El Presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de enviar la iniciativa estelar en su sexenio en materia energética, justo cuando faltan tres años para que concluya su mandato. Dicha iniciativa busca fortalecer al Estado, limitando la inversión privada para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda echar a andar sus plantas subutilizadas que dependen del carbón y combustóleo, y que bajo la legislación actual no puede explotar a su máxima capacidad por ser electricidad más cara y sucia que la de los privados. Cabe mencionar que México cuenta con un enorme excedente de combustóleo que produce PEMEX y que nadie en el mundo quiere comprar. Asimismo, el gobierno argumenta que las tarifas de porteo (distribución) son injustas para la CFE, por lo que esta acaba subsidiando a los privados. Además, mucha de la energía renovable producida por los privados no es estable, por lo que CFE se ve obligado a satisfacer faltantes en la generación eléctrica, en detrimento de las finanzas de la paraestatal.

En concreto, la reforma eléctrica de la autonombrada “Cuarta Transformación”, acota la generación eléctrica de los privados para que la CFE genere al menos el 54% de la energía que consume el país. Asimismo, cancela todos los permisos otorgados a las empresas privada de generación eléctrica, desaparece los certificados de energías limpias, elimina a las instituciones reguladoras de energía, incorpora al Centro Nacional de Control de Energía (juez) dentro de la estructura orgánica de la CFE (parte), revierte la estructura organizacional de la CFE en cuanto a su separación horizontal y vertical, y establece la explotación del litio como actividad exclusiva del Estado, en preparación a la alta demanda de este elemento usado para la fabricación de baterías eléctricas. Sin duda, todos estos cambios estructurales al mercado eléctrico del país tienen implicaciones directas en la vida de todos los ciudadanos. A continuación, analizo por qué la iniciativa ignora implicaciones importantes en materia económica, jurídica, y ambiental.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Económicamente hablando, se antoja difícil que la CFE pueda realizar inversiones suficientes para acrecentar la capacidad instalada de energía en el país, toda vez que las cifras de inversión física se encuentran en su punto más bajo en décadas. Peor aún, el director de la CFE, el Sr. Manuel Bartlett, revirtió los sistemas de pensión dentro de la CFE, lo que hace mucho más cara su operación. Ahora, cualquier trabajador varón con 25 años de servicio y 55 años de edad se puede jubilar, mientras que antes se requería de 30 años de servicio y 65 años cumplidos. Cabe decir que la CFE cuenta con más de 55 mil jubilados que en promedio perciben 65 mil pesos mensuales de pensión (ocho veces más que un jubilado por el sector privado), lo que hace a la paraestatal una empresa mucho menos competitiva. Todo lo anterior acota el rango de acción de la iniciativa para que los mexicanos disfrutemos de tarifas más baratas de energía, derivadas de un alza en la productividad y una baja en los costos.

En materia jurídica, la iniciativa modifica los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, la ley suprema de la Nación. Es precisamente el artículo 27 el que aborda temas sobre la propiedad privada y su reglamentación, por lo que cualquier reforma a este artículo de la Constitución tiene impactos directos en la confianza de inversores y en la ciudadanía en general. Desafortunadamente, la reforma afecta de manera desproporcional al estado de derecho. Por un lado, la iniciativa rompe con el principio de retroactividad de la ley, el cual se encuentra estipulado en el artículo 14 de la Constitución, debido a la cancelación de permisos otorgados por el gobierno. Además, la iniciativa va en contra de tratados internacionales tales como el TMEC, el TIPAT, y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Por lo tanto, la reforma eléctrica impone costos terribles en términos de inversión, confianza y alianzas con las principales economías del mundo.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información

Por último, la reforma eléctrica prioriza las energías sucias con base al carbón y combustóleo, en detrimento de las energías limpias. Al día de hoy, la CFE no ha sido capaz de instalar una sola planta de energía renovable que no sean la hidroeléctricas que ya se encuentran en operación. México y sus principales socios se han comprometido a una transición energética que dependa menos del carbón y que reduzca la huella de emisiones. La iniciativa eléctrica del gobierno desmantela el mercado de certificados de energías limpias e ignora los compromisos asumidos por el país. Por lo tanto, dicha reforma retrasa de manera importante a México en su transición energética, lo que trae consecuencias comerciales con Estados Unidos y Canadá. Por si fuera poco, la iniciativa promueve la contaminación del medio ambiente, lo cual afecta particularmente a todos los que padecemos de enfermedades respiratorias como el asma.  Durante todo noviembre y diciembre de este año, atestiguaremos una serie de debates en torno a la reforma eléctrica en el Congreso de la Unión, de tal modo que la iniciativa sea aprobada o rechazada por el Poder Legislativo entre noviembre y diciembre de este año. Por el bien de México, nos queda desear y presionar para que los cambios en la ley traigan tarifas más bajas de electricidad, junto con el debido respeto al estado de derecho y al medio ambiente.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Dr. Jose Roberto Balmori, Director de los programas de licenciatura de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México.*

Twitter: @jrbalmori

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

Tradición versus innovación, las dos caras de la empresa familiar
Por

Conservar los valores y las grandes tradiciones, a la vez que transformar la empresa para sobrevivir, ese es el reto de...