José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República (Coparmex), aseguró que está a favor de la Guardia Nacional sin militares ni ex trabajadores de las fuerzas armadas.
“Estamos convencidos que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero sabemos que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado con instituciones civiles y no militares”, dijo el empresario.
El líder del sindicato patronal manifestó que la mejor manera de atender la inseguridad y combatir a las organizaciones criminales es a través de labores de inteligencia, la desarticulación financiera, la cooperación internacional y la articulación eficaz con el Poder Judicial.
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El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador planteó la necesidad de una reforma constitucional para que el mando de la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La idea del presidente se da en un momento en que México vive una crisis adicional a la de salud y a la económica, así como vive el recrudecimiento de la violencia y la expansión de la influencia de los grupos criminales en diversas regiones del país.
Los casos recientes de asesinatos en Reynosa (Tamaulipas), en Salvatierra (Guanajuato) y la cifra más alta de homicidios en este 2021 alcanzada en mayo pasado con casi 3 mil casos, confirman que la estrategia gubernamental no ha rendido los frutos esperados.
“De ser así, se desmantelaría el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de esa corporación fuese civil”, manifestó el presidente de Coparmex.
En 2019, la Ley en la materia estableció que la conformación y el desarrollo de las capacidades de la Guardia Nacional requerirían un período de cinco años para su implementación.
Un año más tarde fue publicado un decreto en el que se dispuso que las Fuerzas Armadas llevarían a cabo tareas de seguridad pública, pese a que ya se había considerado así en la reforma constitucional pero expresamente para que intervinieran de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, con una vigencia hasta marzo del 2024.
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Actualmente, la propia Guardia Nacional está integrada por 101 mil 561 elementos, los cuales están desplegados a lo largo y ancho de la República Mexicana.
“Esta cifra comparada con los 90 mil elementos de seguridad pública con que cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México nos permite dimensionar la necesidad de seguir ampliando su estado de fuerza y presencia territorial”, comentó el líder de Coparmex.
Las Fuerzas Armadas en la presente administración han asumido al menos 13 tareas adicionales a las de seguridad nacional, entre ellas: la construcción de infraestructura (Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía, Bancos del Bienestar); capacitación policial; apoyo y distribución de programas sociales; control de puertos y aduanas; combate al robo de hidrocarburos; control de la migración, así como la atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la distribución de vacunas.
“La participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de la administración pública, ajenas a su naturaleza esencial, debe ser subsidiaria y temporal; alargar la permanencia de los militares en las calles impide avanzar en la consolidación de instituciones civiles propias de una nación democrática y que respondan al fortalecimiento de la seguridad y justicia”, declaró José Medina Mora Icaza.
Con ello, se ponen en riesgo la imagen, la aceptación ciudadana e incluso la integridad de la Marina y el Ejército, advirtió el presidente de Coparmex.
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“La incorporación del mando de la Guardia Nacional al Ejército contraviene lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, que únicamente en las circunstancias de un caso concreto pudiera justificarse la participación extraordinaria de fuerzas armadas en labores de seguridad pública, garantizando que esto implique una intervención excepcional”, manifestó.
“No se puede ni debe seguir relegando al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), fomentando con ello la centralización y la militarización del país”, declaró el representante empresarial.
El presidente de la Coparmex expresó que es urgente restablecer y fortalecer los mecanismos institucionales construidos a lo largo de muchos años y luchas ciudadanas como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El organismo, que fue creado en 1995, tiene como función establecer las acciones y objetivos de la seguridad pública en México a partir de la coordinación entre instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones a nivel federal, estatal y municipal, bajo la articulación del Secretariado Ejecutivo (SESNSP).
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