Al momento de la redacción de este artículo, la Cámara de Diputados se citaba para debatir el futuro eléctrico de México.

En un entorno de excepcional incertidumbre, y en el que, además, no hay sospechas sobre el posible desenlace de esta importante cita, la reforma eléctrica de AMLO trata de ganar adeptos en sede parlamentaria en tanto en cuanto se escuchan críticas por parte de organizaciones, Gobiernos extranjeros, empresas, así como otros interesados que no desean éxito alguno al presidente. Pues hay que decir que aún es pronto para conocer qué ocurrirá finalmente, pero no lo es tanto para valorar las consecuencias económicas que tendría para el país la aplicación de dicha reforma, así como la consecuente derogación de la reforma de 2013, impulsada entonces por el expresidente Enrique Peña Nieto.

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Hasta la fecha, muchos gobernantes en el país, entre los que se encuentran los miembros de la oposición, se han mostrado contrarios a sacar adelante esta reforma, y parece que serán la mayoría al finalizar la votación. Así, es preciso señalar que se han dado casos en los que algunos diputados han cambiado de bando con el único fin de justificar su “no” a sacar adelante dicha reforma. Y es que hay que decir que si la situación económica de México ya era complicada, esta reforma pretende tensar aun más la situación ante las medidas que pretende impulsar, y hablamos de un precio que no todos los ciudadanos en el país, a diferencia del presidente, están dispuestos a pagar; y hay que decir que con mucha razón.

En esta línea, el Gobierno de los Estados Unidos, Greenpeace, la Cámara de Comercio mexicana, entre otros muchos organismos y organizaciones de todos los sectores se han posicionado y han mostrado sus opiniones sobre la reforma que pretende sacar adelante el presidente López Obrador. Pues la intención del presidente, como suele ocurrir en estos casos, parece buena, pero la realidad de esta reforma, que parte por limitar la participación del sector privado en el mercado eléctrico, es que no solo se presenta como una gran amenaza para la inversión extranjera directa y, por ende, la economía nacional, sino que además, y como manifiestan numerosas organizaciones además de las citadas, también va en contra de la sostenibilidad y el medioambiente, a la vez que pretende encarecer el recibo eléctrico para las familias mexicanas.

En lo que respecta a la inversión extranjera y la amenaza que supone esta reforma, todo se resume señalando que hablamos de México, es decir, un país que soporta gran parte de su economía en el sector exterior.

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La participación de dicho sector en el PIB mexicano en los últimos años ha rozado el 80% del PIB. Además, de ese porcentaje, una gran parte se encuentra supeditada a la relación comercial que mantienen el país azteca, Estados Unidos y Canadá en estos momentos. Para ser más precisos, cerca del 80% de las exportaciones mexicanas acaban en suelo estadounidense. Y hay que señalar que desde el estallido de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, México se erigió como principal socio comercial de la primera potencia económica del mundo, pudiendo verse las consecuencias de esto que cito en los números que ofrece el renovado tratado comercial que ha situado a México como un país líder en los mercados internacionales.

Dicha relación comercial, hoy, se presenta como una de las principales fortalezas con las que cuenta la economía mexicana. Además, desde que la inversión extranjera dejó de llegar a la región, la inversión estadounidense ha ganado mayor relevancia. Y para muestra de ello podemos observar cómo México amortiguó el duro shock que supuso la crisis del Coronavirus para las economías con una respuesta por parte del país que, además de no llegar al 1% del PIB, se posicionó como la más débil de las ofrecidas por el resto de las economías que conforman Latinoamérica. En otras palabras, basta ver los flujos de mercancías entre México y el país anglosajón durante la pandemia para darnos cuenta de que cuando hablamos de comercio, hablamos de uno de los principales motores económicos con los que cuenta el país.

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Si México impulsa esta reforma claramente proteccionista, no solo hablamos de una inseguridad jurídica que, como afirman en Washington DC, mantendría intranquilos a los inversores y empresarios en el país con intereses en tierra azteca, sino que, además, podrían violarse algunas partes del acuerdo comercial citado, poniendo este en peligro con las consecuencias que tendría una ruptura para el país en última instancia. Dicho de otra manera, estamos ante una reforma que ataca de lleno a uno de los principales motores económicos del país, a la vez que espanta a los inversores con aires proteccionistas que van en contra de una globalización que ha beneficiado al país desde que se firmara en 1994 el TLCAN.

Y ello, sin mencionar ese encarecimiento del recibo eléctrico que ya adelantan numerosos organismos, como Coparmex.

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Y si no bastaba con las consecuencias económicas, también podemos decir que hablamos de una reforma que tampoco ha sido avalada en lo que al criterio ambiental se refiere. En este sentido, por apostar por una producción estatal mucho más contaminante que la producida por un sector privado centrado en energías renovables.

En resumen, podemos decir que son pocas las razones para celebrar la aplicación de esta reforma. Aunque hasta el momento debe aceptarse por mayoría en una votación que, a la hora de cerrar este artículo, se le presenta muy difícil.

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