En el periodo ordinario del Congreso de la Unión que inicia en febrero, el Gobierno federal podría presentar la iniciativa para desaparecer alrededor de 200 órganos autónomos del gobierno, entre los que podrían estar la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que se denominan órganos constitucionales autónomos porque están contemplados -como su nombre lo indica-en la Constitución.
El anuncio ha causado preocupación, así que para serenar a inversionistas, empresarios y defensores de derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iniciará por eliminar los órganos creados por decreto del gobierno federal, para lo cual no requiere una reforma legal.
Si la medida se inscribe dentro de los compromisos de austeridad es un hecho que se reduciría el gasto y evitaría la duplicidad de funciones en algunos casos; además hay empleados -especialmente de confianza- afines a intereses políticos o recomendados del propio ejecutivo federal, lo que les impide ejercer autonomía plena y decidir sin conflicto de interés.
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Sin embargo, el mayor nivel de alerta está en los sectores de telecomunicaciones y energía, donde el riesgo de retroceder a los monopolios, así como el control de precios y tarifas es muy alto, sin considerar la desconfianza que generará entre los inversionistas extranjeros e incluso la posibilidad de controversias internacionales porque dichos órganos están contemplados en el Tratado Estados Unidos México y Canadá (T-MEC).
Para evitar conflictos comerciales con sus socios del norte, el Presidente López Obrador aseguró que se cuidará la interpretación de texto del tratado, pero está pasando por alto que en su intención de cuidar el erario público y fortalecer a las Empresas Productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad) se podría extralimitar.
No debemos olvidar que antes de la existencia de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex y CFE eran jueces y parte, es decir operaban y se autorregulaban, lo cual redundó en vicios, ineficiencia y, en ocasiones, accidentes. No digo que eso se haya acabado con la creación de ambos organismos, pero sí se establecieron las condiciones para asegurar la competencia en el mercado y la supervisión de los participantes en los mercados eléctrico y petrolero.
Si el Ejecutivo Federal ya detectó que los órganos independientes presentan problemas debe hacer una selección de aquellos que sí puedan ser absorbidos por otras dependencias, pero no debe cometer el error de aplicar tijera a todos, sin llevar a cabo un análisis profundo de lo que puede cambiar o ajustar para una mejora. Es más fácil deshacer que construir.
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El Ejecutivo ofrece no eliminar empleos, pero se refiere únicamente a los de base como si eso garantizara eficacia en el trabajo, honestidad y transparencia. Una vez más quiere sacrificar a personal de confianza sin considerar las capacidades y compromiso de servicio de los trabajadores, más allá de su modalidad de contratación.
Por otra parte, la eliminación de los órganos constitucionales autónomos del sector energético supondrá cambios constitucionales, pero también de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático, entre otras.
Viene una reforma compleja y riesgosa para los partidos políticos en medio del escenario electoral de este año y también para mantener los contrapesos a este gobierno al que, parece, le incomodan la transparencia, regulación y rendición de cuentas.
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