Luego de detectar que algunas empresas inhabilitadas para obtener contratos de la administración pública federal seguían participando en procesos de licitaciones mediante tácticas dilatorias legales y de otros tipos, la secretaría de la Función Pública (SFP) informó que estudian un proyecto de reforma de ley para evitar estas prácticas.
“Está en estudio un proyecto de reforma legislativa para que sea posible identificar de manera eficaz y eficiente a los beneficiarios finales de las empresas a fin de evaluar y evitar la elusión de las sanciones”, adelantó Roberto Salcedo Aquino, titular de la Función Pública durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario explicó que algunas compañías también se valen de amparos como tácticas dilatorias para que las sanciones que les son impuestas no cobren vigencia y puedan seguir participando en licitaciones federales, como sucedió con 19 empresas que prestan el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre en el sector salud.
“Durante las administraciones anteriores diversos servicios médicos se privatizaron mediante la subrogación y la prestación de servicios integrales en el sector salud de 2021 a 2023; en los procedimientos de contratación de estos servicios han participado 158 empresas de las que 121 resultaban contratadas, 89 para laboratorio clínico y 32 para el Banco de Sangre.
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“De las 121 empresas que prestan los servicios, 102 han actuado conforme a la ley tanto en el proceso de contratación como en la prestación del servicio las restantes, 19 empresas han incurrido en actos de corrupción principalmente en contrataciones anteriores a la actual administración al haber realizado acuerdos con objeto de repartirse y lícitamente las contrataciones mediante la omisión de información durante las licitaciones a fin de que resultara ganadora la o las empresas que habían acordado, además 6 de las 19 empresas incurrieron en prácticas monopólicas”, detalló Salcedo Aquino.
Gobierno alista reforma para evitar tácticas dilatorias de empresas sancionadas
El funcionario agregó que de las seis empresas están en curso 23 investigaciones sobre su actuación y que además, como consecuencia de lo anterior la Secretaría de la Función Pública ha impuestos sanciones a 13 de las 19 empresas.
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“Estas sanciones consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en procedimientos públicos visitatorios y multas que alcanzan casi los 2,000 millones de pesos”, dijo.
“Se tienen dudas razonables sobre algunas empresas que para eludir, las sanciones utilizan filiales y o el cambio de su razón social a fin de continuar en el mercado y en las contrataciones públicas sin que sea posible limitar su participación para contrarrestar esta situación, la Secretaría de la Función Pública revisa, la documentación de los licitantes a fin de verificar si existe alguna situación, anómala o de simulación que permita a los inhabilitados participar con subterfugios en el procedimiento de contratación”, detalló.
