La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes con 6 votos a favor y 5 en contra, aunque reformuló la pregunta que será presentada a la ciudadanía.
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El ministro Luis Maria Aguilar planteó en su proyecto que l consulta era inconstitucionalidad, pues restringía los garantes o mecanismos para la protección de los derechos humanos, toda vez que la investigación, persecución y sanción de los delitos es una función esencial del Estado Mexicano que no puede someterse a la decisión popular.
“La tarea de la Suprema Corte no tiene nada que ver con decidir si debe investigarse o no a los expresidentes de México por los delitos que supuestamente cometieron antes, durante y después de su gestión, no le corresponde decidir si existen pruebas o si debe abrirse una investigación, sino sólo analizar la constitucionalidad los fundamentos de una pregunta que se sometiera a una consulta popular”, señaló Aguilar.
‘Es constitucional’
Los ministros que consideraron constitucional dicha consulta fueron el ministro presidente Arturo Zaldívar y los ministros Alfredo Gutiérrez, José Luis González, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán.
Entre los argumentos de Zaldívar para considerar constitucional la pregunta fueron que el objeto de la consulta no restringía derechos humanos y además de que la Suprema Corte no puede coartar el derecho a la participación ciudadana.
El ministro Alfredo Gutiérrez consideró constitucional la materia de la consulta, aunque abogó por hacer cambios en la pregunta que integraría la misma.
La ministra Margarita Ríos Farjat argumentó que el proyecto de inconstitucionalidad tenía una lectura restrictiva del derecho humano a la consulta y la Suprema Corte no podía tener una visión restrictiva como para que esas expresiones ciudadanas no puedan encontrar el desfogue por medios no regulados.
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‘Es inconstitucional’
A favor del proyecto para pronunciar inconstitucional la consulta votaron los ministros Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Fernando Franco González y Norma Piña.
El ministro Javier Laynez presentó una serie de argumentos en el que señalaba que la justicia no se consulta porque afecta los mecanismos protectores de los derechos humanos y los derechos humanos en sí mismos.
“Esta decisión no es fácil y posiciones como la mía no son muy populares, los jueces constitucionales no somos nombrados para ganar popularidad los poderes ejecutivos y legislativos si, además de su experiencia están para actuar conforme al deseo de las mayorías, pero la corte no”.
La ministra Norma Piña apuntó que la materia de la consulta popular era inconstitucional debido a que se pretende consultar si las víctimas de delitos tienen derecho a que se respeten las garantías de sus derechos humanos como el derecho a la justicia y reparación del daño; así como que se pretende consultar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar y perseguir el delito.
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