En lo que va de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dirigido al menos cinco mensajes o informes a la nación, entre los que se encuentran el informe presidencial del 1 de septiembre, informes trimestrales y los que conmemoran su triunfo electoral; en todos se ha enfocado en el avance de la aplicación de sus programas sociales, la disminución de los niveles de delincuencia y las medidas para continuar con la “recuperación económica del país”.
Sin embargo, el segundo informe de gobierno de López Obrador cobrará especial relevancia no sólo por el mensaje en torno a la crisis financiera y sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, sino porque ocurre previo al arranque del proceso electoral que determinará la conformación de la Cámara de Diputados, 29 Congresos locales y 15 gobernadores.
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El panorama político mexicano parece estar profundamente dividido, en gran medida por los constantes señalamientos del jefe de Estado mexicano a las actividades a los líderes de oposición y organismos que no concuerdan con su visión de gobernanza y señalamientos por corrupción.
En su mensaje del pasado 1 de julio con motivo del segundo año de su victoria electoral López Obrador aseguró que será el “principal guardián” del voto y las elecciones intermedias de 2021.
Sin embargo, grupos políticos de oposición afirman que el gobierno de López Obrador se enfoca en el “descarrilamiento político” de sus adversarios, a través de diversas actividades como el proceso de investigación enfocado en la participación de ex funcionarios mexicanos en la trama de corrupción internacional de la constructora brasileña Odebrecht.
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La pieza clave de este proceso de investigación es Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien a través de un criterio de oportunidad prometió a la Fiscalía General de la República, revelar los nombres de los involucrados y el mecanismo que se utilizó para concretar estos sobornos.
Hasta ahora el ex funcionario ha señalado a través de una denuncia de hechos “al que fue presidente y el secretario de Hacienda” como los principales operadores de los sobornos de 100 millones de pesos que entregó la constructora brasileña durante la campaña presidencial del 2012.
También menciona al ex diputado del PAN Ricardo Anaya, los ex senadores Francisco Dominguez, Ernesto Cordero, José Luis Lavalle Maury y Salvador Vega; así como el ex dirigente del PRD en el senado, Miguel Barbosa; y David Penchyna también integrante de la Cámara Alta por parte del PRI.
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El supuesto contra ataque
Pero la imagen de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que lo llevó a la presidencia de la República no están exentos de señalamientos de actos de corrupción, pese a que exterminar este fenómeno es uno de las principales banderas del gobierno que encabeza.
El pasado 20 de agosto el portal de noticias LatinUs se publicó un video en el que se observa a Pío López Obrador, hermano del mandatario, recibir fajos de billetes por parte de David León, ex funcionario de Oaxaca.
Aunque AMLO prometió que su gobierno no defendería actos de corrupción, incluso su estos eran por parte de su familia, afirmó que esta grabación era una reacción de quienes ven afectados sus intereses”, ante los casos de Emilio Lozoya y Genaro García Luna, “para dañar al gobierno”.
