Por Lorena Jiménez Salcedo
La revocación de mandato irrumpió de manera casi sorpresiva y contundente en esa larga lista de conceptos políticos de las y los mexicanos. La veíamos muy lejana y quizá no entendíamos, y seguimos sin entender exactamente cuál es el origen y las intenciones de este ejercicio que se presume democrático y que, sin embargo, en el contexto internacional ha resultado un pretexto para que el dirigente en turno promocione su imagen e incluso perpetúe su poder; ahí tenemos el claro ejemplo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, países que no se destacan precisamente por su democracia.
La tan cuestionada revocación de mandato tiene una cita con los ciudadanos el próximo domingo 10 de abril y que, de acuerdo al artículo 35 Constitucional, pondrá en consideración la continuidad o no del presidente López Obrador si se alcanza al menos una participación del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. ¿Recuerdan aquella frase que repitió incansablemente para promover esta figura? “El pueblo pone y el pueblo quita”.
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Muchos consideran este ejercicio un “sinsentido”, pues nadie quiere que el presidente se vaya, a pesar de que algunos no coincidan con su particular forma de gobernar. Asumimos en esta nuestra incipiente democracia, que los presidentes terminen sus seis años de mandato. Se considera un “sinsentido”, especialmente cuando los esfuerzos y el dinero destinado para este fin podría haberse utilizado para temas mucho más urgentes de atender, como los estragos ocasionados por la pandemia, la inseguridad, la violencia, la salud y un largo etcétera.
A todas luces, este ejercicio, no solicitado por el pueblo, parece que tiene como objetivo reforzar la imagen del presidente de cara a las elecciones del 2024. ¿Quién paga los espectaculares de apoyo al presidente en varios puntos del país? ¿Por qué la iniciativa de revocación viene del mismo gobierno y del partido oficial? ¿Para qué convocar una revocación de mandato si la popularidad del presidente goza de buena salud? Al menos así lo destacan diversas encuestas dadas a conocer en días recientes y como ejemplo pongo el estudio realizado por la agencia consultora Poligrama, en la que se menciona que un 66.72% de los mexicanos aprueban la gestión del presidente López Obrador. Seguro que hay más de una respuesta a estas interrogantes.
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El proceso para que la revocación de mandato en nuestro país fuera una realidad se ha visto manchado con la presunta suplantación de firmas, el nulo respeto a la veda electoral y el constante ataque al Instituto Nacional Electoral (INE), una de las instituciones que más ha servido para consolidar la democracia en nuestro país y la cual ha sido severamente cuestionada de manera sistemática y preocupante desde Palacio Nacional.
El debilitamiento o desaparición de este organismo no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia, por ello, será fundamental defender al INE y preservar nuestra democracia.
La revocación de mandato no puede servir de pretexto para realizar una reforma electoral que abiertamente quiere acabar con este instituto que fue el resultado del trabajo de muchos ciudadanos que se cansaron de la opacidad, de los sistemas caídos, de la corrupción y de la impunidad.
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Las alertas deben dispararse cuando el presidente a todas luces pretende tener un organismo a modo que garantice la permanencia en el poder de su grupo político. Anunciar que presentará una iniciativa de reforma electoral para que los magistrados y consejeros del INE sean electos a través del voto popular no hace más que confirmar su sentimiento antidemocrático, aunque diga todo lo contrario. Ya sabemos cómo se arman sus “consultas” y aquí surgen otras preguntas. ¿Cuánto costaría esta nueva consulta? ¿Quiénes serán los candidatos? ¿Quiénes decidirán la inobjetable honestidad de los candidatos?
Eso definitivamente no lo podemos permitir, ya que los funcionarios deben contar con los conocimientos técnicos necesarios y suficientes, así como la experiencia probada para garantizar neutralidad y transparencia en cualquier elección popular. En caso de que esta propuesta de iniciativa sucediera, las semejanzas con Venezuela serían cada vez más temibles.
Yo no seré quien les diga si votar o no votar, es una decisión muy personal. Sin embargo, es importante que se informen y que conozcan a profundidad todo el contexto de la situación. No podemos ser indiferentes y menos ante la amenaza que rodea al INE, que es nuestra última instancia de la democracia. No seamos de memoria corta y recordemos aquellas elecciones de 1988, cuando al ahora director general de la CFE se le cayó el sistema y ganaba la presidencia con muchas dudas Carlos Salinas de Gortari. No regresemos al pasado. Hoy tenemos un compromiso con la democracia, hoy tenemos que defender al INE.
Lorena Jiménez Salcedo, Presidenta del Comité de Federaciones de Coparmex
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
