La nueva ley busca moderar el endeudamiento de las entidades y reducir el costo del financiamiento para los gobiernos locales. Trata de hacerlo a través de criterios de responsabilidad hacendaria que regirán a los estados y municipios para el manejo sustentable de sus finanzas públicas.

Tras un proceso legislativo de más de ocho meses, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

De acuerdo con Belén Jasso Álvarez, colaboradora de Thomson Reuters Dofiscal, entre las principales medidas que se regulan están:

  1. El gasto total propuesto por un gobernador o por un ayuntamiento, aprobado por el Congreso local, deberá contribuir a un balance presupuestario sostenible.
  2. Los estados estarán obligados a considerar en sus Presupuestos de Egresos las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que deriven de los contratos de Asociación Público-Privada.
  3. Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior podrán ser hasta por 2% de los ingresos totales de la entidad y de 2.5% del municipio que corresponda.
  4. Las legislaturas locales autorizarán los montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones por medio del voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
  5. Se establecen los términos y las obligaciones para la contratación responsable de deuda pública y se definen las bases que regirán el financiamiento de la Ciudad de México.
  6. El Ejecutivo federal, por conducto de la SHCP, podrá otorgar la garantía del gobierno federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de los estados y los municipios.
  7. Se implementa un sistema de alertas para monitorear los niveles de endeudamiento de un ente público y se crea el Registro Público Único, en el que se inscribirá y transparentará toda la deuda de dichos entes.
  8. Los recursos que obtengan las entidades y municipios de cuotas de gasolina y diesel podrán ser afectados en garantía, como fuente de pago de obligaciones, o en ambas modalidades, siempre y cuando sus obligaciones respaldadas con participaciones no excedan un monto equivalente al 100% de sus ingresos de libre disposición.

El decreto entró en vigor, y dentro de los artículos transitorios se prevé que el Sistema de Alerta y el Registro Público Único inicien su operación a más tardar el 1 de abril de 2017. Para ambos casos, el reglamento se emitirá a más tardar 180 días naturales después de la entrada en vigor del decreto.

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Esta ley tiene varios aspectos positivos, sin duda, pues muchos gobiernos estatales se han endeudado a lo loco y sin dar cuentas de en qué han gastado tanto dinero (el ejemplo de Coahuila es asqueroso, con una deuda pública superior a los 30,000 millones de pesos). La regla del equilibrio presupuestal debiera haber sido la norma, con muy escasas excepciones, como sucede en la Unión Europea y el Estado español, junto con sus Comunidades Autónomas.

El único problema que le vemos a la nueva ley es que puede ser utilizada como chantaje por la SHCP para alinear las políticas públicas de los estados con el gobierno federal, dando al traste con el de por sí débil sistema federal. Con los panistas –a pesar de lo mal que gobernaron– cobró vida la política de los estados de la Unión, frenando un poco el centralismo que nos caracteriza.

Con el regreso del PRI a Los Pinos, parece ser que la economía política se vuelve a manejar desde allí. Como decía Gabriel Zaid: así fue y así nos fue.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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