Según los documentos divulgados, hasta ahora el tribunal responsable ha dado luz verde a todas las indagaciones del programa Prism.

 

Reuters

WASHINGTON/SAN FRANCISCO – Las empresas de internet estadounidenses que quieren resistirse a las demandas del Gobierno de entregar datos sobre consumidores para investigaciones de inteligencia tienen pocas opciones legales, debido al carácter reservado de este tipo de investigaciones y a un proceso de revisión judicial desarrollado en secreto.

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Google, Facebook y Microsoft están entre las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos que fueron citadas la semana pasada como principales fuentes de datos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés), bajo la vigilancia de un programa calificado dentro de la agencia de espionaje como Prism.

Aunque las compañías han desmentido de manera uniforme que tuvieran conocimiento de Prism y han dicho que no dieron acceso directo a sus servidores a la NSA, responsables de Estados Unidos han confirmado la existencia del programa, que el presidente Barack Obama defendió como “una modesta intrusión” en la privacidad que era necesaria para proteger la seguridad nacional.

El programa se basa en la sección 702 de la versión modificada de 2008 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), que permite al Gobierno recopilar comunicaciones electrónicas con el objetivo de adquirir inteligencia sobre objetivos no estadounidenses que supongan una amenaza para la seguridad nacional.

Para los proveedores de servicios electrónicos, la ley dice que el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera en Washington puede autorizar a la compañía a proporcionar “toda la información, servicios o asistencia necesaria”. En contrapartida al cumplimiento, la compañía es compensada por su trabajo y recibe inmunidad frente a posibles demandas.

La sección 702 es “una gran herramienta para conseguir información que están buscando”, dijo Matt Zimmerman, abogado de la fundación Electronic Frontier, un grupo de San Francisco defensor de las libertades civiles y crítico con la ley.

El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera aprueba casi unánimemente las peticiones de la NSA relativas a la FISA, según documentos del Departamento de Justicia. En 2012, el tribunal recibió 1,856 solicitudes de vigilancia electrónica y búsquedas físicas. Se aprobaron todas menos una, que el Gobierno retiró antes de que el tribunal pudiera pronunciarse.

Todos los casos judiciales se mantienen en secreto, incluyendo los fallos, y no se dan detalles a las compañías sobre las investigaciones para las que se les ha pedido información, dijeron expertos legales familiarizados con el proceso. Esto fomenta el cumplimiento en un momento en el que los abogados corporativos no quieren entorpecer investigaciones que podrían ayudar a evitar ataques terroristas, por ejemplo.

Cualquier empresa que se oponga a la orden de un juez puede recurrir ante el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, pero no hay datos públicos sobre si alguna vez se ha dado el caso. La ley permite más apelaciones ante este mismo tribunal y en última instancia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“Es posible que haya habido demandas, pero si es así, siguen siendo secretas”, dijo Alex Abdo, abogado de la Unión de Libertades Civiles de EEUU, que trató sin éxito de modificar la ley de 2008 como inconstitucional.

Aunque el Departamento de Justicia está obligado a informar al Congreso cada año del número de solicitudes que realiza el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, un portavoz del departamento dijo el viernes que no tenía conocimiento de obligación alguna para divulgar el número de casos que las compañías llevan a los tribunales.

 

Secretos de Estado

La divulgación esta semana de los amplios programas secretos de vigilancia por correo electrónico y teléfono de la NSA -en los que están involucradas compañías de Internet y de telecomunicaciones estadounidenses- ha provocado que los altos ejecutivos de Silicon Valley pidan una mayor transparencia.

“Entendemos que Estados Unidos y otros gobiernos necesiten tomar medidas para proteger la seguridad de sus ciudadanos, incluyendo en ocasiones el uso de vigilancia”, dijeron el consejero delegado de Google, Larry Page, y su consejero legal David Drummond en un comunicado conjunto. “Sin embargo, el nivel de discreción en torno a los actuales procesos legales debilita las libertades que todos deseamos.”

Empresas tecnológicas, entre las que se incluyen Apple, Yahoo, Skype de Microsoft, AOL y PalTalk, dijeron que no conocían el proyecto Prism hasta el momento. Antiguos analistas de inteligencia dijeron que era probable porque la NSA sólo utilizó ese nombre a nivel interno.

El Washington Post fue el primero en informar de que Prism contaba con la cooperación voluntaria de compañías pero más tarde escribió que se les había pedido que cumplieran con las peticiones de ayuda de Justicia.

El Post informó en un primer momento de que las empresas dieron acceso a sus servidores a los funcionarios, pero después citó un memorándum confidencial afirmando que los analistas podían realizar consultas a los equipos instalados en las firmas.

El sábado, el New York Times informó de que el equipo había estado negociando enérgicamente con las compañías.

“Históricamente sabes de estas ‘asociaciones’ y la inteligencia ha estado haciendo cosas de este tipo durante mucho tiempo”, dijo el antiguo analista de la NSA Ron Gula, ahora consejero delegado de Tenable Network Security. “Lo que ha cambiado es el volumen.”

El alcance de este cambio en cuanto a volumen sigue sin conocerse. Aunque los ejecutivos de compañías tecnológicas desmienten con rotundidad el manejo de solicitudes al por mayor, las consultas mecánicas de las agencias todavía pueden producir grandes cantidades de datos.

Google y Twitter, que es el gran ausente de las diapositivas de la NSA sobre Prism que fueron publicadas por el Washington Post, han acudido a los tribunales para oponerse a algunas otras peticiones de datos sobre sus usuarios.

Grupos de libertades civiles que han demandado al gobierno por programas sospechosos de escuchar y grabar llamadas telefónicas, dijeron que utilizarían las nuevas declaraciones de esta semana para reforzar los casos existentes y, posiblemente, presentar nuevas demandas.

“La NSA recopila mucho”, dijo Stewart Baker, antiguo abogado general de la NSA. “Hay algunos patrones de hecho donde no hay manera de atrapar a los terroristas sin agrupar esa información en algún lugar en el que el gobierno tenga acceso. Es probable que impongas restricciones no en la recopilación de datos pero sí en la búsqueda.”

 

 

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