El problema de identificación masiva de víctimas en México ha tomado dimensiones de una crisis forense que, hasta hace poco, fue reconocida por el gobierno mexicano. Desde el inicio de la guerra contra el narco, miles de cuerpos no identificados tuvieron como destino cámaras frigoríficas, exhumación, incluso, fosas clandestinas o morgues móviles, como ocurrió en Jalisco en 2018. Sin embargo, a pesar de que los medios de vez en cuando ponen el ojo en la saturación de los servicios médicos forenses en los estados, es la fecha que no se tiene conocimiento de la verdadera magnitud del problema, aunque de manera oficial se cuentan más de 95 mil personas desaparecidas.
De ahí la relevancia del reciente anuncio del Ejecutivo, en la misma semana cuando el grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron un nuevo informe sobre la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
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La Jurisprudencia de la Corte Interamericana ha señalado reiteradamente la obligación de los Estados de respetar y garantizar el derecho a conocer la verdad como una medida de reparación a los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, pero también como un derecho de la sociedad a saber.
Y es que ante la ausencia de respuesta eficaces por parte de los gobiernos federal y estatales se han abierto espacios para el lucro. A finales del año pasado la opinión pública conoció de una amplia investigación periodística, “Traficantes de ADN”, según la cual una empresa usó la información proveniente de las bases de datos de perfiles genéticos en resguardo de la Fiscalía General de la República. La promesa por parte de algún privado de dar respuesta a las familias sobre sus desaparecidos es la puerta a un negocio ampliamente lucrativo.
Falta de infraestructura, personal operativo desbordado, falta de protocolos homologados para la conservación de cadáveres, son algunos de los elementos señalados por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas para explicar el número de personas fallecidas no identificadas.
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Pero la tragedia que representa esta crisis forense entraña una suerte de paradoja. En las últimas décadas, un amplio número de instituciones públicas y privadas han construido robustas bases de datos personales de millones de personas incluida su información biométrica.
El Padrón de Electores al resguardo del INE es, por mucho, la base de datos más amplia y precisa de datos personales de más de 95 millones de personas mayores de edad, incluidas sus huellas dactilares. Un dato que parece olvidado es que desde 2016 se firmó un convenio entre el INE, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la entonces PGR, que permite cotejar la información biométrica del Padrón Electoral con la de cadáveres o restos humanos de personas desaparecidas.
Pese al visible potencial de este Convenio, su alcance se ha visto acotado debido a la incompatibilidad entre los métodos de toma de huellas dactilares entre el INE y otras instituciones, que complican el cotejo de información biométrica[1]. Un ejemplo más de que el diablo está en los detalles, en este caso, en la falta de homologación en los procesos que impiden la interoperabilidad de la información.
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Por la deuda que se tiene con las familias de desaparecidos y con la sociedad mexicana, en términos de justicia y verdad, la propuesta del presidente tendría que instalarse en una estrategia integral que haga posible que las bases de datos biométricas que ya existe al resguardo de diversas instituciones del Estado se hablen entre si.
[1] “Crisis forense en un país de desaparecidos: ¿a dónde mirar?”, Diego García Ricci, Claudia Cote y Maximilian Murck, febrero de 2021, Nexos. Disponible en https://seguridad.nexos.com.mx/crisis-forense-en-un-pais-de-desaparecidos-a-donde-mirar/
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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