación independiente, autónoma y con supervisión internacional que pueda dar certeza no sólo a las víctimas del caso sino a la sociedad en su conjunto, porque es ampliamente revelador que en lugar de utilizar estas herramientas tecnológicas tan poderosas para investigar a los violadores de derechos humanos, a los que cometan actos de corrupción, los que abusan del poder económico y político, son utilizado justamente en contra de los que han expuesto esos actos”, apuntó García.

Desde la denuncia de este espionaje hasta la fecha se han solicitado 70 investigaciones y ninguna ha sido aceptada por la PGR, por lo que muchas de estas solicitudes ya han sido judicializadas.

Hasta la fecha no se han elaborado peritajes forenses a los equipos en los que se implantó el malware e incluso la PGR asegura que no existen mecanismos que le den evidencia de que fue utilizado Pegasus.

“El uso de esta tecnología no sólo está considerada como ilegal sino como abusiva por parte de las autoridades. No solamente se preguntan quienes han sido afectados, porque se está utilizando una herramienta tan nociva de espionaje, sino qué se va a hacer con esa información. ¿Para qué las instancias del gobierno mexicano podrían utilizar esa información en personas que ni siquiera están sujetas a una investigación criminal?”, cuestionó José Manuel Casanueva, integrante de Social TIC.

Los activistas indicaron que también solicitarán a los candidatos presidenciales que se pronuncien respecto al uso de estas herramientas.

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