Desde el año próximo, los funcionarios podrán hacer campaña en cualquier momento. Es un cambio respecto al modelo de comunicación política que se estableció después de las elecciones de 2006.
Los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron definir que la propaganda gubernamental es solo la que se paga con recursos públicos, por lo que abrieron el abanico para otro tiempo de acciones de comunicación que estaban restringidas.
El argumento es el de salvaguardar la libertad de expresión de los servidores públicos.
Vale la pena recordar que las restricciones a los integrantes de los gobiernos se impusieron después de las elecciones del 2006, donde los partidos que apoyaron a López Obrador en la contienda presidencial exigieron controlar las expresiones de quienes están en las burocracias, para evitar una ventaja indebida.
Partían de la convicción de que las declaraciones de Vicente Fox contra López Obrador terminaron por afectar los resultados de la contienda y porque les parecía un desbalance enorme que el titular del ejecutivo pudiera inmiscuirse de esa manera.
En la actualidad su valoración es otra, porque tienen el poder y saben que una comunicación más libre les puede redituar para bien en términos de preferencias y apoyos.
Lo que no tocaron, ni el presidente López Obrador ni sus legisladores, fue lo que respecta a la contratación de publicidad en medios electrónicos. Este es un aspecto interesante, porque se mantienen las prohibiciones para la sociedad, ya que nadie puede adquirir espacio para hacer propaganda política.
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Es decir, los políticos con cargo público aumentan su margen de acción para promoverse, pero el resto de los involucrados en el juego democrático no.
Sin duda lo que permitirá una vez que se publique el decreto respectivo y lo que queda prohibido es polémico, porque ha sido parte de la disputa política desde hace 16 años.
Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández podrán realizar lo que ya vienen haciendo, aunque ahora sin tener que esquivar las normas y, mejor aún para ellos, sin atender las advertencias del INE o las sentencias del Tribunal Electoral.
Al no ser un cambio que se haya pensado en la integridad de las normas de comportamiento político y de las salvaguardas que deben existir, se va a generar falta de equidad en la disputa por el poder.
Es un retroceso, porque pareciera que se restaura el tiempo, no de la primera alternancia, sino de cuando había un partido hegemónico que controlaba prácticamente todas las variables de importancia en el desarrollo de una contienda. Por eso era difícil derrotar al PRI.
Quizá el país requería de mayor flexibilidad para la comunicación política en contextos electorales, ya que los servidores públicos tienen preferencias legítimas, pero al promover una legislación que no forma parte de una estructura coherente, sino que proviene de un cálculo ventajoso, es que vendrán los problemas y las quejas.
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